CCD | Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha visto un aumento en la presentación de Informes de Actividades Sospechosas (SAR) relacionados con la criptomoneda. El número de quejas ahora excede de 1 500 por mes, según él.
Las declaraciones de Blanco se hicieron como parte de un discurso que pronunció en la Conferencia de Tecnología Jurídica del Bloque Chicago-Kent 2018 el 9 de agosto.
El director describió el papel continuo de la FinCEN en la regulación y la aplicación de la ley para el criptoespacio emergente, que coordina en conjunto con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) de Estados Unidos. Él señaló que,
«[Mientras] la innovación en servicios financieros puede ser una gran cosa… también debemos ser conscientes de que el delito financiero evoluciona junto con él, o incluso a veces por eso, creando oportunidades para delincuentes y malos actores, incluidos terroristas y estados corruptos».
Blanco enfatizó que para salvaguardar las «increíbles innovaciones» de la frontera fintech, el cumplimiento de los actores con medidas regulatorias específicas es crítico, dado que «el daño puede hacerse aumentando de manera devastadora la velocidad, la amplitud y la oscuridad en el mundo digital».
Como se indica en las directrices de FinCEN de marzo de 2013, cualquier aceptación o transferencia de valor que sustituya a la moneda fiduciaria, incluida la criptomoneda, se considera transmisión monetaria y conlleva obligaciones regulatorias específicas según la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU. (BSA).
Como negocios de transmisión de dinero (MSB), las criptobolsas son necesarios para informar SAR e Informes de transacciones monetarias (CTR), así como para cumplir con los marcos antilavado de dinero (AML) y contrarrestar el financiamiento del terrorismo (CFT).
Blanco aclaró que las obligaciones idénticas pertenecen a las empresas que proporcionan servicios de anonimato —a menudo denominados «mixers» o «tumblers«— que intentan ocultar la fuente de la transmisión de criptomonedas. Las criptobolsas ubicadas fuera de los EE. UU. pero que, no obstante, también hacen negocios con residentes del país, también son monitoreados por la agencia.
El director dio el ejemplo de la acción de FinCEN en 2017 contra la criptobolsa rusa BTC-e por burlar las leyes AML como un caso en el que SARs «desempeñó un papel crítico», con registros de ambos bancos y otras criptobolsas que proporcionan pistas cruciales para la aplicación de la ley .
Comentó que mientras los SARs se envían cada vez más, la agencia se ha «sorprendido» de ver que las empresas toman las medidas adecuadas para cumplir con sus requisitos normativos «solo después de recibir un aviso [de que se realizará un examen]». «Deje que este mensaje salga claramente hoy: esto no constituye cumplimiento», enfatizó.
Según Blanco, la FinCEN, los examinadores de BSA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) han examinado más del 30 por ciento de todos los intercambiadores de criptos y administradores registrados desde 2014.
Blanco también dedicó más atención a las ofertas iniciales de monedas (ICOs) y subrayó que si bien pueden recaer en jurisdicciones superpuestas de diferentes agencias reguladoras de los EE. UU., sus obligaciones ALD/CFT siguen siendo «absolutas».
En una audiencia reciente sobre criptos e ICOs en Washington DC, el Jefe de Asuntos Legales y de Riesgos de Coinbase llamó la gama de reguladores estadounidenses —incluidos SEC, CFTC, IRS y FinCEN— sobre una «falta de coordinación» extrema que él consideraba iba a impactar negativamente la innovación.
Fuente: Fincen
