CCD A dos años de creada la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional para explotar los recursos de un territorio que abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados al sur del Orinoco, han aumentado la deforestación y la contaminación en una región que concentra la mayor cantidad de áreas nacionales protegidas, una invaluable biodiversidad y la cuenca que garanti
En el argot minero venezolano la bulla se refiere al eufórico momento en el que se descubre una veta de oro, hallazgo que tiene efecto de llamada para cientos o tal vez miles de personas, ávidas de sumarse a la explotación del mineral. El término le sirve al ex senador Alexander Luzardo para describir las secuelas que, sobre los territorios al sur del Orinoco, ha dejado la decisión del gobierno de crear en el estado Bolívar una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de 111.846,70 kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, una extensión mayor que la de países como Cuba, Islandia y Corea del Sur.
“Con el Arco Minero, el gobierno decretó una bulla”, señala el experto sobre el controvertido decreto 2.248, de cuya publicación, en Gaceta Oficial N° 40.855, se cumplieron dos años ayer. El poder de seducción que ha tenido la medida gubernamental es sin duda similar a la excitación que entre los mineros puede causar el hallazgo de pepitas del metal dorado. Luzardo, que fue redactor de las normas ambientales de la Constitución de 1999, considera que no hay novedad, se trata del efecto “de la ilusión hiperrentista que conduce a un delirio, detrás del cual siempre está la idea del premio y de la salida providencial”.
La atracción a la que se refiere no se tradujo, sin embargo, en la concreción de las masivas ofertas de inversiones de las 150 empresas que en principio el gobierno aseguró que competirían por concesiones en el territorio.
Vilisa Morón, presidente de la Sociedad Venezolana de Ecología, señala que si bien la explotación a escala industrial sigue siendo un espejismo, lo que sí ha impulsado el decreto, en cambio, es la proliferación incontrolada de la pequeña minería.
“Se suponía que había la intención de instalar un mecanismo para regular lo que estaba siendo extraído por la minería informal, pero no hay tal vigilancia y no solo se está produciendo una extracción ilícita, sino que tampoco hay un control ambiental ni una obligación de reparar zonas que están siendo deforestadas”, señala.
La presión sobre uno de los territorios que concentra la mayor cantidad de áreas protegidas de Venezuela ha sido una preocupación central para los ambientalistas desde la aprobación del decreto, aunque ha pasado a segundo término en medio de los escándalos que han rodeado la firma de contratos para la explotación del territorio y de la violencia que se ha desatado en el estado Bolívar.
Basta recordar que la entidad posee la mayor cantidad de áreas bajo régimen especial en Venezuela, entre ellas los 3 millones de hectáreas del parque nacional Canaima, los 7,5 millones de hectáreas del parque nacional el Caura –formalizado en 2016, luego de la lluvia de ácidas críticas contra la política minera gubernamental– y las 5 millones de hectáreas de la reserva forestal de Imataca.
La comisión mixta creada por la Asamblea Nacional para estudiar el impacto del Arco Minero, que presentó sus conclusiones en diciembre en la plenaria del Parlamento, concluyó que una de las consecuencias del decreto fue precisamente que aumentó la fragilidad de las zonas protegidas, donde, de hecho, incursiones mineras ilegales, que han sido documentadas.
“Todas las áreas bajo régimen de administración especial del sur del Orinoco, tales como los parques nacionales, monumentos naturales como los tepuyes, reservas forestales, zonas protectoras, del Estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, se encuentran amenazadas por las distintas formas de minería, incluyendo las denominadas legales o legalizadas”, dice el texto aprobado por la AN.
Historia tortuosa. En 2011 el presidente Hugo Chávez dio a conocer el proyecto de desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero de Guayana, que cinco años después el gobierno de Nicolás Maduro concretaría mediante la polémica disposición en la que también se delimitaron cuatro áreas para la explotación de oro y coltán, los dos minerales que se han llevado el protagonismo informativo desde entonces, pero también de diamante, bauxita, cobre, dolomita, hierro, caolín y tierras raras.
El 14 de junio de 2016 la AN desconoció el decreto con el argumento de que fue aprobado sin consulta y sin autorización legislativa, y calificó de ilegales las concesiones que pretendían darse bajo su amparo.
Eso no impidió que el 5 de agosto de ese año el Ejecutivo anunciara la firma de una serie de acuerdos por 4,5 millones de dólares con empresas nacionales e internacionales, entre ellos un contrato con la Corporación Faoz para la explotación de yacimientos de tantalio y niobio, y la constitución de una empresa mixta con la compañía Gold Reserve –paradójicamente, expulsada por Chávez en 2009, lo que trajo una multimillonaria demanda que Venezuela perdió– para actividades de exploración y explotación de oro y cobre en la mina Las Brisas y Las Cristinas, en el municipio Sifontes.
En septiembre de 2016 se autorizó la creación de la empresa mixta Siembra Minera, constituida por la Corporación Venezolana de Minería y GR Mining de Barbados, y a finales de ese año también se anunció que, como parte del motor minero, se invertirían más de 4 millardos de dólares en la zona y se instalarían, con alianzas internacionales, 3 empresas mixtas para explotación del coltán.
