Reflexionar sobre la relación que guardan impunidad y corrupción desemboca, necesariamente, en el papel de los empresarios como línea de defensa para combatir esos males, pues sólo con su participación podremos abatirlos; y si bien la responsabilidad del Estado es permanente, no deja de ser insuficiente. Así lo reseña Salvador Nava para El Financiero.
El mercado laboral demandará especialistas en compliance dentro y fuera de la empresa
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «la impunidad es la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de conductas delictivas»; sin embargo no se reduce a lo jurídico, pues también involucra diversas condiciones sociopolíticas que la alimentan, como la corrupción.
Corrupción e impunidad son fenómenos indisolubles; causa y efecto en reciprocidad, la agudización de una genera la profundización de la otra. En sentido contrario, el combate a la corrupción es también un combate a la impunidad; y en la medida en que los actos de corrupción sean prevenidos, investigados y sancionados, el nivel de impunidad, naturalmente, disminuirá en la misma proporción.
La tarea de enfrentar ambas realidades no solo corresponde al gobierno; los empresarios en particular y la ciudadanía en general, compartimos un nivel de responsabilidad considerable en el auxilio para su erradicación. Las redes de corrupción son complejas y conllevan la participación de muchos. No denunciar, hacerse de la vista gorda y no señalar socialmente al corrupto aumenta la impunidad.
Las acciones de compliance anticorrupción a las que están obligadas las empresas en México cobran especial relevancia si se toma en cuenta que la impunidad es parte y consecuencia de la corrupción. Si los empresarios solapan o encubren actos de corrupción de sus empleados, contribuyen a un ambiente empresarial nocivo que nutre la incultura corrupta que nos asedia.
