Brasil siempre se ha considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los ecologistas. De 300 defensores asesinados en la Amazonia brasileña los últimos diez años, sólo 14 casos acabaron ante un tribunal, señala el informe «Las mafias del bosque tropical» de la organización Human Rights Watch.
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La ONG destaca la labor que estos ecologistas realizan para la preservación de la flora y la fauna, además de alertar a las autoridades en un territorio que abarca el 60% del territorio brasileño. Los madereros son los principales responsables de la deforestación ilegal, que según datos oficiales, se ha disparado desde que Bolsonaro llegó a la presidencia.
Por otra parte, HRW indica que el mandatario «ha minado la fiscalización de las leyes ambientales (las inspecciones y las multas se han desplomado) y ha debilitado a las agencias medioambientales federales», lo que «pone a los defensores de la Amazonia y a la propia Amazonia en grave peligro».
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También denuncia que «al no investigar las amenazas de muerte, las autoridades están renunciando a su deber de tratar de prevenir la violencia de los grupos criminales involucrados en la deforestación ilegal, y aumentando la probabilidad de que las amenazas se lleven a cabo».