Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes empresas compraron más de 120 inmuebles en Marbella y Madrid, según la Fiscalía Anticorrupción de España, reseñó El Confidencial.
Las sociedades o empresas investigadas son: Swissinvest SL, creada en las Islas Caimán en 2012, y Columbus One Properties SL, constituida en Madrid en 2015. Las filiales de ambas en diversos países conformarían la compleja estructura para lavar dinero en España.
Millones robados
Auditores públicos venezolanos señalan que unos 400 mil millones de dólares sería el monto del dinero robado a la nación venezolana, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Por otra parte un experto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calculó el fraude anual en 20 mil millones de dólares. Entregó su informe en julio de 2018 a un tribunal de Florida que juzga varios exaltos cargos de los gobiernos chavistas, con la venía de los presidentes.
Lavado de dinero en España
Los casos judiciales que se realizan en varios países como las investigaciones periodísticas generan cada vez más evidencias. Buena parte del dinero público desviado a cuentas personales se ha blanqueado en España.
De manera muy clara destaca la compra de inmuebles, para lavar dinero. Los exfuncionarios adquirieron desde casas de lujo, y fincas hasta simples plazas de garaje.
En los últimos cinco años, según la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, más de 120 inmuebles ubicados en Marbella y Madrid habrían sido adquiridos por estas empresas que operaban desde países como Panamá, Islas Caimán, Islas Marshall, Suiza, Portugal, Liechtenstein, Chipre, Malta, España o Isla Mauricio. Este grupo presuntamente desvió cientos de millones de euros de la estatal petrolera Pdvsa.
Un conglomerado de compañías donde figuran el argentino Luis Fernando Vuteff, el suizo Ralph Steinmann y el venezolano José Vicente Amparán.
El pasado 21 de junio, el juez titular del 41, Juan Carlos Peinado que llevaba la investigación desde 2017, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.
