CCD | En la audiencia preliminar celebrada ayer en la Corte del Distrito Sur de Florida por la demanda de 10 millardos de dólares interpuesta por US Pdvsa Litigation Trust contra 42 personas naturales y jurídicas, el juez Darrin P. Gayles rechazó la solicitud del bufete del demandante, Boies, Schiller & Flexner, (el mismo que defendió a los sobrinos de Cilia Flores en el juicio por narcotráfico, pagado por Wilmer Ruperti), de fijar una agenda más rápida y concordó con los abogados de los demandados, quienes solicitaron un juicio más largo debido a su complejidad.
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De esta manera, Petróleos de Venezuela demandó, a través de esa firma en Estados Unidos, a un grupo de personas y empresas intermediarias a las que acusa de “participar en una millonaria trama de corrupción en dólares”, que involucra a funcionarios de la petrolera.
El abogado litigante Carlos Ramírez López indicó que el propósito de la audiencia –que comenzó a las 9:30 am y duró aproximadamente hora y media– fue definir el cronograma del juicio. El próximo encuentro se fijó para el 20 de abril. “Ese día el juez decidirá si el proceso se llevará a cabo o si no tiene los elementos suficientes para ir a juicio. En el caso de que le den pase al proceso, se debatirá el pedimento de las medidas de embargo presentado por el demandante contra los 42 demandados”.
Con la demanda, US Pdvsa Litigation Trust les está cobrando a los demandados las “prácticas deshonestas” que provocaron una pérdida de 10 millardos de dólares, acumulada desde 2004. Afirmó que una parte de los demandados son empleados de la empresa estatal, mientras que los demás actuaron en complicidad con los que están dentro de Pdvsa.
En la denuncia de US Pdvsa se señala a la empresa Helsinge Inc de obtener información privilegiada y términos de licitación de forma fraudulenta al sobornar a funcionarios de Pdvsa, reseñó Reuters en su página web.
El también especialista en Derecho Procesal dijo que pidió presentar un escrito en la audiencia, en el que propone intervenir como abogado en defensa de los intereses del pueblo venezolano. Sin embargo, la corte lo negó. “Alegué que esa demanda es un fraude en perjuicio de los venezolanos y que esa cesión de derechos es ilícita porque no fue sometida a la consideración de la Asamblea Nacional, al tratarse de un contrato de interés nacional. Pedí que en consecuencia se le notificara a la Asamblea”, agregó.
El Parlamento, mediante una subcomisión especial integrada por los diputados Jorge Millán (Primero Justicia), Francisco Sucre (Voluntad Popular), Américo De Grazia (La Causa R) y Luis Carlos Padilla (AD), examina el fideicomiso US Pdvsa Litigation Trust, el cual se estableció en julio de 2017 en Nueva York y fue firmado por el procurador general, Reinaldo Muñoz Pedroza.
Millán aseguró que el fideicomiso se encargó de demandar a empresas y funcionarios que conspiraron para saquear la petrolera estatal. “Hablamos de compras con sobreprecio, servidores clonados, sobornos. Ya no nos asombrarnos de las cifras porque cada vez que estalla un caso de corrupción hablamos de miles de millones de dólares, mientras los venezolanos mueren de hambre y no tienen medicinas”, recordó.
El diputado destacó que la subcomisión especial investiga los hechos de corrupción en Pdvsa: “Para atender este hecho de corrupción que se suma a todos los demás que hemos trabajado pero, sobre todo, para investigar la situación de este fideicomiso que podría generar la doble pérdida del dinero en Venezuela”.
Fuente: El Nacional
