El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de una investigación estadounidense en curso a un esquema de soborno por US$1.000 millones.
Los tres acusados son Javier Alvarado Ochoa, ciudadano venezolano y expresidente de la unidad de compras de PDVSA, Bariven, y los gestores de activos Daisy Teresa Rafoi Bleuler, ciudadana suiza, y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, ciudadano de Suiza y Portugal, según un acusación abierta el viernes en una corte federal en Houston. También fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación expande la represión del Departamento de Justicia contra la corrupción que ha golpeado a Venezuela a medida que atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. Fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de dinero robado a través de soborno y fraude de PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas de la nación. Venezuela, que alguna vez fue una de las estrellas de América Latina y miembro próspero de la OPEP, se enfrenta a uno de los peores episodios de hiperinflación del mundo.
PDVSA no respondió de inmediato a la llamada y el correo electrónico en busca de comentarios sobre las acusaciones. La base de datos en línea de los tribunales federales no menciona a abogados para Alvarado, Rafoi o Murta.
Alvarado supuestamente recibió sobornos de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, empresarios venezolanos. Los dos buscaban nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, y dejaron como soborno el 10% de lo que obtuvieron, dicen los fiscales.
Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos sirvieron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba y cajas de bistec, langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.
Rincón y Shiera se declararon culpables del rol que desempeñaron en la conspiración en abril de 2018 y han cooperado con los fiscales mientras esperan la sentencia, que ha sido pospuesta varias veces. Más de 20 personas han sido acusadas en relación con el extenso esquema de soborno y corrupción, que se cree ha desviado más de US$1.000 millones a manos privadas.
Los gestores patrimoniales Rafoi y Murta han sido acusados de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucraron a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.
