Una multitud de agentes del gobierno de Venezuela ingresaron al hogar con armas pero sin orden judicial y se llevaron a Ariana Granadillo. Durante la semana que siguió la confinaron, golpearon, interrogaron y casi la ahogaron. Después la dejaron irse casi tan intempestivamente como se la llevaron. Así lo reseña un reportaje de The New York Times.
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Su hermana la buscó durante días, incapaz de sacarle información a los funcionarios. A Granadillo, entonces de 21 años, sus captores le dijeron que eran agentes de contrainteligencia. “Nunca, nunca, nunca, nunca me involucré en nada de política”, dijo en una entrevista, pero pronto se enteró de que su calvario no era inusual.
Las detenciones secretas, conocidas legalmente como “desapariciones forzadas” juegan un papel central en los esfuerzos cada vez más autoritarios del gobierno venezolano para controlar a su población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes, según un nuevo informe de dos grupos de derechos humanos que consiguió en exclusiva The New York Times.
El reporte documenta 200 casos similares en 2018 y 524 el año pasado, un alza que atribuye al incremento de protestas conforme Venezuela ha soportado sucesivas crisis económicas y políticas y la respuesta represora del gobierno. Fue producido por Foro Penal, un grupo venezolano que lleva un registro meticuloso de los casos, y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C.
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Los investigadores documentaron numerosos secuestros en los que las autoridades llegaron en vehículos no identificados, no mostraron identificación ni órdenes judiciales, confiscaron celulares y computadoras y dijeron poco al esposar y cubrir la cabeza de los detenidos. Más del 20 por ciento de las víctimas reportaron haber sido torturados durante el cautiverio.
Con el derecho internacional como guía, estos grupos definieron las desapariciones forzadas como aquellas detenciones que duraron dos o más días y en las que, a diferencia de una detención ordinaria, las autoridades estatales se negaron a proveer información sobre el paradero de las personas.
El informe se añade a un gran cuerpo de evidencia de violaciones de derechos humanos cometidas por el presidente Nicolás Maduro y sus aliados, entre las que se cuentan reportes generalizados de tortura y un análisis de Naciones Unidas de que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales.
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Las desapariciones forzadas son consideradas como un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional si se comprueba que suceden de manera sistemática. Los autores del reporte sobre Venezuela dicen que la práctica es “una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos” porque deja a las víctimas “en un estado de absoluta indefensión”.
La táctica recuerda a las de las dictaduras latinoamericanas de derecha a las que Maduro y su antecesor, Hugo Chávez se opusieron desde siempre. Argentina y Chile fueron conocidas por detener —y a menudo asesinar— a personas en los años 70 y 80.
El nuevo análisis encontró que en Venezuela, la desaparición promedio duró poco más de cinco días, lo que sugiere que el gobierno buscaba sembrar miedo y al mismo tiempo evitar el escrutinio que podrían generar las detenciones a largo plazo y gran escala.
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Las motivaciones detrás de las desapariciones parecen variar, de acuerdo a las entrevistas llevadas a cabo por Foro Penal e incluyen extraer información, acallar a los disidentes o remover temporalmente a los opositores de la esfera pública. El año pasado 49 personas desaparecieron tras lo que el reporte llamó “protestas debido a las fallas en los servicios básicos”, como el agua o la electricidad.
El gobierno de Maduro también podría estar utilizando a mujeres como Granadillo como fichas de negociación, al llevarse en ocasiones a las amadas en un intento de aterrorizar a sus parejas.
