CCD |Venezuela en la actualidad enfrenta un grave problema pues la separación de poderes es apenas una ilusión. Esto es demostrado por el simple hecho de que hayan presos con boleta de excarcelación, pues refleja la ausencia total de respeto del Poder Ejecutivo sobre lo que decide el Poder Judicial. Esto implica más claramente, que los detenidos en esta situación están privados de libertad de manera ilegal e inconstitucional por las fuerzas policiales, pues sin razón alguna continúan tras las rejas, no importando si un juez ha otorgado una medida sustitutiva, o peor aún, la libertad plena porque la persona es inocente.
En este sentido el desprecio de los órganos policiales por lo ordenado por los jueces no puede ser más evidente.
Por esta razón, familiares de diversos presos políticos acudieron en febrero de este año al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas para denunciar la violación al debido proceso. Presentaron 18 boletas de excarcelación emitidas por el sistema judicial, pero “el régimen no permite la libertad de los detenidos”, manifestó Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad.
En menos de un mes de esa denuncia, se elevó a 21 la cantidad de casos de privados de libertad que tienen una boleta de excarcelación sin cumplir, según el conteo que lleva Foro Penal al respecto.
Y lo peor es que la respuesta oficial ante esto no es más que el silencio.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, aclaró a Acceso a la Justicia que no en todos los casos se trata de presos políticos. “No son todos calificados como presos políticos. Dentro de este grupo están los 14 funcionarios de la Policía de Chacao, por ejemplo. En el caso de los presos políticos están Yon Goicochea, José Vicente García y concretamente uno que teniendo una boleta de excarcelación nunca se le ejecutó que fue Víctor Ugas, un tuitero que está preso por supuestamente estar relacionado con la foto publicada de Robert Serra en la morgue”.
Romero sostuvo que llevarán los casos a instancias internacionales. “Lo hemos denunciado ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo y ahora lo que nos queda y estamos haciendo es una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
La exmagistrada Blanca Rosal Mármol también se pronunció sobre este hecho asegurando que se trata de “la negación absoluta del Estado de derecho”. Ella explicó que una boleta de excarcelación que las autoridades policiales se niega a cumplir es un desacato a una orden judicial. “Además, en el caso de Yon Goicochea el juez fue lo suficientemente cobarde para permitir el cierre del tribunal por más de dos meses, para que así sus abogados no pudieran exigirle que se haga efectivo el cumplimiento de esa orden de excarcelación. Ante esto se ratifica que en Venezuela no hay a quién acudir, no hay instituciones y por eso es que nosotros tenemos que empezar de nuevo con una constituyente originaria”, expuso Mármol.
La abogada Rocío San Miguel, por su parte, lo calificó como una “afrenta a la justicia y a la Constitución”.
Para ella esta situación no solo vulnera el debido proceso y el principio de independencia de poderes, sino que también viola el derecho a la vida. Recalcó que el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, no tiene la potestad de detener, pues por encima está el Poder Judicial.
“Falta de autorización”
Desde el año pasado 14 funcionarios de la Policía del Municipio Chacao se encuentran en la sede del Sebin en El Helicoide, por el caso del asesinato del periodista Ricardo Durán, pese a que tienen boleta de excarcelación, según lo reseña la fundación Venezuela Awareness en su portal web.
“Todos los polichacaos están recluidos en el Sebin desde el 20 de junio y tienen boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016, la cual fue ratificada el día 03 de enero de 2017. Es decir, que están en libertad por orden de un tribunal y cada vez que sus abogados o familiares intentan al menos hablar con algún alguacil, la respuesta es la falta de autorización”, se lee en la página de la organización.
