CCD El grupo brasileño de construcción Camargo Correa movió 100 millones de dólares (85,8 millones de euros) entre 2008 y 2011 en un banco de Andorra, un pequeño país europeo considerado hasta el pasado año paraíso fiscal. La tercera compañía de infraestructuras del país latinoamericano manejó estos fondos a través de una madeja societaria vinculada a dos exejecutivos y a la propia corporación empresarial, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La jueza Maria Àngels Moreno investiga desde 2017 el dinero de Camargo Correa en Andorra. Sus pesquisas indagan un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con corrupción.
La magistrada analiza si Camargo Correa se sirvió del minúsculo Estado europeo para lavar el capital destinado a sobornar a políticos y altos funcionarios de Latinoamérica a cambio adjudicaciones de obra pública.
Camargo Correa –una mole con tentáculos en 22 países que en 2014 registró un ingreso neto de 9.656 millones de dólares (8.286 de euros)- niega las acusaciones.
El modus operandi de la compañía emularía –según la investigación- al ejecutado hasta 2016 por Odebrecht, la constructora brasileña que tambaleó los cimientos políticos de Latinoamérica tras reconocer el pago de 788 millones de dólares (682 millones de euros) en comisiones ilegales a funcionarios y primeros ministros de 12 países.
El capital de Camargo Correa en el pequeño país europeo circuló a través de una telaraña de seis cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Dos de estas cuentas, estaban cifradas, una muralla para blindar la identidad del cliente.
Las pesquisas de la jueza han destapado el “origen desconocido” de los fondos en Andorra de Camargo Correa. Y que, tras sociedades instrumentales asociadas al gigante brasileño en el Principado, como Joyfield Overseas SA, figuraron los exdirectivos Pietro Francesco Giavina y Fernando Dias Gomes. Se trata de ejecutivos que fueron arrestados en 2009 por el caso Castillo de Arena, que indagó una trama de comisiones ilegales y de financiación de campañas a cambio de adjudicaciones de obras en Brasil y Perú. El Tribunal Supremo de Brasil archivó Castillo de Arena en 2011 aludiendo a la nulidad de los pinchazos telefónicos que sustentaban las acusaciones.
En las pesquisas de Andorra, Giavina Bianchi aparece como “uno de los principales responsables de la organización” que controló “pagos y transferencias de comisiones ilegales de la sociedad Camargo Correa a políticos brasileños”. El exejecutivo figura, además, tras la sociedad pantalla Desarrollo Lanzarote, que fue utilizada para pagar un soborno en Suiza al hijo de un senador brasileño.
Solo una de las cuentas controlada por Camargo Correa en Andorra recibió en 2008 un total de 32 millones de dólares (27,2 millones de euros). El dinero llegó a golpe de transferencias desde una sociedad instrumental panameña manejada por la BPA, según señala la Policía de Andorra en un informe del pasado noviembre.
Club corrupto
Camargo Correa habría formado, además, parte de “un club” con otras 14 constructoras para repartirse obras públicas de la petrolera estatal brasileña, Petrobras. El hermético grupo, al que perteneció Odebrecht, recurrió a “prácticas corruptas” para hacerse con los contratos, según la investigación.
Para diseñar su estructura financiera, Camargo Correa contó con el asesoramiento de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y de su empleado Andrés Norberto Sanguinetti Barros, Betingo, que permanece en prisión preventiva en Andorra por blanqueo tras ser extraditado desde Uruguay.
Pero el papel del banco andorrano con Camargo Correa tiene un trasfondo mayor. La Policía critica la colaboración de la BPA en varias operaciones millonarias de la constructora. “Es difícil de asimilar el motivo por el que el banco no cumplió con la normativa legal de declarar ante la UIFAN (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra) las operaciones descritas a tenor de su gravedad”.
Las 15 actas confidenciales y secretas del comité de prevención de blanqueo de la BPA escrutadas por la investigación señalan que el banco no controló suficientemente los fondos depositados por Camargo Correa en Andorra. Y que la entidad eludió identificar a los dueños reales del dinero.
La jueza mantiene como investigados a los exejecutivos de Camargo Correa Giavina Bianchi, Dias Gomes y Darcio Brunato; al exempleado de BPA Betingo; a los miembros del Consejo de Prevención de Blanqueo de la entidad financiera; y a la propia BPA. También están bajo el foco judicial tres sociedades instrumentales vinculadas a Camargo Correa.
La magistrada embargó el pasado año 8,5 millones (7,2 millones de euros) a la firma en Andorra. Y citó a declarar en calidad de inculpados a Giavina Bianchi y Dias Gomes.
“La corrupción es un auténtico cáncer social que impide el desarrollo justo económico de la economía en beneficio del interés general de las sociedades modernas”, apunta la magistrada en un auto del pasado abril.
Con una trayectoria de 77 años y 500 obras, Camargo Correa pasa por ser un grupo con derivadas en la industria energética, puertos y aeropuertos. Cuando en 2013 falleció la viuda del fundador, Dice Camargo, la mujer más rica de Brasil, la revista Forbes cifró su fortuna en 9.822 millones de euros.
Las autoridades andorranas intervinieron en marzo de 2015 el banco donde Camargo Correa ocultó sus fondos por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de BPA, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones. Andorra, de 78.000 habitantes, suprimió el pasado año el secreto bancario.
Batalla para anular la investigación
Los abogados de Camargo Correa trabajan para enterrar la causa judicial en Andorra contra el grupo brasileño. Y han planteado un incidente de nulidad que, hasta el momento, ha sido desestimado por la jueza instructora de la causa, Maria Àngels Moreno.
La constructora argumenta que la investigación se inició después de que la Justicia brasileña enviara una comisión rogatoria –procedimiento de colaboración entre juzgados de distintos países- a este Principado para indagar el caso Castillo de Arena, que finalmente fue archivado en Brasil.
“Consideramos que la causa debe archivarse porque ha decaído tras haber sido declarada nula el procedimiento principal. La doctrina del fruto del árbol envenenado se extiende a todas las actuaciones posteriores”, señalan Xabier Jordana y Sonia Ruiz, los abogados de la constructora que acaban de presentar un nuevo incidente de nulidad, que todavía no se ha resuelto.
Los letrados afirman que la Fiscalía andorrana ha aceptado, de forma cautelar, sacar de la causa las primeras decenas de folios que afectan al caso Castillo de Arena.
Jordana y Ruiz sostienen que Camargo Correa regularizó hace un año ante la Hacienda de Brasil las cifras millonarias que movió en Andorra. Y niegan que este dinero se utilizara para el pago de comisiones ilegales.
