El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.
Esta realidad conllevó a la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado), que entró en vigencia desde julio de 2013.
El estatuto exige a todos los sujetos obligados, a reportar cualquier transacción sospechosa bajo ciertos parámetros y controles para menguar el flujo financiero de organizaciones ilegales.
Los bancos y otras entidades financieras ya cumplían con normas internacionales. Sin embargo, el sector automotriz, inmobiliario, joyerías, arte y otras actividades, no estarían familiarizados con la regulación.
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El director de Consultoría en Actividades Vulnerables (CAV) y miembro de la Comisión de Lavado de Dinero del IMCP, Alejandro Ponce Rivera y Chávez, señala que «un 50% de los obligados no cumplen a cabalidad con dichos requerimientos», a pesar de que han pasado cinco años desde que la ley entró en vigor.
El desconocimiento o la falta de controles que se traducen en el incumplimiento de la ley, podrían derivar en onerosas multas. Bajo ese concepto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un plan de autorregulación para ofrecer una prórroga a quienes se rigen por el estatuto.
La fecha límite para inscribirse es mañana 15 de agosto, y hasta los momentos, tan sólo 3 mil de 140 mil sujetos obligados han mostrado su interés.
