CCD | La distribución de alimentos bajo el modelo impuesto por el régimen, abre la puerta a nuevos tipos de corrupción. Al sobreprecio en la importación – denunciado innumerables veces – se suman el desvío de bolsas y cajas, separación de los contenidos, obligación de adquirir combos. Las irregularidades se agregan a una cadena de distribución llena de fugas y de coimas, denuncia la nota de la Revista Climax.
Ana Torres nunca ha estado en lista alguna para recibir la caja o bolsa que administran y entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Torres vive en El Paraíso y desde un principio dio por descontado que no iba a recibirla porque en su zona son considerados “gente de oposición”, según ella misma explica. La única vez que pudo obtener los productos subsidiados por el Estado fue porque la recepcionista de la empresa en la que trabaja le ofreció una bolsa que la joven podía conseguirle: “A otro precio, no el regulado”, comenta.
El ofrecimiento fue hace dos meses y pagó 35 mil bolívares por los productos de manufactura mexicana que oficialmente empacados cuestan 11.000 bolívares. De los productos regulados que necesitaba solo tenía harina de maíz nixtamalizado –maíz cocido con cal para hacer tamales y tacos–, pasta corta, azúcar, caraotas y arroz. La leche en polvo, que fue una de sus principales razones para pagar el sobreprecio de hasta 300%, no llegó. “No sé si la caja original la traía pero yo no la recibí. A mí me entregaron todo lo demás en dos bolsas marrones como de mercado”.
Esa fue la única vez que pudo comprar de esta manera. Aunque la joven sigue trabajando en el mismo sitio y en esa oportunidad le vendió a cuatro personas más, desde ese momento asegura que no ha podido conseguir más bolsas y que “no tiene el contacto” que se las suministraba. Torres intentó preguntarle más señas pero la joven se limitó a decir que era un conocido que trabajaba en La Yaguara, uno de los principales centros de distribución del Clap en el Área Metropolitana de Caracas.
El reempaque de la caja Clap es un factor común en las denuncias recibidas sobre el bachaqueo de los productos que contiene. Hace un mes, Silvana Durán también pudo comprar los productos de la caja Clap pero se los entregaron en una bolsa negra. Según su descripción, y al compararla con la caja recibida por personas que pertenecen a una lista de distribución, el paquete que le vendieron en 50.000 bolívares contenía todos los productos y la cantidad de empaques que son embalados originalmente en la caja de cartón que lleva el sello Clap, el logo del Gobierno Bolivariano y los rostros del fallecido presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Esta vez la oferta llegó a través de un motorizado conocido que tenía varias bolsas armadas para la venta y le ofreció una en cinco veces el valor original del precio. “Esas las consigo yo por un pana que las distribuye. Cuestan 11 pero yo las vendo en 50. Y tampoco le gano mucho porque es una cadena y cada quien saca su tajada”, cuenta el proveedor, sin identificarse.
Las denuncias se multiplican en diferentes comunidades porque el bachaqueo toma distintas formas. En La Vega, por ejemplo, tres familias denunciaron que en junio los sacaron de las listas de distribución aunque habían recibido la caja desde febrero. “Nos dijeron que somos escuálidos y que no íbamos a recibir más las cajas pero una de mis vecinas habló con la persona encargada del consejo comunal y él le dijo que si le daban alguito nos volvía a meter en la lista. Pagamos entre todos porque tenemos niños pequeños y no podemos costear los precios de la comida en la calle. Un arroz nada más lo consigues en 13.000 bolívares y eso me dura como mucho una semana”, cuenta una joven que prefirió reservar su nombre. “Aquí hacen desastres pero uno no puede denunciar porque te va peor”.
