La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó hace tres semanas al Banco Central de Venezuela (BCV) y al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) información relacionada con las empresas de maletín con el fin de investigar y establecer responsabilidades políticas sobre los funcionarios de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que hayan incurrido en delito.
De acuerdo con sus integrantes, aún no han obtenido respuesta de ambas instituciones. Manifestaron que estas acciones están enmarcadas en la lucha contra la corrupción emprendida por el presidente de la República, Nicolás Maduro y el Gobierno nacional.
El diputado Pedro Carreño, jefe de fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), informó a través de su cuenta en Twitter que la comisión que preside “abrirá investigación para establecer responsabilidad a empresas de maletín y funcionarios de Cadivi involucrados”.
En tanto, su colega de la tolda roja, Jesús Montilla, vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría, indicó a este rotativo que en efecto se envió la solicitud al BCV y al Bandes, por lo que esperan una respuesta en los próximos días, para iniciar las “interpelaciones” correspondientes.
“Se aprobó en la Comisión por unanimidad abrir una investigación sobre la denuncia pública que hizo el ministro Jorge Giordani y otros funcionarios del alto Gobierno en cuanto al sistema Sitme en la asignación de divisas”, afirmó Montilla, aunque agregó que están trabajando “ajustadamente por el tema electoral”.
Recordemos que la expresidenta del BCV, Edmée Betancourt, señaló a principios de este año, que unos 20 mil millones de dólares otorgados a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) —mecanismo eliminado en febrero— correspondieron a una especie de “demanda artificial” no asociada a actividades de producción.
“En la interferencia del año pasado, solamente en dañarnos la economía y llegar nuevamente eso que vino por el mercado negro y toda esta cosa, se pasaron entre 15 mil y 20 mil millones de dólares”, sostuvo Betancourt.
El legislador Richard Arteaga, electo por Primero Justicia, otro de los integrantes de la Comisión consultados, reiteró que aún no han recibido respuesta por parte de las instituciones antes mencionadas.
Arteaga resalta que aún cuando las declaraciones del ministro Giordani fueron públicas así como las de Betancourt, la Fiscalía General de la República ni la Contraloría han iniciado las investigaciones en torno al caso, de ahí la acción tomada por esta instancia adscrita al Parlamento.
“Este caso es clave, la corrupción en este país está en el sistema cambiario, hay que investigar a todas las empresas a las que el Gobierno les ha otorgado recursos y a los funcionarios involucrados en la adjudicación de estas divisas a estas empresas de maletín, se deben tomar acciones jurídicas y penales”, enfatizó Arteaga.
Se espera que la próxima semana la Comisión Permanente de Contraloría, que tiene cuatro semanas sin llevar a cabo la reunión ordinaria de los días miércoles, convoque a sus 15 diputados integrantes para conocer el estatus de la solicitud de información realizada hace un mes.