Las investigaciones penales arrojaron que los 14 funcionarios son inocentes, además que la detención de todos fue arbitraria, y a pesar de ello, el Sebin hace caso omiso al Poder Judicial al no otorgarles la libertad después de recibir boleta de excarcelación emanada de un tribunal, “lo cual constituye un delito, al violentar los derechos humanos por impedir la libertad de personas halladas inocentes por los organismos del Estado, y por desacato y usurpación de funciones de otros organismos públicos”, reiteró Venezuela Awareness.
Alfredo Romero, quien lleva el caso de los 14 funcionarios de Polichacao, explicó que al estar vinculados a un caso de asesinato su organización no los califica como presos políticos, porque hay una situación de violencia que no es necesariamente un hecho de carácter político.
“El punto fundamental es que hay una orden de excarcelación de los tribunales que no ha sido ejecutada por el Sebin. Eso representa una violación clara al debido proceso, al derecho a la defensa Para que el juez haya dado la excarcelación tuvo en consideración todos los elementos y en cualquier caso, lo más grave es que el Sebin, que es un órgano del Poder Ejecutivo y de la Vicepresidencia de la República, no está cumpliendo con las órdenes judiciales”.
José Vicente García, un concejal preso
Al concejal por Voluntad Popular en San Cristóbal, José Vicente García, lo detuvieron funcionarios del Sebin, el 18 de octubre de 2016 cuando salía de su residencia ubicada en el sector La Castra. Se dirigía a la sesión del concejo municipal, por supuestamente tener en su posesión uniformes militares y armas explosivas, las cuales según la defensa fueron sembradas por los funcionarios.
García ya se habría dado a conocer desde que hizo una huelga de hambre en compañía del edil Martín Paz en el Vaticano en junio de 2015, para exigir la realización de elecciones parlamentarias.
Hoy es un ejemplo de detención arbitraria, puesto que sin mayores justificaciones fue aprehendido por los funcionarios y además teniendo boleta de excarcelación permanece aún retenido en la sede del Sebin de San Cristóbal.
Yon Goicochea, una espera que desespera
Fue detenido el 29 de agosto de 2016 también por presunto terrorismo. Es un dirigente de Voluntad Popular, quien al igual que García tiene boleta de excarcelación y aún no ha sido liberado.
La detención del activista fue arbitraria, puesto que no cumplió con los parámetros establecidos en la Constitución ni con los suscritos en los tratados de derecho internacional, lo cual fue denunciado desde el inicio por su defensa, entre otras cosas, por ejemplo, porque no fue presentando ante un tribunal dentro del lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución. Se encuentra tras las rejas desde septiembre de 2016.
Víctor Ugas, apresado por una imagen
Otro polémico caso es el de Víctor Ugas, detenido el 13 de octubre de 2014 por presuntamente haber difundido una foto del fallecido diputado Robert Serra en redes sociales.
Su causa fue llevada por la jueza Karla Moreno, quien renunció en febrero de este año a su cargo por presiones del Sebin para condenar a tres productores audiovisuales.
Ugas sigue detenido en El Helicoide pese a que recibió boleta de excarcelación en julio de 2015, la cual no se ejecutó.
Eduardo García, detenido por protestar
El pasado 10 de marzo el tribunal 4º de juicio otorgó la libertad a Eduardo García, quien fue detenido arbitrariamente el 7 de mayo del 2014 tras participar en una cadena humana.
Al salir del Palacio de Justicia funcionarios del Sebin le solicitaron a Eduardo que los acompañara para realizar el procedimiento administrativo de la institución sobre su excarcelación.
Al día de hoy, García está a la expectativa de la orden de libertad del director del Sebin. Por eso el 24 de marzo el departamento legal de Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) interpuso una acción de amparo en contra del Sebin por desacato a una orden judicial en favor de la libertad de Eduardo García.
El caso también está siendo presentado por esa ONG ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Un estado donde la policía decide si acata o no una orden judicial no es un Estado de derecho, y peor aún, un estado en el que la orden de un juez no tiene valor alguno, en ningún caso puede llamarse una democracia.
Fuente: Nota de prensa