La denuncia se reitera en diferentes casos pero el silencio se impone porque lo que está en juego es la comida. “Antes peleaba con los del consejo comunal y ellos saben que yo sí apoyé la revolución por muchos años pero cuando las cosas se hacen mal hay que decirlo. Pero lo que me gané fue una cantidad de enemigos y que a mi hija y a mí nos sacaran de la lista de entrega. Somos dos familias, mi hija tiene dos niños pequeños, más una sobrina que vive con ella. Y en mi casa somos cinco y tenemos dos meses que no recibimos la caja sin ninguna explicación”, narra Eleidy, vecina de Carapita.
El 3 de julio pasado, hubo una gran protesta en Sanare, estado Lara, en la cual los habitantes del poblado acusaron al alcalde Alfredo Orozco de tener “una mafia con los Clap”. Según reporte de El Informador, los vecinos denunciaron que “le han puesto la mano a todos los alimentos Polar y ni siquiera es para llevárselos al pueblo sino para revenderlos o entregan las bolsas solo a los suyos”. La manifestación se desarrolló frente a un comando de la Guardia Nacional y terminó con el compromiso de revisar los señalamientos populares. Entretanto, se pidió al Gobierno Nacional “que sea desactivado los CLAP en el municipio y la venta de productos vuelva a ser de manera directa en cada establecimiento”, según el rotativo larense.
Antes, en febrero, el diario Primicia reflejaba una denuncia del estado Bolívar: el Clap la Zurda de Chávez del sector San Rafael de la capital regional ofrecía pacas de arroz y harina, no entregaba la mercancía a las familias que ya habían desembolsado el dinero. “Sospechan que seis de los 22 representantes del Clap utilizan el dinero de los vecinos para invertir y sacar ganancias”, publicó el medio. “Vender por pacas está prohibido porque Freddy Bernal claramente dijo que eso se presta para el bachaqueo en la comunidad”, aseguran afirmó un vecino.
Corrupción en escala
Desde 2016, cuando el entonces ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres anunció que 70% de la comida sería distribuida a través de este mecanismo, el bachaqueo en la calle a través de la venta de buhoneros se multiplicó con la poca oferta que se encontraba regulada en los supermercados. Pero desde principios de 2017, los comercios comenzaron a llenar sus anaqueles con productos importados que cuestan cinco y seis veces más del precio “justo” establecido por los controles del gobierno. La venta de alimentos bachaqueados se mudó al nuevo sistema.
La diputada Olivia Lozano tiene más de un año investigando varios tipos de manejos corruptos en la distribución de los Clap, los que llama “bachaqueo legalizado”. Lozano tiene registros de las denuncias presentadas por las comunidades de la situación que ocurre desde el año pasado en las alcaldías de los municipios Sucre y Cedeño del estado Bolívar, donde los alcaldes Igor y Amelia Falcón –quienes además son hermanos- son los que administran y venden los productos directamente en las oficinas municipales. La parlamentaria explicó que las mismas autoridades municipales eliminaron establecimientos de Mercal y Pdval para convertirlos en mercados controlados por la alcaldía.
Una de las denuncias presentadas por Lozano apunta directamente al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ya que la parlamentaria tiene conocimiento de la existencia de un galpón en el kilómetro 88 de la zona de Las Claritas, en la población de El Callao, donde llegan los productos que deben venderse en los distintos establecimientos comerciales pero que en su lugar son desviados a este centro de acopio para venderlos a la comunidad, con sobreprecio.
En Catia, los vecinos que han sido excluidos de las listas de distribución han intentado conformar sus propios consejos comunales para incorporarse al sistema de entregas y las trabas las han encontrado en los organismos oficiales que deben validarlos, como Fundacomunal o Ministerio de las Comunas, por ejemplo, encargados de la certificación de sus requisitos para organizarse y como no terminan de concretar ese proceso inicial, entonces no tienen capacidad de avanzar para conformarse como un nuevo Clap y atender a las comunidades que quedan por fuera, en especial las que no demuestran “lealtad con la Revolución”.
