El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas (designado por Juan Guaidó), Humberto Prado, informó que entre el 1ro de enero y el 31 de marzo fueron asesinadas 158 personas a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en todo el territorio nacional. Con información del Centro de Comunicación Nacional.
Informe | 125 personas murieron a manos de funcionarios policiales entre enero y abril de 2020
Prado dijo que esta cifra es el resultado del primer monitoreo trimestral de 2020, llevado a cabo por la Comisión que él lidera y publicado en el informe titulado «Letalidad e Impunidad: Balance de las Actuaciones Ilegales Ejecutadas por las FAES en el Primer Trimestre del año 2020», en el cual se hizo seguimiento a violaciones con el objetivo de iniciar las acciones pertinentes.
«Desde su creación hasta la actualidad, las FAES ha estado fungiendo como grupo de exterminio a beneficio del régimen, dedicado a la constante violación del derecho a la vida, la libertad personal y de expresión», manifestó Prado este martes a través de su cuenta personal de Twitter.
La Comisión destacó que durante el primer trimestre de 2020 se observó que la mayoría de las ejecuciones siguieron el mismo procedimiento: «Las víctimas fueron buscadas en sus hogares, obligadas a abandonar sus casas, golpeadas fuertemente y los ejecutaron con disparos en el tórax».
El informe señala que las entidades con mayor número de ejecuciones son Lara, Zulia y Aragua con 38, 18 y 16 víctimas fatales, respectivamente. En Distrito Capital, Miranda, Táchira y Lara se produjo el mayor número de detenciones arbitrarias.
«Asimismo, fueron responsables de la ejecución de 6 actos de hostigamientos, donde intimidaron, coaccionaron y agredieron a las víctimas y a sus familiares sin importar que algunas fueran menores de edad», agregó el Comisionado.
El informe confirmó que las FAES es el ente encargado de la realización de 16 allanamientos arbitrarios. De ellos, 44% se practicaron en el curso de una ejecución extrajudicial, 37% en el contexto de una detención arbitraria y 19% restante como estrategia para intimidar y amedrentar a las víctimas.
Igualmente, recalcaron que 67% de las detenciones se produjo en el mes de marzo, es decir, que 64% fueron realizadas en el contexto del estado de alarma, decretado por el régimen el pasado 13 de marzo de 2020 por el COVID-19. Esto fue denunciado por la comisión en numerosas ocasiones.
«La Comisión Presidencial para los DDHH, consciente de la gravedad de los hechos expuestos en el balance, exhorta a realizar todas las acciones pertinentes para desarticular de forma inmediata las FAES y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente», aseveró Prado.
La Comisión informó que el documento fue enviado a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) y demás instancias internacionales.
