La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos 4.500 millones de dólares, reactivando una aletargada investigación en Estados Unidos sobre las actividades de un pequeño grupo de magnates y funcionarios claves de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según informó hoy El Nuevo Herald.
Los documentos, que comienzan a llegar después de dos años de espera, dejan el camino libre para que fiscales estadounidenses puedan presentar cargos en lo que está siendo descrito como el mayor caso de corrupción venezolana visto hasta ahora.
Según las autoridades estadounidenses, el esquema ilegal hacía uso del controversial esquema cambiario para multiplicar en pocos meses los montos invertidos inicialmente, siendo las ganancias mil millonarias luego depositadas en cuentas suizas.
La investigación se centra en el pago de inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas creadas ad hoc otorgaban a PDVSA préstamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial.
En marzo y en mayo de 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) envió solicitudes de asistencia mutua a Suiza como parte de la investigación. En tres sentencias del 6 de enero de 2020, los jueces suizos validaron la entrega a la justicia estadounidense de toda la documentación bancaria relativa a la solicitud, al rechazar las apelaciones de los investigados que buscaban bloquear la entrega de los documentos bancarios.
Las solicitudes de asistencia mutua estadounidense se dirigen al francés Charles-Henry de Beaumont, ex gerente de activos de la Compagnie Bancaire Helvétique CBH, y a los banqueros venezolanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, según informa Gothman City, medio suizo especializado en delitos económicos.
La mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, señalaron las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos suizos, según El Miami Herald, que afirma tener copias de las cartas de «asistencia legal mutua» que resume todas las transacciones.
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El caso de 4.500 millones de dólares es el más reciente y el mayor de tres investigaciones distintas realizadas desde Miami sobre las operaciones de «Cleptócratas» venezolanos que han producido hasta el momento cargos contra una docena de acusados, incluyendo al ex Tesorero de la nación petrolera, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable en el 2017.
La nueva investigación, adelantada por la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, se ha centrado sobre las presuntas transferencias de fondos malversados en la Pdvsa de Rafael Ramírez a cuentas bancarias, propiedades de bienes raíces y otros activos en Miami y Nueva York.
Las figuras centrales del caso son los hermanos Oberto, integrantes de una familia de banqueros que residen en apartamentos de lujo en Miami Beach. El Miami Herald y el Nuevo Herald describieron el papel que jugaban en el presunto esquema de lavado de dinero en un artículo publicado en noviembre.
Se sospecha que los hermanos Oberto establecieron un sistema de fraude cambiario mediante un préstamo concluido en 2012 con PDVSA.
Ahora, el Herald sostiene haber obtenido información que confirmaría que el caso de los 4.500 millones de dólares también implica a los venezolanos Alejandro Betancourt y Francisco Convit que habrían utilizado cuentas bancarias a nombre de compañías de fachada.
Estados Unidos ha pedido a Suiza que transmita la documentación bancaria de cinco empresas que recibieron transferencias sospechosas en 2012 y 2013.
Dos de ellas pertenecerían a Alejandro Betancourt: la panameña Calandra Business SA e IPC Investments Corp, constituida en Barbados, que habrían recibido un total de 124 millones. Los informes señalan que tanto la compañía fantasma panameña Banstead Assets SA, así como Vencon Holdings Investments Inc, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, que pertenecerían a Francisco Convit, recibieron 72 millones.
Las cuentas utilizadas habrían sido abiertas y operadas con la ayuda de los banqueros de EFG y CBH, respectivamente, Pedro Binaggia y Charles Henry de Beaumont. La solicitud de ayuda mutua estadounidense señala que este último «habría recibido 22 millones de dólares estadounidenses a través de comisiones, parte de las cuales se habrían utilizado para comprar bienes raíces en los Estados Unidos».
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Convit también enfrenta cargos por la operación de lavado de dinero denominada Money Flight o Fuga de dinero por 1.200 millones de dólares, ante una corte federal de Florida, mientras que Betancourt es nombrado como presunto conspirador en ese mismo caso de 2018, aunque aún no se han formalizado cargos contra él.
El Departamento de Justicia también investiga el caso Gazprombank Latin America Ventures B.V., una compañía constituida en los Países Bajos, por una transferencia sospechosa de casi 35 millones de dólares recibidos en una cuenta suiza en marzo de 2013.
Según el periódico El Confidencial, esta suma provino de Derwick Oil & Gas Corporation, un vehículo financiero propiedad de Alejandro Betancourt y Francisco Convit, en el marco de una asociación con el banco ruso Gazprombank para explotar el petróleo venezolano.
En febrero de 2018, la autoridad financiera de Suiza sancionó a la filial suiza de Gazprombank por haber «infringido gravemente» las normas contra el lavado de dinero. Esta sanción estaría vinculada a la transferencia de fondos entre Derwick y Gazprombank LAV.
Los investigados intentaron impugnar la asistencia mutua argumentando «en base a su amplia experiencia en el mercado venezolano, que el ejecutar un contrato que prevea el préstamo de bolívares por una compañía venezolana a PDVSA y luego el reembolso en dólares, a la tasa preferencial fijada por Venezuela, por la compañía petrolera a una compañía domiciliada en el extranjero, sería una práctica común y legal».
También intentaron oponerse a la transmisión de información relacionada con «la audiencia de un ex ejecutivo de un banco, realizada en el marco del procedimiento de asistencia mutua».
Sin embargo, los jueces suizos desestimaron todas las apelaciones. El caso sigue adelante.
