La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Antonio Avellan Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, por participar en abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción.
«Estamos identificando a miembros del régimen de Ortega involucrados en el abuso y la corrupción de los derechos humanos…EEUU apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas», dijo el subsecretario del Tesoro.
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El informe señala que la acción «se dirige a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos que ejercen sus libertades fundamentales, qel cual manipula las elecciones y abusa del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción».
Las medidas incluyen el bloqueo de todos los bienes y propiedades de los individuos en EEUU. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de EEUU, que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
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Ramón Antonio Avellan Medal
Es el director General Adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua (NNP). Fue el encargado de llevar a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplicar medidas represivas, realizar arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Los ataques del PNN y la parapolicía bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos.
Lumberto Ignacio Campbell Hooker
Es el presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), el cual está involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluyendo obligar a los empleados del gobierno a votar por Ortega.
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Roberto José López Gómez
Es el Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una entidad que participó en una serie de transacciones que involucran prácticas de corrupción en nombre del Gobierno de Nicaragua.
El anuncio de López del 16 de abril de 2018 de cambios en el INSS provocó las protestas que marcaron el inicio de la crisis política, cuya institución es considerada como uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno durante la administración del sancionado.
