CCD La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) denunció hoy continuas presiones por parte de miembros del Gobierno de Petró Poroshenko y autoridades judiciales del país durante sus investigaciones de casos de corrupción política.
«En la segunda mitad de 2017 representantes del Gobierno y de organismos judiciales hicieron todo lo posible para destruir la Oficina y destituir a los dirigentes de sus puestos. A pesar de ello, tengo el honor de presentar este informe», dijo el director de NABU, Artem Sytnyk, en una rueda de prensa en Kiev.
Sytnyk consideró que estas presiones son una muestra de que su oficina «funciona y cuenta con el apoyo de la sociedad ucraniana», así como de sus socios internacionales.
«La resistencia (de las autoridades) crece con cada nueva investigación, pero nos mantendremos hasta el final y estamos listos para continuar haciendo nuestro trabajo», afirmó.
El pasado diciembre el Departamento de Estado de EE.UU. expresó al Gobierno ucraniano su preocupación por acciones como el arresto de funcionarios de NABU, la confiscación de archivos confidenciales y la interrupción de una investigación de corrupción de alto nivel por la Fiscalía ucraniana.
«Estas acciones socavan la confianza pública y corren el riesgo de erosionar el apoyo internacional para Ucrania», señaló en un comunicado.
NABU, creada en 2014 bajo el auspicio del Fondo Monetario Internacional y financiada por la Unión Europea y Estados Unidos, ha investigado en los últimos dos años a más de 300 personas por casos de corrupción de Estado, en relación con los cuales 173 individuos fueron llevados ante los tribunales.
Durante la presentación del informe, Sytnyk explicó que la oficina ya gestiona más de 608.000 millones de grivnas (unos 22.400 millones de dólares) en confiscación de bienes.
Asimismo, en los últimos dos años NABU consiguió evitar el robo de más de 2.000 millones de grivnas (73.000 millones de dólares) del presupuesto público, la mayor parte de los cuales procede del sector energético.
Por otro lado, el director subrayó que la corrupción en la política ucraniana «no tiene fronteras» y destacó cinco países europeos con los que mantiene contactos en materia de asistencia legal.
«Letonia, Chipre, Austria, el Reino Unido y Suiza son los países en los que funcionarios corruptos ucranianos dejaron su huella y con los que NABU ha contactado con mayor frecuencia», aseguró Sytnyk.