Las autoridades del Vaticano llevaron a cabo un registro judicial la secretaría de Estado, que coordina la actividad de todos los departamentos, y la Autoridad de Información Financiera (AIF), tras recibir el pasado verano una serie de denuncias sobre operaciones financieras.
En la nota, escueta, no se especifica la razón de las denuncias que han propiciado la investigación ni la información que se busca. Sin embargo, el hecho de reconocer en público casos de corrupción en centros estratégicos confirma la línea de pasar este tipo de delitos directamente a la vía judicial, que incluye juicios públicos en el Tribunal del Vaticano.
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La incautación ha tenido lugar en dos entes del Vaticano: la primera sección de la Secretaría de Estado y la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales. Los superiores responsables de ambas instituciones habían sido «debidamente» informados.
Por otra parte, no está claro si los presuntos delitos están relacionados con la actividad de gobierno o si los cometieron personas que trabajan allí, lo cual justifica la incautación de aparatos electrónicos como computadoras, tabletas y dispositivos móviles.
La operación surge de unas «denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para Obras de Religión, conocido como el banco vaticano, y por la Oficina del Revisor General», siendo este último el encargado de auditar la administración vaticana. El objetivo es analizar «operaciones financieras que se realizaron desde hace tiempo».
