Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado de dinero para financiar el gobierno de su padre.
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que las sanciones incluyen a tres empresas que Ortega Murillo posee o controla: Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzíbar, S.A y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A.
«Rafael Ortega es el gerente clave del dinero detrás de los esquemas ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y a las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense», precisó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en el comunicado.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Rafael Ortega posee o controla Inversiones Zanzíbar, empresa a la que transfiere las ganancias procedentes de la compañía Distribuidor Nicaragüense de Petróleo. Esa firma, DPN, es utilizada como una empresa de fachada para evadir las sanciones que ya había impuesto Washington en contra del gobierno de Ortega.
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«A inicios de 2019, Rafael Ortega diversificó los holdings financieros de los Ortega comprando estaciones de gasolina bajo nombres de fachada antes de las anticipadas sanciones en contra del regimen», agregó el Tesoro.
Asimismo, el Tesoro aseguró que la empresa Servicio de Protección y Vigilancia ha obtenido contratos millonarios del gobierno de su padre o para brindar seguridad a la familia Ortega.
Tan reciente como en noviembre pasado, Estados Unidos impuso sanciones contra tres funcionarios del gobierno Ortega, a quienes señaló de liderar entidades estatales que han estado vinculadas con «abusos a los derechos humanos, fraude electoral y corrupción» desde las protestas desatadas en 2018.
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Con las sanciones, queda bloqueada en Estados Unidos cualquier propiedad y participación en alguna donde el 50 por ciento o más de las misma esté en manos de estos tres funcionarios nicaragüenses.
Nicaragua quedó sumida en una crisis política en 2018, en la que murieron más de 200 personas en protestas callejeras, principalmente por disparos de la policía y paramilitares progubernamentales. La crisis estalló cuando Ortega, un exguerrillero de 72 años, decretó una reforma del sistema de seguridad social que redujo los beneficios y aumentó los impuestos. Luego se transformó en una rebelión para derrocar su gobierno.
