Vestidores cuajados de cristales de Swarovski, caballos de pura raza, todoterrenos, bolsos de lujo, veleros e, incluso, gallos de pelea. Las excentricidades en las que los narcos invierten -y blanquean– los pingües beneficios de sus negocios ilícitos son tan variadas como opulentas. Pese a que, desde 2015, existe una oficina estatal (España) destinada a ello, no siempre es fácil que un juzgado encuentre destino útil a todos esos bienes que se incautan a los traficantes, antes de que acaben depreciándose. Así lo reseña un reportaje de El País.
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En el Estrecho de Gibraltar, la mayor autopista del hachís de España, policías, jueces y fiscales intentan lidiar como pueden con otro de los daños colaterales que el narcotraficante provoca en sus zonas de influencia. La Guardia de Civil de Cádiz anunció su intención de entregar -previa autorización judicial- seis aires acondicionados empleados en plantaciones de marihuana a institutos de Conil de la Frontera. Resolvieron el trámite de forma exprés para evitar que los aparatos acabasen arrumbados y averiados en un depósito, según aseguraron desde la Comandancia.
Pero lo habitual es que los bienes que los juzgados decomisan a los narcotraficantes no tengan un destino tan claro, sencillo y, aparentemente, inmediato. «¿Qué hace un juez, por ejemplo, con unos gallos de pelea o unos caballos? No siempre es fácil», reconoce la fiscal antidroga de Andalucía, responsable de los grandes golpes a las mafias del hachís desde que se reforzó la presencia policial en el Estrecho. Hace ya cuatro años que el Ministerio de Justicia puso en marcha la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), precisamente, con el fin de auxiliar a los jueces en la gestión de los bienes incautados por delitos de tráfico de drogas, blanqueo, trata de seres humanos, corrupción, estafas o terrorismo.
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«Su fin es doble. Pueden localizar y recuperar directamente bienes gracias a que tienen policía judicial o gestionar qué hacer con ellos para que no pierdan valor». Solo en 2018, la ORGA ha investigado a 470 personas y ha localizado 1.472 bienes, la mayoría inmuebles (409), cuentas corrientes (339) o vehículos (289). Además, en sus cuentas, se atesoran 22.5 millones de euros de procedimientos judiciales que aún no han terminado, según explican fuentes del Ministerio de Justicia.
La encrucijada de dar destino a las propiedades de los narcos arranca días después de la caída de sus organizaciones. «Todo lo que es de ilícito comercio se destruye«, señala la fiscal. Es justo lo que se hace con la droga, con las narcolanchas -ya ilegalizadas- o incluso con los motores fuaraborda de éstas, después de que las autoridades judiciales detectasen que, en ocasiones, los aparatos volvían a las manos de los narcos. Los inmuebles y las cuentas suelen quedar inmovilizados a la espera de los juicios.
