Exdirigentes socialistas de Andalucía, 19 en total, fueron condenados este martes por estar involucrados en un «gran escándalo de corrupción de la España moderna», que lidera el dirigente de PSOE, Pedro Sánchez. Así lo reseñó AFP.
La Audiencia Provincial de Sevilla entregó la esperada decisión, en un macroescándalo en el que se juzgaba el reparto discrecional de cientos de millones de euros de ayudas públicas, procedentes de un fondo para desempleados y empresas en crisis.
Las condenas recayeron sobre 19 ex altos cargos socialistas del gobierno regional de Andalucía, en manos del PSOE durante 36 años ininterrumpidos.
El partido gobernante en España condenado en un macrocaso de corrupción
José Antonio Griñán, presidente andaluz de 2009 a 2013, ex consejero regional de Hacienda y ex ministro, fue condenado a 6 años de cárcel y a 15 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.
Su predecesor, el histórico presidente andaluz (1990-2009) y ex ministro, Manuel Chaves, recibió 9 años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación. Otra ex ministra y ex consejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, fue condenada a 9 de inhabilitación por el mismo cargo.
Descontrol absoluto
La sentencia de 1.821 páginas, culmina una macrocausa cuya instrucción arrancó en 2011, en plena crisis económica en España, y dio lugar a un juicio oral de un año de duración.
Los hechos se prolongaron durante una década, de 2000 a 2010.
Su núcleo es el manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros, y destinado a financiar despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).
El dinero se concedió sin embargo discrecionalmente, «eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», según la sentencia.
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«No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas», afirma la sentencia, que habla de «descontrol absoluto» en el manejo de esos fondos y de «resoluciones muy gravosas para el erario» público.
La consecuencia de este mecanismo clientelar es que recibieron ayudas para prejubilarse personas por completo ajenas a las empresas beneficiarias, se abonaron comisiones irregulares a mediadores, y se perjudicó a muchos otros trabajadores que sí precisaban esas ayudas.
La fiscalía llegó a cifrar el fraude en 741 millones de euros, un monto que en sus conclusiones definitivas redujo a 680 millones.