Los anuncios de esas inversiones han estado rodeados por cuestionamientos acerca de la naturaleza de las empresas que han estado involucradas y por la opacidad con la que desarrollan los proyectos. “El principal problema, apartando el carácter inconstitucional y la ilegalidad que ha rodeado la ejecución del decreto, porque nunca se han seguido los canales regulares, ha sido la falta de acceso a los datos sobre lo que en realidad está pasando en la zona”, señala Morón. “Se supone que para todos estos planes deberían existir estudios de impacto ambiental, que además deberían estar disponibles para su consulta pública”.
A finales del año pasado, Maduro anunció la delimitación de 23 áreas para uso minero en una extensión de 3.409 kilómetros cuadrados, 3% del territorio del Arco Minero; 22 de ellas están destinadas a la explotación de oro y una a la de diamantes. La resolución fue publicada en laGaceta Oficial 41.329, del 26 de enero pasado, junto con el decreto 3.189, que transfiere a la Corporación Venezolana de Minería y a la Empresa Nacional Aurífera el derecho de desarrollar la explotación de oro y minerales estratégicos en esas comunidades. Más de 10.000 personas serían, según el anuncio presidencial, incorporadas a esas actividades mediante el Plan Chamba Juvenil.
Morón insiste en que la promoción de la minería a pequeña escala trae consecuencias ambientales graves, cuyas repercusiones pretenden ignorarse. “Esa actividad hace uso de mangueras que arrasan el suelo, son muy abrasivas y muy dañinas. Además, necesariamente tienen que recurrir al mercurio, que contamina las aguas y los peces”.
La posibilidad de que estén incrementándose los niveles de contaminación con ese metal es especialmente preocupante, señala el biólogo y doctor en Ecología Alejandro Álvarez Iragorry, quien recuerda que la exposición a ese mineral puede afectar el sistema nervioso central y el desarrollo neuronal. “No hay acceso a datos técnicos recientes, pero estudios realizados hace cinco años, ya evidenciaban un alto porcentaje de mujeres reproductivas y niños en los que se detectaba contaminación con mercurio”.
Un estudio hecho a petición de la ONG indígena Kuyujani en 2011, señalaba que 92% de las etnias Yekuana y Sanema en la cuenca del Caura presentaban niveles de mercurio por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Verdor en declive. El retroceso de los bosques de Guayana, un territorio que por extensión pertenece a la Amazonia, uno de los pulmones del planeta, ha sido advertido en estudios realizados por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, los cuales señalan que mientras en el resto de los países de la región la tendencia ha sido a la disminución en la tasa de pérdida de bosques, en Venezuela ha ocurrido lo contrario. Entre 2010 y 2013 se perdieron 1.742 kilómetros cuadrados.
El decreto del Arco Minero no habría hecho más que incrementar esa propensión, advierte el biólogo y ambientalista Alberto Blanco-Dávila, editor de la revista Explora, que prepara una edición especial sobre el sur del Orinoco, como parte de una campaña para dar a conocer los riesgos ambientales del Arco Minero. Aunque no hay información oficial sobre el impacto actual de la deforestación, cálculos del portal de investigación periodística arcominero.com cifraron en 200 hectáreas la pérdida de zonas verdes en el municipio Sifontes entre diciembre de 2016 y abril de 2017.
Blanco, que ha registrado con su lente alguno de esos claros que se han abierto en sectores de bosques incluso protegidos, añade que el auge minero, que tomó cuerpo con el decreto, “pone en riesgo áreas donde existe la mayor biodiversidad del planeta, incluyendo selvas prístinas con especies únicas”.
El impacto de la explotación minera sobre la flora y la fauna es otro de los desvelos de quienes siguen de cerca las consecuencias de lo que está ocurriendo al sur del Orinoco.
Venezuela se cuenta entre los 10 países con mayor biodiversidad, precisa Morón. En la región se han contado más de 5.000 especies de insectos, aproximadamente 5.000 especies de plantas, 850 especies de aves, 205 especies de anfibios, 204 especies de reptiles, 257 especies de mamíferos y 654 especies de peces.
Luzardo recuerda la responsabilidad de la Fuerza Armada sobre lo que ocurre, no solo por el papel de tutelaje sobre los territorios del Arco Minero que se le asignó por decreto, sino también por los convenios que ha suscrito la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. “Lo que se ha materializado es la consumación de su papel como fuerzas armadas garimpeiras, aliadas en la depredación del ambiente”.
Morón también señala que la desaparición de la institucionalidad que representaba el Ministerio del Ambiente ha contribuido al descontrol y a la falta de información sobre los problemas ambientales en el Arco Minero. “Ni el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas ni el de Desarrollo Minero Ecológico cumplen con la responsabilidad de la supervisión ambiental”.
Luzardo puntualiza que es una estafa y un contrasentido, además, hablar de “desarrollo minero ecológico”. Considera que solo la avaricia del dinero fácil ha guiado las acciones sobre el Arco Minero, y cita el ejemplo del respaldo que se pretende hacer de la criptomonedas con los recursos minerales de la zona. “Estamos nuevamente ante el mito del Dorado y, contradictoriamente, estamos matando la gallina de los huevos de oro, que es la cuenca del río Caroní, una de las más poderosas del planeta por su potencial energético, que alimenta las represas estratégicas, entre ellas Guri, que surte de electricidad a más de 65% del país”.
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