CCD Si un chavo roba o se droga, es su pedo [problema], pero la verdad es que uno no nace delincuente, el delincuente se hace», comenta Luisa, una deportista destacada que cumplió una sentencia de dos meses por robo. A los 16 años, un amigo inculpó a Christian (quien también pide mantenerse en el anonimato). Lo encerraron dos años y medio por vender drogas después de una redada de la policía. Ismael Corona era un estudiante ejemplar, cuando cumplió 12 años se convirtió en el miembro más joven de la pandilla de los Sureños Locos, ritual de iniciación incluido: una paliza de 13 segundos. A los 15 dejó la escuela y robaba para irse a beber y ver a las chicas de la variedad. A los 17, una riña salió mal y lo condenaron a casi cuatro años por homicidio.
En el papel, Isma, Christian y Luisa son solo parte de las estadísticas. Todos viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que tiene los índices más altos de delincuencia juvenil en el país. En los últimos siete años, las fiscalías mexicanas investigan en promedio alrededor de 40.000 delitos cometidos por menores de edad cada año y tres de cada 10 suceden en la capital.
Los ilícitos más comunes son robo, narcomenudeo y lesiones, de acuerdo con la Procuraduría (Fiscalía) local. No hay patrones definidos, pero sí características comunes. «Muchos vienen de entornos de violencia o situaciones de pobreza en casa, en los que es común que uno de los padres se drogue o delinca, buscan atención y ayuda, pero no la encuentran porque sienten que no le importan a nadie… y en muchos casos es cierto», explica Diego Safa, que trabajó como psicólogo en una de las comunidades para adolescentes, antes conocidas como correccionales, de la capital. «No pueden votar, no tienen dinero y no son relevantes para sus familias, para los políticos ni para el Estado«, agrega.
Y aunque los menores son responsables de menos del 2,2% de los delitos en la capital, ellos acusan que muchas veces levantan sospechas de las autoridades solo por el hecho de ser jóvenes. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado prácticas que se conocen como «la portación de cara» y que en los hechos se traducen en extorsiones, detenciones arbitrarias y prejuicios. “Estamos estigmatizados, siempre sale en las noticias que los que roban y los que venden drogas son jóvenes y la sociedad piensa que no tiene una deuda con nosotros, cuando la realidad es que sí”, explica Christian. EL PAÍS buscó a la Policía capitalina para conocer su versión, pero no pudo concertar una entrevista.
FALLAS EN EL SISTEMA
En junio de 2016 se aprobó el nuevo sistema de justicia para adolescentes. La reforma, parte de las adecuaciones del nuevo sistema penal acusatorio que se aprobó hace 10 años, homologó las penas en todos los Estados del país, dividió los castigos por grupos de edad y delitos y buscó migrar de un sistema tutelar a uno garantista, en el que la cárcel fuera el último recurso. No ha habido grandes cambios en la incidencia delictiva, pero a partir del cambio, el número de investigaciones y de jóvenes internos ha bajado en el país.
“Nuestras leyes son hipergarantistas, pero en la realidad hay muchísimas complicaciones, se legisla ‘con los pies’, sin estudiar el problema”, opina Barrón. Las autoridades han tenido más problemas para perseguir los delitos, no hay recursos suficientes y no se ha podido dar seguimiento apropiado a los casos para evitar la reincidencia, opina Niño de Rivera. “Seguimos teniendo un sistema penitenciario punitivo y vengativo: si tú me chingaste, ahora yo te voy a chingar a ti”, señala la fundadora de Reinserta. “El punto es cómo sacar a los muchachos de estos medios, pero los tratamientos de internación y externación son muy deficientes”, agrega Barrón.
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