No es una novedad que los calabozos de los centros de detención policial en Venezuela están peligrosamente abarrotados. Según lo estipulado por la ley venezolana, las personas privadas de libertad deben permanecer un máximo de 48 horas en estos recintos, pero la realidad es que duran años e incluso cumplen sus condenas allí. Así lo reseña un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones.
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El Ministerio de Servicios Penitenciarios no autoriza los traslados a las cárceles, lo que ha contribuido a que el sistema colapse de tal manera que en un área con capacidad instalada para 20 personas, actualmente sobreviven más de 100 presos en condiciones inhumanas y en flagrante violación a sus derechos humanos.
Como podría preverse, los problemas de las cárceles se han trasladado a los centros de detención policial, hay armas dentro de las celdas e incluso se han constituido “pranatos” o liderazgos negativos.
Durante 2019 la violencia aumentó dentro de los calabozos, las riñas o ajustes de cuentas entre internos fueron la principal causa de muerte, seguido por intentos de fuga que culminaron en presuntos enfrentamientos.
Según los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 191 privados de libertad fallecieron dentro de calabozos policiales en 2019, 104 de ellos en hechos violentos; mientras que otros 128 resultaron heridos.
Uno de los hechos más trágicos del 2019 ocurrió en los calabozos de PoliPaez en el estado Portuguesa, donde asesinaron a 30 reclusos tras varios días de protesta. En ese momento, los familiares denunciaron la participación de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes presuntamente dispararon contra la población penal con la excusa de retomar el control.
Por otra parte, cabe destacar que la alimentación de cada privado de libertad en estos calabozos está a cargo de sus familiares y, aunque comen mejor que los internos de las cárceles, no todos reciben alimentos a diario. Según los deudos, muchos no tienen la posibilidad de comprar comida y mucho menos tienen recursos para trasladarse hasta las comisarías, por lo que entre 60 y 80 % de los reos se ven afectados severamente por la crisis económica que azota al país.
Con respecto a las fugas, 449 presos lograron evadirse de los centros de detención policial; mientras que 2.496 se unieron a huelgas de hambre y 554 a huelgas de sangre, en señal de protesta por el hacinamiento, traslados y cese de los maltratos de los que son víctimas con frecuencia.
