La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana, dictó prisión domiciliaria para un colombiano y garantía económicas contra otros cuatro individuos (de 65, 70 y 81 años de edad), acusados de trata de personas con fines de someter a trabajo forzoso a venezolanos residentes en ese país, a través de la empresa de venta de enciclopedias Ediciones Sistesam S.R.L, la cual fue clausurada provisionalmente por las autoridades. Así lo informó Diario Libre.
A los ciudadanos colombianos Alejandro Gacham Ilal (60), Rosemary Pion Taylor (65), Milagros de Jesús Torrenegra (50), Mary Cecilia Miguel (70), y Camilo Miguel (81), se les atribuye formar una red criminal que, según han establecido las investigaciones, operaba desde 1998 en el país.
Durante la operación, las autoridades rescataron a seis víctimas y reunieron cientos de evidencias, entre ellas, varios vehículos, documentos, lista con anotaciones, lista de jóvenes y descripción de ventas de enciclopedias y lugares (provincias) donde trasladaban a las víctimas, además de dinero (bolívares) y otros.
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Modus operandi
Las investigaciones apuntan, que la metodología de la red criminal abarcaba la captación y el traslado a República Dominicana de venezolanos, quienes, luego de llegar al país, eran llevados a las oficinas de la empresa de venta de enciclopedias donde les retenían sus pasaportes bajo el argumento de que serían enviados a la Dirección General de Migración para regularizar sus estatus.
Luego les hacían firmar una hoja en blanco a cada víctima captada y entregaban los insumos de trabajo (enciclopedias, talonarios de facturas, carpetas y brochures), para posteriormente trasladarlas a provincias del interior del país, donde realizaban las ventas de los libros casa por casa, (labor por la que prometían pagarles y finalmente no cumplían).
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Las víctimas recibían presión psicológica y las obligaban a firmar un documento de descargo para posteriormente proceder a entregarles sus pasaportes originales.
El tribunal impuso a los delincuentes el pago de garantías económicas de entre 20 mil a 200 mil dólares respectivamente. Además, colocaron grilletes electrónicos a algunos de ellos, con impedimento de salida del país y retención del pasaporte.
