CCD Maduro se ofrece a Trump como aliado para luchar contra el narcotráfico, pero el último informe del Departamento de Estado señala a los gobiernos venezolano y boliviano de tener los peores desempeños para enfrentar este problema: “no hacen lo suficiente para reducir el tránsito de estupefacientes en su territorio”, revela la DEA.
Nicolás Maduro se ofreció el viernes pasado a ayudar a Donald Trump a combatir el narcotráfico, intentando desconocer el alcance de las acusaciones hechas por Washington a los principales aliados políticos del régimen de Maduro por manejo de narcóticos ilegales.
Trump ha sancionado a 29 funcionarios en 8 meses, incluyendo 22 civiles y 7 militares, entre ellos a Maduro, en algunos casos por violación de derechos en las protestas, y en otras por denuncias sobre colaboración en el traslado de estupefacientes desde la vecina Colombia hacia América del Norte.
Pero en la lista negra del Departamento del Tesoro se encuentran incluidos el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro del Interior, Néstor Reverol. Las denuncias están acompañadas de pruebas aportadas por testigos que participaron en el entorno del gobierno y que decidieron ponerse a la orden de las autoridades norteamericanas luego de temer por sus vidas en Venezuela.
Maduro catalogó las acusaciones como una campaña de desprestigio y pidió a los Estados Unidos hacer más para reducir el consumo de drogas. En la alocución del viernes pasado Maduro aseguró que Venezuela lleva adelante sus propias experiencias de lucha contra el narcotráfico.
“Presidente Trump, si realmente quiere luchar contra el narcotráfico que ha destruido a los jóvenes de EE. UU y llenado el país con drogas de Colombia, tiene un aliado en mí”, dijo Maduro en la transmisión televisiva. “Venga a conocer nuestra experiencia, podemos unir fuerzas”, agregó.
En el 2005 Chávez expulsó a la agencia anti-narcóticos norteamericana, DEA por sus siglas en inglés, argumentando que Venezuela era víctima del narcotráfico porque se encontraba en medio de la ruta entre el mayor productor de cocaína, Colombia, y su principal mercado, Estados Unidos.
Sin embargo en el último informe presentado por el Departamento de Estado en marzo del 2017, Washington denunció que Venezuela y Bolivia no hacían lo suficiente para reducir el tránsito de estupefacientes en su territorio, y acusó a ambos países de haberse convertido en un puente para el transporte de drogas ilícitas a Centroamérica y Norteamérica, así como a países de Africa occidental, desde donde luego es trasladada a Europa.
El informe de la DEA revela que los países gobernados por Evo Morales y Nicolás Maduro son los que más fracasaron en esa materia.
Maduro ha criticado reiteradamente a Trump por las sanciones contra Venezuela, que van desde restricciones a que los bancos estadounidenses compren deuda recién emitida hasta impedimento a que ciudadanos estadounidenses tengan tratos comerciales con individuos específicos de su gobierno.
Maduro, quien se encuentra en la lista de sancionados por los EE. UU, señaló que en el pasado solicitó reuniones con Trump. La Casa Blanca respondió a una de estas súplicas este año al decir que se reunirá con el presidente de Venezuela cuando el país regrese a la democracia.
El gobierno de Trump junto a casi la totalidad de los gobiernos Latinoamericanos y de Europa se mantienen críticos a la decisión de Maduro de crear una poderosa entidad supraconstitucional por encima del resto de los poderes que dejaron de ser autónomos y que deben sumisión a una Asamblea Constituyente, integrada en un 100 % a adeptos del oficialismo.
La ANC fue impuesta el pasado 30 de julio en unas elecciones no universales, donde tampoco fue consultado el soberano sobre su acuerdo con respecto a esta medida. La oposición y la comunidad internacional catalogaron ese movimiento como la consolidación de una dictadura por parte del gobierno de Maduro.
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