“Nos presionan porque se trata de la comida y con eso están manipulando. Nadie quiere pagar chantaje ni sobreprecio por algo tan necesario como el alimento, por eso cuando el gobierno dice que ha entregado 1.000 cajas de Clap hay que sacar la cuenta de los otros 5.000 que nos quedamos por fuera y tenemos que buscar la comida de la casa como sea”, dice una vecina de Catia que evita dar su nombre, así como otros tantos que pueden contar decenas de denuncias cercanas pero prefieren protegerse de los diferentes mecanismos de presión que se han instalado dentro de sus propias comunidades.
El diputado Carlos Paparoni dijo en junio que la Asamblea Nacional investiga indicios de corrupción en el programa social. Explicó entonces que la empresas Postar, “compañía fantasma” de Samarck López en Barbados, pone un sobreprecio en las cajas de alimentos de 7 dólares. “En México la caja cuesta $11 cada una. Postar dice que cuestan 18 dólares. Así se han hecho millonarios”, acusó.
La lotería
La distribución y los precios de la caja Clap varían según la zona y el momento. En zonas residenciales de edificios como Catia, Caricuao o incluso el centro de la ciudad las cajas tardan en ser entregadas entre 30 a 45 días –a pesar de que la oferta del presidente Maduro era que sería entregada cada 15 días- y hasta julio el precio de pago por caja era de 11.000 bolívares. Pero a ese costo se le suma a cada persona un precio extra por transporte y en algunos casos por “logística”, lo que redondea la cifra en un monto de 15.000 bolívares que se pagan por adelantado y en efectivo a los representantes del consejo comunal o los miembros de la estructura organizativa del gobierno que haga la entrega (UbCh, Frente Francisco de Miranda, comunas, instituciones y ministerios).
Pero en La Vega, por ejemplo, las familias pagaron el monto hace 50 días de la caja correspondiente a julio y hasta el momento no ha sido entregada.“Nos dijeron que iban a revisar quiénes votaron (en la Constituyente) y quién no para ver si la entregaban pero ya nosotros pagamos”, cuenta una joven de la zona colonial de esa parroquia que vive con su mamá, un hermano y tres hijos.
En Caricuao también han recibido “versiones engordadas” de la caja Clap para aumentar el costo: “Hace dos meses nos vendieron una bolsa sellada a 41.000 bolívares porque traía otras cosas que no son productos de primera necesidad pero no podías comprar una cosa sin la otra. Para tener las harinas (de maíz) tuvimos que comprar productos como salsa de soya, salsa inglesa y de ajo, un empaque de algo que se llama harina láctea y sin embargo no tenía leche en polvo, traía más lentejas que arroz y unas pastinas como para bebés para poder tener la pasta larga”, cuenta Antonio R., habitante de la UD-4.
En todo este esquema, el filtro más reciente en incorporarse fue la votación del proceso constituyente. En San Agustín del Sur, miembros del consejo comunal encargado de la entrega de la caja Clap, visitaron días antes del proceso del 30 de julio, las casas de la zona a la cual le corresponde la distribución para verificar si las personas iban a votar o no. “Yo respondí que no sabía (si quería votar) y la respuesta fue que mejor lo hiciera porque ellos iban a verificar a quienes participaron y si no estaba nos iban a sacar de la lista. La verdad me asusté mucho porque esto es una ayuda que necesito porque en mi familia no tenemos manera de comprar la comida en los precios que se consiguen en la calle”, cuenta una habitante del sector que reservó su nombre.
Su miedo no es infundado. La diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado es de 10.433,5%, según la última medición de julio del Centro de Documentación y Análisis (Cendas). Ese informe, el más reciente, ubica el precio de la Canasta Alimentaria Familiar en 1.443.634,25 bolívares, 17,4% más que el dato de apenas un mes antes. En total, se requieren 14,1 salarios mínimos (97.531,56 bolívares) para poder adquirir la canasta, referida a una familia de cinco miembros. Es decir, 48.121,14 bolívares diarios.
Fuente: Revista Climax
