En los últimos días, la armada argentina ha protagonizado espectaculares persecuciones en altamar tras sorprender a barcos pescando ilegalmente al interior del territorio marítimo de ese país. Estos operativos llevaron incluso a la detención de dos embarcaciones: una china y otra portuguesa. Así lo reseña un informe de Mongabay.
Estos eventos, sin embargo, no son una novedad. Desde hace décadas el mar argentino es invadido todos los años por barcos extranjeros que buscan capturar calamares gigantes (Illex argentinus). Las naves que cruzan la frontera marítima para pescar ilegalmente, sin embargo, son una mínima porción de la enorme flota pesquera compuesta por barcos de diferentes nacionalidades que operan sin límites justo del otro lado de la línea imaginaria que divide el mar de Argentina de las aguas internacionales. Nadie sabe qué capturan ni cuánto estas embarcaciones que se mantienen durante más de un año en el mar, sin volver ni una sola vez a puerto.
Mientras esas actividades se registran de ese lado de América Latina, en el océano Pacífico científicos y expertos, que trabajan en conservación marina, no ocultan su preocupación frente a las consecuencias que pueda traer la actual reducción de monitoreos a embarcaciones producto de la crisis del coronavirus.
Pesca ilegal en tiempos del coronavirus
Una de las consecuencias de la crisis del COVID-19 es que los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) han disminuido su cobertura de observadores científicos a bordo, es decir, las actividades de pesca están siendo menos monitoreadas.
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La razón, según Pablo Guerrero, director de pesquerías del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Ecuador, es que la crisis actual ha provocado que haya limitaciones en los viajes internacionales y, por lo tanto, los observadores no puedan moverse de un lugar a otro. «Para poner gente a bordo de barcos tienes que tener la capacidad logística de mover ese personal. Por ejemplo, si un barco atunero de bandera ecuatoriana está en Panamá, porque llegó a desembarcar allá, hay que enviar a un observador desde Guayaquil o Quito hacia ciudad de Panamá [para que acompañe el barco en su regreso a Ecuador]», explica Guerrero. Debido al cierre de fronteras y aeropuertos, mientras dure este período de cuarentena, las OROP han pedido que sean los capitanes de barcos los que llenen con información sus bitácoras de pesca.
Científicos y conservacionistas están preocupados por esta situación. Los observadores cumplen la función de recolectar información científica y de fiscalizar que las medidas de conservación se cumplan, por lo que su ausencia podría dejar la vía libre para las malas prácticas pesqueras.
Un grupo de 19 organizaciones ambientales —entre las que se encuentran The Pew Charitable Trusts, IPNLF, Oceana, WWF, Global Fishing Watch o Environmental Justice Foundation— firmó una carta pidiéndole a la OROP que evite las suspensiones a largo plazo de las medidas de monitoreo, control y vigilancia. «La eliminación de elementos clave de monitoreo como la cobertura de observadores humanos, prohibiciones de transbordo en el mar, inspección de puertos y embarque e inspección en altamar debilitaría los vínculos que mantienen la verificabilidad de las actividades relacionadas con la pesca en toda la cadena de suministro de mariscos», señala la carta.
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Aunque las organizaciones precisan que entienden que existen dificultades para «cumplir con los requisitos de cobertura de observadores humanos en este momento, dadas las restricciones de viaje generalizadas en muchas regiones y la preocupación muy real y legítima de que el virus se transmita y luego sea llevado a tierra», proponen medidas alternativas para evitar que el relajo de la fiscalización traiga consecuencias nefastas. Algunas de ellas apuntan a priorizar el monitoreo electrónico de embarcaciones, dedicar recursos adicionales al análisis de datos de las señales satelitales de posicionamiento que tienen las naves, aumentar las inspecciones portuarias, entre otras.
