La Pandemocracia es el título del último libro del filósofo español Daniel Innerarity, que nos invita a reflexionar sobre cómo la Covid-19, en su cruel e inédita expansión, sin ver fronteras, nos iguala a todos como víctimas directas o indirectas.
En algunas naciones la reacción a la pandemia ha fortalecido la gestión transparente con control democrático y eficiencia. Sin embargo, en otros casos, ha habido negacionismo en una apuesta al sálvese quien pueda, mientras que en los sistemas autoritarios, se han reforzado la hegemonía, el control político y el social.
Aunque el autor en su ensayo se refiere a Israel, China y Hungría cuando usa el término coronadictadura, yo voy a utilizarlo – por supuesto, sin comprometer a Innerarity – en el caso de Venezuela, ratificando lo que algunos analistas definen como el inventario de obviedades al caracterizar la tragedia que padecemos los venezolanos, cuyo principal responsable es, sin duda, Nicolás Maduro.
La crisis humanitaria, que el régimen se negaba a reconocer y ha tratado de tapar con la cuarentena, se agrava de manera exponencial al sumarse a la pérdida de vidas por la violencia, el hambre, la falta de medicinas, agua, electricidad y gasolina, ahora la certeza de la pandemia que, según la Sociedad Científica, tendrá efectos devastadores.
El informe de los académicos señala un subregistro de casos sintomáticos «que fluctuaría entre el 63 % y el 95 %» hasta el pasado 23 de abril. Ese subregistro pone en duda los datos oficiales publicados hasta ese momento por el régimen, que cifraba en 440 las personas contagiadas en Venezuela y 10 las fallecidas como consecuencia de la COVID-19.
Advierten los científicos venezolanos que el pico de la pandemia llegará entre junio y septiembre, cuando podrían producirse entre 1.000 y 4.000 nuevos casos diarios, con menos de 100 camas con ventiladores en las unidades de cuidados intensivos de todo el territorio nacional.
A esto se suma que la mitad de los hospitales no tiene servicio continuo de agua ni de electricidad ni tampoco ambulancias y prácticamente no cuentan con suficiente personal de enfermería ni especializado como internistas, emergenciólogos, intensivistas, infectólogos, virólogos, neumonólogos ni epidemiólogos.
Igualmente, de acuerdo con el informe de situación publicado el 22 de mayo por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la inmensa mayoría de las pruebas realizadas por el régimen han sido test rápidos de sensibilidad limitada. Solo un 2,3% corresponden a pruebas PCR, las consideradas más fiables por la Organización Mundial de la Salud.
Además, el régimen ha autorizado la realización de las pruebas diagnósticas solo al Instituto Nacional de Higiene, ubicado en Caracas, lo que limita la capacidad de detectar la penetración del virus en el resto del país. El hecho de no querer incorporar a clínicas privadas y universidades a la realización de las pruebas pone en evidencia que lo que se persigue realmente es el control de la información antes que el combate a la pandemia.
Según los datos del Colegio Nacional de Periodistas, 18 comunicadores han sido detenidos desde que Maduro decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. A ellos se suman 3 médicos de los estados Aragua, Lara y Nueva Esparta, solo hasta el mes de abril. Ya en el estado Zulia se evidencia el desbordamiento en la atención a los enfermos en medio de las amenazas del nefasto gobernador Omar Prieto contra el personal sanitario y los periodistas. Igualmente, los académicos que publicaron el informe de la Sociedad Científica también han sido objeto de amedrentamiento.
En medio de esta compleja y urgente situación, y en defensa de la vida, la comunidad internacional propició un acuerdo entre la Asamblea Nacional representada por el doctor Julio Castro, como asesor en temas de salud del parlamento que preside Juan Guaidó; por Carlos Alvarado, quien funge como ministro de Salud del régimen y por Gerado de Cosio en nombre de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se abre así un espacio para que los expertos coordinen y planifiquen las acciones que se requieren para evitar el contagio masivo del virus y por lo tanto más muertes.
La OPS debería crear una mesa de trabajo con representantes de las academias de ciencias y demás expertos (virólogos y epidemiólogos) que puedan aportar sus conocimientos para un manejo óptimo de los recursos. Hay que superar las trabas burocráticas y políticas de la OPS creando mecanismos expeditos propios de una emergencia a los fines de agilizar la procura de los insumos con la urgencia del caso.
Sería simplista y un error que el acuerdo fuera solo para la aprobación de recursos. La procura de los insumos debe hacerse de manera transparente y de acuerdo a la información epidemiológica del comportamiento del Covid-19 atendiendo a los datos científicos y no a la manipulación que busca el aumento del control social con fines autocráticos.
Los equipos para proteger al personal sanitario y para atender a los enfermos deben llegar directamente a los directores de los hospitales, públicos y privados, sin pasar por el filtro ilícito del PSUV.
Es evidente que estamos ante una gravísima emergencia.
Como hemos sostenido, la propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional es hoy más necesaria que nunca. A través de un Consejo de Estado, integrado por todos los sectores políticos y sociales, se asumiría el liderazgo y la gestión pública para atender la emergencia humanitaria e institucional agravada por la pandemia, así como la realización de elecciones libres, como primer paso en la transición hacia la democracia.
Por ello es indispensable que la designación del CNE, el árbitro de las elecciones, sea producto del acuerdo y la negociación.
La palabra virus en Latín significa veneno.
¡Basta ya!
No podemos dejar que el virus del odio continúe destruyendo y matando a un pueblo, desconociendo de ese modo los enormes esfuerzos que sigue haciendo la comunidad internacional a fin de encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional para salvar a Venezuela.
