La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la antigua administración y, —que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó— tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo «encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO». El caso, que involucra al político de la Florida se presentó hace 3 años ante las gerencias de CITGO, y desde Febrero 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora?. Así lo reseña un informe publicado por Maibort Petit.
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Una demanda por incumplimiento de contrato —interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y Michael Gottlieb]— fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020. En la querella, PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, —una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera— devuelva al menos 15 millones de dólares (más intereses) por servicios ‘de cabildeo’ que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.
Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: «Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé». Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, «estaban al tanto de todo». No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en Estados Unidos.
¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?
La demanda fue interpuesta por uno de los abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb —quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro— ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política explican la relación Palacios-Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación.
El pago corrupto
Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: «la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta». En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.
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Por aquel entonces, se presentó una factura para justificar un pago de 15 millones de dólares a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de la ‘factura’, que —a decir de muchos— era un simple papel, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarla. A todas luces se veía que «era una operación de la lavado de dinero«, sostuvieron dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
La factura «por servicios profesionales» era por el monto de 15 millones de dólares, y «se pagó por una orden de arriba». Para ese momento, José Pereira (actualmente preso en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser.
CITGO pagó la factura a la empresa del excongresista David Rivera, y «todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo». La aprobación del pago de los 15 millones de dólares violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.
