Con el mundo entero luchando para frenar el avance del coronavirus, muchos países se enfrentan con un gran desafío a la hora de poder costear el equipamiento sanitario y hospitalario necesario para contener la pandemia. Con información de BBC.
Otro paso clave para recuperar el dinero de la corrupción en Argentina
Pero dos países latinoamericanos han encontrado una forma original de conseguir algunos de estos recursos extras.
Argentina y Colombia utilizan bienes incautados del narcotráfico y otras actividades delictivas para reforzar sus sistemas sanitarios ante el avance del virus.
Desde autos a inmuebles que pertenecían a presuntos criminales son utilizados para trasladar o alojar a enfermos de coronavirus, o para aislar a personas en riesgo debido a la pandemia.
Esto es posible gracias a una figura jurídica llamada «extinción de dominio«, que aplica a bienes presuntamente adquiridos de forma ilegal. Básicamente permite que las pertenencias malhabidas de personas acusadas de delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, terrorismo o corrupción puedan quedar a disposición del Estado.
¿Cómo funciona?
Las personas investigadas por estos delitos normalmente enfrentan un proceso penal, y sus bienes, en los países que no tienen un régimen de extinción de dominio, recién pueden ser decomisados si la persona es condenada (algo que puede tardar años).
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Con el mecanismo de extinción de dominio el procedimiento es mucho más veloz. Apenas un juez penal dicta medidas cautelares sobre bienes sospechosos de provenir de origen criminal, estos bienes pasan inmediatamente al fuero civil, donde se decide sobre su posible decomiso.
Es decir, incluso antes de que un sospechoso es procesado e imputado por la justicia, todo aquello que se presume adquirió gracias a actividades ilícitas pasa a manos de la Justicia civil.
Esta puede aplicar la extinción de dominio sobre esos bienes, lo que hace que el sospechoso pierda sus derechos de propiedad sobre ellos. Esos bienes pasan entonces a manos del Estado y son administrados por entes creados especialmente para ese fin.
En Colombia, donde la extinción de dominio se aprobó por ley en 2014, ese organismo es la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En Argentina, que aprobó el régimen a comienzos de 2019 a través de un decreto del entonces presidente Mauricio Macri -quien no pudo hacer aprobar el proyecto en el Congreso- es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Contra el covid-19
Estas dos naciones no son las únicas de la región que tienen esquemas de este tipo. También Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia cuentan con figuras jurídicas similares en su legislación, al igual que varios otros países en el mundo.
Sin embargo, Argentina y Colombia son los primeros dos que le han dado a este recurso un uso puntual en la lucha contra el coronavirus.
Hasta ahora, los bienes incautados de actividades ilegales eran usados o subastados para financiar a las organizaciones que luchan contra el crimen organizado, o para ayudar a las personas con menos recursos.
Pero el enorme desafío que representa la pandemia llevó a que hoy se utilicen como parte de la estrategia para contener el avance del virus.
El primer ejemplo de ello ocurrió en el norte de Argentina el pasado 21 de marzo, tres semanas después de que ese país registrara su primer caso de coronavirus y un día después de que se decretara una cuarentena obligatoria nacional.
La AABE le entregó al gobierno de la provincia de Salta -un popular destino turístico- dos hoteles, para alojar a viajeros extranjeros procedentes de zonas de riesgo.
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Los hoteles eran dos de las decenas de propiedades que pertenecían al clan Loza, una organización narcocriminal internacional que fue desbaratada en 2018, y cuyos bienes se convirtieron en los primeros recuperados gracias al régimen de extinción de dominio argentino.
