CCD | En dos meses un expediente con los crímenes de Nicolás Maduro tocará las puertas de la Corte Penal Internacional. El papel de la derrocada fiscal, desde Colombia, será clave para llevar al régimen venezolano ante los tribunales del mundo, sostiene la revista colombiana Semana.
La fiscal Luisa Ortega huyó de Venezuela con el agua al cuello, pero logró llegar a Colombia con un cúmulo de información que –apenas con los primeros datos– ya está ocasionando un tsunami en la región. Su fuga fue simplemente espectacular.
Quien fue una de las mujeres más cercanas al desaparecido Hugo Chávez y fiscal general desde 2007, acompañada de su esposo y dos funcionarios, puso en una lancha rápida un par de maletas y navegó por tres horas desde la península de Paraguaná hasta Aruba. Allí, en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, los aguardaban dos pilotos colombianos a bordo de un chárter privado. Tras decolar, la nave voló hacia el norte para luego virar al occidente y, finalmente, tomar ruta hacia al sur. Fue un trayecto en parábola con el propósito de no ingresar a cielo venezolano. A las 3:30 de la tarde del viernes 18 de agosto, la nave aterrizó en Bogotá.
La llegada de Ortega y sus primeros días en Colombia estuvieron marcados por el secretismo y el silencio. Lo último que se sabía de ella era su breve intervención, vía telefónica, en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina que se celebró en Puebla, México. Ortega, a quien la Asamblea Constituyente oficialista que rige Venezuela apartó del cargo el 5 de agosto, se dirigió a “mis hermanos fiscales”, para denunciar que la policía política había tomado las instalaciones del Ministerio Público; aseguró que 64 fiscales –siendo ella la primera– sufrían persecución y que el gobierno de Maduro les había prohibido salir del país. “Todo esto por las investigaciones de Odebrecht que involucran al señor Maduro y a su entorno. Eso los tiene muy preocupados”, recalcó. Nadie imaginaba que al tiempo que sus palabras hacían noticia, ella estaba llevando a cabo su plan de fuga.
El lunes el secretismo se rompió con un breve y categórico trino del presidente Santos: “La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos”. Con eso bastó para que se armara la de Troya. La cúpula del gobierno venezolano reaccionó con vehemencia y un primer efecto de la acogida a Ortega es que se ahondó el abismo en las relaciones bilaterales. “Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz de Venezuela. Vergüenza histórica del Caín de América”, aseguró el canciller del vecino país, Jorge Arreaza. El funcionario calificó de cínica la decisión de Santos y recordó que no era la primera vez, pues desde 2002 Colombia protege a Pedro Carmona, jefe del fallido golpe contra Hugo Chávez. Por su parte, el ex defensor del pueblo Tarek William Saab, quien asumió la Fiscalía por mandato de la Asamblea Constituyente, calificó de repugnante y ofensiva la decisión. El vicepresidente Diosdado Cabello, al responder el trino de Santos, fue más irónico, pero no menos venenoso: “Te la regalamos. Te vas a llevar una joya. Es más: nómbrala fiscal”.
Mientras las virulentas reacciones del régimen de Maduro eran la comidilla política, trascendió que Ortega y Santos se habían reunido en privado. A partir de esta reunión se especuló que en cosa de horas la fiscal iría a Washington y que desde allá expondría las pruebas para demostrar la corrupción del presidente de Venezuela y su séquito. Pero Ortega sorprendió una vez más. Efectivamente tomó un vuelo, pero con destino a Brasil. Apareció como invitada estelar en la reunión de fiscales del Mercosur, y su intervención produjo el primer conato de crisis regional.
Ortega insistió en que el caso de Odebrecht en su país era de proporciones insospechadas y que comprometía a la cúpula del gobierno, empezando por Maduro. Por los documentos desclasificados en Estados Unidos sobre el escándalo, se sabía que las coimas pagadas en Caracas eran del orden de 98 millones de dólares. Pero Ortega aseguró: “En Venezuela se pagaron 300.000 millones de dólares por las obras de Odebrecht”. Sin embargo, la fiscal no avanzó más al respecto y saltó a otros escándalos. Sostuvo, por ejemplo, que el presidente de Venezuela y el empresario barranquillero Álex Saab son propietarios de la firma Group Grand Limited, con la que controlan en forma amañada el multimillonario negocio de la asistencia alimentaria que provee el Estado a cerca de 6 millones de hogares venezolanos. Del tinglado también haría parte Tarek William Saab, quien tendría familiaridad con el empresario colombiano. Este fue el primero en rechazar la acusación y anunció una demanda contra Ortega.
Respecto al vicepresidente Diosdado Cabello, la fiscal aseguró que recibió 100 millones de dólares por medio de la empresa española TSE Arietis. La suma, que incluso suena desproporcionada para críticos del régimen, se habría triangulado a través de dos primos del vicepresidente de Venezuela, Alfredo Campos Cabello y Gerson Jesús Campos Cabello. Finalmente, la fiscal dijo que sabía que el impuesto fiscal Saab ya había destruido los expedientes que reposaban en Caracas, pero que ella poseía copias certificadas de todo y que las entregaría a la Justicia de Estados Unidos, Colombia y España.
A las afirmaciones de la depuesta fiscal desde Brasil, respondió de inmediato el gobierno de Maduro. El presidente venezolano decidió sacar del aire, inmediatamente, a los canales colombianos RCN y Caracol Televisión, y, por otra parte, aseguró que solicitaría la captura de Luisa Ortega mediante una circular roja de la Interpol.
A su vez, desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio los primeros pasos de la nueva estrategia continental para hacerle frente al régimen de Maduro. La OEA comisionó a Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, para que en un breve plazo –dos meses: septiembre y octubre– recaude evidencias sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados sistemáticamente en Venezuela. El informe que elaborará Moreno será trasladado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y al Consejo Permanente de la OEA, para que esas instancias estudien la apertura formal de juicios contra el régimen de Maduro.
El gobierno de Venezuela también será presionado con el destape de su corrupción en escenarios internacionales. La OEA activó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic). El procurador general, Fernando Carrillo, cree que los regímenes de Pinochet en Chile, Fujimori en Perú así como Lula Da Silva en Brasil hicieron agua cuando el mundo probó que eran máquinas de corrupción. “La dictadura de Nicolás Maduro también caerá cuando se logre armarle un caso internacional por sus crímenes de lesa humanidad, y por tener a Odebrecht como motor del socialismo del siglo XXI”, asegura.
La fiscal Ortega regresó a Colombia el jueves, y estará en el país mientras determina en qué condiciones puede ir a Washington para entregar a la Justicia de Estados Unidos las pruebas contra Maduro. Ya sea allá o acá, se anticipa que pronto se reunirá con Moreno Ocampo y con la comisión de la OEA para documentar un jugoso expediente internacional contra el presidente venezolano. Y eso explica su furia renovada contra el gobierno de Colombia.
Fuente: Revista Semana
