CCD La polémica reforma constitucional aprobada en China incluye, además de la posible perpetuación de Xi Jinping como presidente, la creación de un nuevo «superministerio» anticorrupción que puede aumentar los abusos del régimen, según indicaron hoy a Efe organizaciones de derechos humanos.
La nueva institución, que algunos observadores interpretan como un cuarto poder alternativo a los tradicionales Legislativo, Ejecutivo y Judicial -aunque en China sería más adecuado hablar de Partido, Gobierno y Ejército- se llamará Comisión Nacional de Supervisión y desde el domingo está incluida en la Constitución china.
En la práctica, esta comisión implicará que las medidas que el Partido Comunista usa contra los sospechosos de corrupción entre sus miembros, que incluyen detenciones de sospechosos incomunicados sin juicio o métodos expeditivos como la tortura, se extenderán a todos los funcionarios públicos, incluyendo médicos o maestros.
Si hasta ahora los 90 millones de miembros del Partido Comunista vivían bajo el temor a ser sancionados por la Comisión de Disciplina de la formación, que en los cinco años de presidencia de Xi ha castigado a 1,4 millones de corruptos, la nueva comisión tendrá ese poder sobre 200 millones de funcionarios.
La comisión y la nueva Ley de Supervisión que lleva aparejada «son un paso de 25 años atrás en el desarrollo del sistema legal», señaló a Efe Nicolas Bequelin, director para Asia Oriental de Amnistía Internacional (AI).
«Llega una nueva era en la que la ley abandona todo intento de limitar teóricamente el ejercicio del poder estatal», ya que, según el activista de derechos humanos, la comisión y la ley que la ampara quedarán por encima de cualquier libertad o norma constitucional.
Para intentar calmar estos temores, el propio presidente Xi anunció en el XIX Congreso del Partido Comunista del pasado mes de octubre que en la lucha anticorrupción se aboliría el actual sistema de detenciones secretas y sin juicio de presuntos corruptos, normalmente encerrados durante semanas o meses en habitaciones de hotel.
Esas detenciones, denominadas «shuanggui» y que el régimen defendía como la única forma de prevenir que los investigados cometieran suicidio o huyeran al extranjero, se cambiará por detenciones más formales, de las que se informará a los familiares del sospechoso y en centros acondicionados para ello.
Desde Human Rights Watch (HRW), Sophie Richardson expresaba sus dudas ante lo que considera un mero cambio de etiquetas: «Se intenta poner un barniz de legalidad a un sistema de detención extrajudicial, sin que por ello deje de ser abusivo», opinó.
La Comisión Nacional de Supervisión se probó en 2017 a nivel local en tres divisiones administrativas del país (Pekín y las provincias de Zhejiang y Shanxi).
El Gobierno de la capital invitó recientemente a periodistas extranjeros a la sede de la institución local para mostrar el funcionamiento del sistema que desde ahora se aplicará a nivel nacional, aunque no enseñó centros de detención y su director, Zhang Shuofu, se limitó a leer un comunicado y responder dos preguntas.
«El propósito fundamental de esta reforma es fortalecer el liderazgo unificado del Partido en su lucha contra la corrupción», subrayó Zhang, quien argumentó que antes de la llegada del superministerio las campañas contra el fraude de Estado eran demasiado limitadas y sus fuerzas eran muy dispersas.
El régimen comunista argumenta que la existencia de un órgano anticorrupción de gran poder, por encima de instituciones como el Tribunal Supremo o la Fiscalía, bebe de la tradición imperial de los «censorados», jueces anticorrupción que se instituyeron hace ya más de 2.000 años, en la dinastía Qin, primera de esta civilización.
Aquellos censorados, que sobrevivieron siglos de dinastías y en algunas épocas traicionaron su fama de incorruptibles, eran considerados los «ojos y oídos del emperador», y la nueva Comisión Nacional de Supervisión aspira seguramente a ser los del todopoderoso Xi Jinping, que podría gobernar con carácter vitalicio.
Se desconoce quién estará al frente del nuevo superministerio, aunque algunos observadores apuntan a que podría liderarlo Wang Qishan, quien hasta noviembre fue el jefe anticorrupción del Partido Comunista y es, según ellos, el ideólogo de esta reforma institucional.
Sin embargo, algunos analistas señalan que el influyente político aspira a un cargo igual de importante como es la vicepresidencia, que merced a la reforma constitucional aprobada el domingo por la Asamblea Nacional también ha dejado de estar limitada a dos mandatos (10 años). EFE
