CCD | El Washington Post dedica su editorial de hoy a la posición de la administración de Trump hacia Venezuela. Además del tema de los presos políticos y los derechos humanos, el WP sugiere a Trump reforzar y multiplicar las sanciones relacionadas con los altos niveles de corrupción del régimen de Maduro, en especial, contra los generales involucrados en las irregularidades detectadas con la importación de alimentos, causa principal de la terrible escasez que sufre Venezuela.
Como se sabe, la Asamblea Nacional emitió sendas mociones de censura contra los generales Carlos Osorio y Rodolfo Marco Torres por irregularidades en la importación de alimentos.
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A continuación, el editorial completo con traducción libre de La Patilla:
El sorpresivo apoyo de Trump a Venezuela
El presidente Trump ha mostrado hasta ahora un profundo desinterés, incluso algún desprecio, por la defensa de Estados Unidos de los derechos humanos.
Su secretario de Estado, Rex Tillerson, se negó rotundamente a reconocer los principales delitos cometidos por aliados estadounidenses en países como Filipinas y Arabia Saudita durante su audiencia de confirmación, e incluso, los bien documentados crímenes de guerra cometidos por Rusia y Siria en Alepo. Por lo tanto, es alentador que el presidente y el Departamento de Estado hayan actuado la semana pasada en apoyo de los presos políticos y la democracia en un país donde ambos carecen de apoyo externo: Venezuela.
El Sr. Trump se reunió en la Casa Blanca con Lilian Tintori, la esposa del líder de oposición preso Leopoldo López, y envió un tweet diciendo que debería estar “inmediatamente fuera de la prisión”. El Estado, por fin, abrió el camino para la sanción de dos prominentes venezolanos acusados de narcotráfico, incluido el recién nombrado vicepresidente Tareck El Aissami. El sábado, tercer aniversario del arresto del Sr. López, una declaración del Departamento de Estado expresó “consternación e inquietud” por más de 100 prisioneros políticos, entre ellos el señor López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y pidió “respeto al estado de derecho, la libertad de prensa. . . y la restauración de un proceso democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano”.
Castigar a los corruptos líderes venezolanos y defender a los opositores moderados y no violentos como el Sr. López debería ser una obviedad para Estados Unidos, dada la catastrófica caída de Venezuela, su agenda antiestadounidense y su creciente aislamiento en la región. Pero el gobierno de Obama se resistió a tomar medidas, alegando las negociaciones en curso entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. De hecho, ha sido obvio durante meses que las conversaciones no iban a ninguna parte. La precaución de la administración pudo haber tenido más que ver con evitar ofender al último partidario del régimen -el régimen de Castro en Cuba- con el cual el presidente Barack Obama estaba persiguiendo lo que él veía como una distensión de su legado.
El Sr. Trump, que ha prometido una línea más dura hacia La Habana, no sufre de tal restricción; ni tampoco el Sr. Tillerson, que dirigió ExxonMobil cuando rompió su una vez extensa relación con el país rico en petróleo. Las sanciones impuestas por la semana pasada fueron fáciles de justificar: El Sr. El Aissami ha estado implicado en el tráfico de cocaína desde bases aéreas militares venezolanas y su nombramiento como vicepresidente lo coloca como sucesor para tomar el cargo del Sr. Maduro si éste lo dejare. No es de extrañar que un grupo bipartidista de 34 miembros del Congreso de EEUU instó a Trump este mes a actuar contra el Sr. El Aissami y otros altos funcionarios, que son vulnerables a la acción de los Estados Unidos debido a sus tenencias de bienes raíces y cuentas bancarias en Estados Unidos.
La administración debe seguir con más sanciones, incluso contra generales involucrados en la especulación con la desesperada escasez de alimentos en Venezuela y en el encarcelamiento de líderes de la oposición. Debería cabildear en la Organización de Estados Americanos para la acción contra el régimen de Maduro bajo la Carta Democrática Interamericana. Lo más importante, debe mostrar su compromiso con la defensa de los derechos humanos en naciones que no son tan fáciles de oponerse. Filipinas y Arabia Saudita serían buenos lugares para empezar.
