El gobierno argentino hizo público ayer un decreto para la creación de un registro de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que complemente las notas de la ONU por las que se rige el país (Argentina).
Macri busca incluir al grupo libanés Hezbolá, el cual aún no es considerado un movimiento terrorista por la ONU, pero al que se le atribuye el mayor atentado cometido en Argentina: un coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos. Igualmente, se le vincula al ataque a la embajada de Israel en 1992, que dejó 29 fallecidos.
«Por primera vez aceptamos que una organización que atentó en la Argentina va a quedar de alguna manera condenada por sus acciones terroristas, condenada en un sentido simbólico. Porque la condena solo la puede hacer la Justicia», señaló la ministra de seguridad.
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REPET
En el documento: Registro Público de Personas o Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), participarán el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Migraciones.
Repet será de acceso público: «con los alcances que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determine», además aseguran «el intercambio de información con las agencias con competencia en la materia y con terceros países, lo que permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación doméstica e internacional».
El decreto añade que «toda inscripción en el Repet importará el congelamiento de los activos de la persona humana, jurídica o entidad y la obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo por parte de los sujetos».
El GAFI, grupo al que Argentina pertenece desde el 2000, «evaluará el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo de la República Argentina en el año 2021».
