CCD La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin fecha límite, la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP). De esta manera, gremialistas, jueces, empresarios, funcionarios y diplomáticos extranjeros serán objeto de controles en sus operaciones financieras, aun después de dejar sus funciones.
Actualmente, la resolución vigente indica que el Estado mantendrá los recaudos sobre las transacciones realizadas «no sólo durante el ejercicio de un cargo público sino también en los dos años posteriores al cese de la función». La novedad es que el titular de la UIF, Mariano Federici, publicará una resolución que elimina ese límite de dos años posteriores al cese de la función.
«Si seguís como asesor político o ponés una consultora política después de tu función, podés seguir siendo PEP. En cambio, si después de tu cargo te vas a una empresa privada a trabajar a Japón, podrías quedar excluido a los dos años», explicó Federici. La decisión de mantener la categoría de PEP será definida por las entidades financieras, pero «supervisadas por la UIF», agregó.
El Gobierno toma esta decisión justo cuando sindicalistas como el secretario general de Soeme, Marcelo Balcedo; ex funcionarios como el secretario de Obras Públicas, José López; y empresarios como Lázaro Báez y Cristobal López, atraviesan la prisión preventiva mientras los investigan por presunto lavado de dinero. Y actualmente hay más protagonistas, opositores al Gobierno, que están en la mira de la Justicia, con base en informes de entes como la UIF. Tal es el caso del titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, y el secretario general de Suterh, Víctor Santa María, investigados por lavado.
Con esta nueva norma, el Estado tendrá más herramientas para poner bajo la lupa a los actores más poderosos del país. Más allá de la lectura política, en el Gobierno buscan mostrar hacia fuera que habrá normas institucionales más severas contra la corrupción. De ahí que la UIF trabajó de cerca en el Congreso para que se apruebe la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Esta es una norma que exige la OCDE a los países que quieren unirse a la organización, tal como se propuso el gobierno de Mauricio Macri.
Por otra parte, Federici comentó que su gestión adoptará un nuevo enfoque, basado en «riesgos». El titular de la UIF sostuvo que esta norma «va a permitir a las entidades financieras y cambiarias concentrar el esfuerzo en donde están los riesgos y poner el acento central en los riesgos que son mayores como es el caso de las PEP, en la zona de fronteras y los que se dediquen a actividades como el juego».
En línea con el gobierno de Macri, que practica la apertura a la gobernanza global, Federici adopta las normas que justamente recomienda el GAFI. El titular de la UIF toma como referencia los papers que publica un think tank británico especializado en temas de defensa y seguridad, que se llama RUSI. Uno de sus últimos estudios advierte que entre el 80% y 90% de los Reportes de Operaciones Sopechosas (ROS) que emiten las entidades privadas «no aportan valores operacionales» para las investigaciones.
De ahí que Federici apuesta a este enfoque basado en riesgos y además incluyó medidas en el último megadecreto de la Casa Rosada que facilitan el intercambio de información con las entidades privadas. Con estas políticas, la UIF responde a los compromisos para desarrollar una alianza de cooperación público-privada para compartir información financiera, que firmó Federici en 2016, en la cumbre anticorrupción de Londres.
Con información de El Cronista
