Hace un año, el nombre del colombiano Gustavo Hernández Frieri acaparó titulares en la prensa internacional a raíz de su captura en Italia. En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el empresario fue una de las 20 personas que se aliaron para lavar 1.2 millones de dólares saqueados a la petrolera de Venezuela Pdvsa. Desde entonces libra una dura pelea por su inocencia, que parcialmente se resolverá el 26 de noviembre, cuando la Justicia decida si se le declara culpable o si acepta cooperar con las autoridades americanas, como ya lo hicieron algunos de sus colegas. Así lo reseña un reportaje de El Espectador.
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La historia judicial de Hernández Frieri se destapó en julio de 2018, cuando Estados Unidos anunció su captura en suelo europeo y su posterior extradición. El cartagenero había pasado inadvertido en Colombia, pero sus negocios sí eran reconocidos en Florida, pues fue accionista y directivo de una de las comisionistas de bolsa más importantes del país: Global Securities. La acusación de la Fiscalía norteamericana describe al empresario como «lavador de dinero profesional», y asegura que participó en el esquema ilegal para lavar los recursos que exdirectivos y funcionarios venezolanos robaron de Pdvsa.
En la acusación, de 33 páginas, se menciona que su función principal fue lavar el dinero que correspondía a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de Pdvsa. Dentro de las evidencias se encuentra una grabación que hizo un agente infiltrado de una reunión a la que asistieron varios de los sospechosos en 2016 en Panamá. En dicho encuentro, el colombiano supuestamente explicó cómo podía hacer operaciones falsas desde sus compañías en paraísos fiscales y hacerlas pasar por legítimas usando, por ejemplo, tarjetas, cheques y transferencias.
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Hernández asegura que es inocente, pese a que su supuesto aliado, Abraham Edgardo Ortega, ya se declaró culpable y acordó colaborar con las autoridades estadounidenses. Ortega, a la espera de ser condenado, reconoció haber recibido sobornos para beneficiar compañías y aceptó que él y varios acusados lavaron dinero de Pdvsa a través de inversiones ficticias. Además, renunció a varios de sus activos, entre ellos la cuenta que poseía en uno de los fondos con los que Hernández, según la Fiscalía, intervino en el esquema ilícito: Global Securities Trade Finance, ubicado en Islas Caimán.
Asimismo, el banquero alemán Matthias Krull se declaró culpable de haber participado en el esquema de Pdvsa cuando trabajó en el banco suizo Julius Baer. Además de Krull, Hernández y Ortega, en el proceso también fueron señalados Francisco Convit Guruceaga, accionista de Derwick Associates, firma acusada de obtener contratos de forma irregular en el sector de energía en Venezuela; Carmelo Urdaneta, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Marcelo Federico Gutiérrez, banquero uruguayo, y los hijastros de un «oficial venezolano 2», no identificado en el expediente. Según el diario Miami Herald, serían los hijastros del presidente Nicolás Maduro.
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Mientras estos procesos avanzan, Hernández Frieri ha comparecido varias veces ante una jueza de Miami. En esas audiencias se ventilaron detalles, como que su hermano, César Hernández, y su cuñado, Juan Carlos Gómez (quienes han participado en Global Securities Colombia) firmaron un bono de garantía por 25 millones de dólares. Es decir, que si Hernández se fuga, ellos deben responder económicamente. «Su negocio (el de César) también sigue generando ingresos (…) es un negocio regulado, del sector de valores de inversión, separado del de su hermano”, argumentó el abogado defensor, Michael Pasano.
Gustavo Hernández se comprometió a pagar una fianza de 1.5 millones de dólares con pago inmediato del 10% de esa cantidad (150.000 dólares). Pero inicialmente se le complicaron las cosas. Primero, porque su esposa se negó a financiarlo, pues contemplaba divorciarse. «En el último año, él (Hernández) ha vivido de préstamos de amigos y familiares. Cuando digo que el negocio se cayó, no estoy exagerando, señoría. No está recibiendo ingresos y ha renunciado a cada puesto y cada entidad debido a esta acusación», agregó el defensor.
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La jueza no quedó convencida de las dificultades económicas del procesado para pagar su fianza y mencionó que un apartamento avaluado en 5 millones de dólares en Nueva York aparece a nombre de sus hijos. «Claramente los niños no generaron esos dineros…», agregó la jueza.
