El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las medidas que para el Ministerio Público (Chile) urge implementar en el actual sistema de investigación penal y que traerían como resultado «una respuesta enérgica y más potente frente a los abusos cometidos por quienes ejercen cargos en el poder económico o político». Todo esto, según la Fiscalía Nacional, «en aras de disminuir espacios de impunidad y eliminar la sensación de inequidad». Así lo publicó La Tercera.
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Estas propuestas y reflexiones se encuentran en un documento de 11 páginas, con el que se busca constituir una mesa de trabajo para realizar modificaciones a la legislación en tales materias.
Pese a que este es un tema que la fiscalía ha intentado impulsar hace años, es ahora, en medio de la crisis social, cuando la idea de concretar estas modificaciones tomó más fuerza.
Incluso, el Ejecutivo decidió acelerar la puesta en marcha de una agenda antiabusos o de trato justo. El encargado de liderar este proceso es el ministro de Economía de Chile, quien ha señalado que la relación entre productores y consumidores ha sufrido una pérdida de confianza. Y que, por esto, es necesario abordar estas materias para recuperar la confianza.
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Sin embargo, las propuestas del Ministerio Público no solo abordan medidas para perseguir delitos económicos, pues también apunta al poder político. Estos son parte de la familia de delitos denominados frecuentemente como ilícitos de cuello y corbata.
«Transparencia Internacional señaló hace pocas semanas que la tolerancia cero a la corrupción pública y privada está en el centro de la solución a la crisis chilena. El organismo fue muy preciso en señalar que la sensación de impunidad de grandes fraudes ha contribuido a alimentar la rabia de una parte importante de los manifestantes», dijo el fiscal nacional Jorge Abbott.
De acuerdo al documento, las iniciativas de la fiscalía se dividen en cuatro puntos. El primero aborda la idea de crear una Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad. El segundo eje llama a cumplir observaciones de organismos internacionales en materia de corrupción. La tercera temática apunta a eliminar el sistema que faculta al Ministerio Público investigar solo cuando hay denuncia de las instituciones que protegen bienes jurídicos colectivos, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Y el último eje, llamado «otras reformas legales», aborda los cambios que se le debería hacer a los tipos penales del financiamiento irregular de campañas políticas.
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El texto también aborda la importancia de cumplir con observaciones realizadas a Chile por organismos internacionales en materia de corrupción.
Igualmente, creen necesario autorizar la intervención de agentes encubiertos en este tipo de delitos, así como las entregas vigiladas (cuando se descubre que existirá un pago de un soborno mediante la entrega de dinero efectivo).
