El aumento del precio del combustible es una medida esperada, sana para la economía venezolana y fundamental para eliminar uno de los grandes incentivos de la corrupción. Sin embargo, el esquema diferenciado aprobado por Maduro sostiene el riesgo de corrupción, al establecer dos precios de venta y no presentar soluciones efectivas para garantizar transporte público de calidad y accesible a la mayoría de los venezolanos, ante el pésimo nivel de ingreso salarial. Así lo reseña un informe de Transparencia Venezuela.
Venezuela pone fin a los tiempos de la gasolina “regalada” y pasa a ser un lujo
Luego de la llegada a Venezuela de cinco tanqueros iraníes, el gobierno de Nicolás Maduro informó de un necesario incremento en el precio de la gasolina, porque el combustible es importado y “hay que pagarlo”. No obstante, después de décadas de subsidio y a pesar de la crítica situación financiera, el gobierno de Maduro mantiene aún una gran subvención al combustible de vehículos particulares, lo que permite que persistan las grandes ganancias de la red ilegal, con las conexiones suficientes para que el negocio goce de impunidad. El subsidio a la gasolina para los vehículos particulares, en lugar de la inversión de recursos en un transporte público de calidad, es una de las políticas regresivas que genera mayores ganancias en el mercado negro interno e incentiva el contrabando.
En este contexto, las preguntas son ¿Por qué Venezuela se quedó sin gasolina? ¿Por qué no se produce, cuando llegamos a registrar 1,3 millones de barriles de productos refinados diarios, y no solo se cubría el mercado interno, sino que se podía exportar para generar ingresos? ¿Por qué importamos 1,5 millones de barriles de gasolina en este momento? ¿Hasta dónde cayó la actividad de las refinerías y cuánta gasolina estamos produciendo internamente?
La práctica de “regalar” el combustible contribuyó a terminar de hundir a la industria petrolera, a un costo para el Estado venezolano de unos 10 mil millones de dólares anuales, que han podido utilizarse para mitigar el impacto de la emergencia humanitaria compleja que hoy padecen los venezolanos. Las tarifas irreales, que llevaron al colapso de todos los servicios públicos, contribuyeron a lo que se pensaba era imposible: dejar sin gasolina a un país petrolero y con las mayores reservas de crudo probadas del mundo, otrora signo de riqueza y oportunidades, hoy prueba de la debacle nacional.
Venezolanos pagan gasolina en el mercado negro a precio de Hong Kong
Las administraciones que han controlado el país y la industria petrolera durante los últimos 21 años deben rendir cuentas y dar la cara por la destrucción del sistema de refinación nacional, el saqueo y la dilapidación de la producción, al propiciarse el contrabando y las exportaciones sin ningún beneficio para la nación. Además, la imagen de la industria petrolera se ha visto enlodada por numerosas denuncias e investigaciones de corrupción en los sistemas judiciales de otros países.
Esquema diferenciado, la misma corrupción
El esquema de aumento de precio de la gasolina, anunciado por Maduro luego de meses de escasez y restricciones en el consumo, producto del despilfarro, dispone de estaciones de servicio para surtir combustible subsidiado y otras para la venta a “precio internacional”. El nuevo costo con subsidio es de $0,027 por litro y el internacional es de $0,5 el litro. Es decir, llenar un tanque de 40 litros cuesta $1 en algunas gasolineras y $20 en el resto. El modelo establece, además,el control del precio subsidiado a través del Carnet de la Patria y el “premium”, a cargo de empresarios con licencia para importar combustible, en establecimientos donde no habrá restricciones a la venta ni al consumo y con posibilidad de pago en bolívares, petros y divisas.
La diferencia genera una oportunidad para el abuso, atractiva para personas inescrupulosas que confíen en la impunidad de sus acciones. Es una oportunidad para la corrupción. Pero, el sistema de subsidio directo para la compra de gasolina tampoco garantiza que se aplique sin discriminaciones.
Por otra parte, el esquema deja muchas dudas sobre el acceso efectivo a combustible para el transporte público, de carga y distribución de bienes esenciales. Sobre la inversión en transporte, que realmente resolvería el problema de movilidad de las grandes mayorías del país y reduciría la necesidad de vehículos particulares, no se tiene noticias.
