La filiación política de funcionarios de la Cuarta Transformación con el régimen venezolano podría generar más de un problema con Estados Unidos, en medio de la campaña electoral de Donald Trump y la puesta en marcha del T-MEC. Así lo reseña un reportaje de Mario Maldonado para El Universal Mx.
México investiga a Libre Abordo y continúa investigaciones de corrupción con los CLAP
La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría dispuesto a vender gasolina a Venezuela por razones humanitarias, a pesar de las sanciones impuestas por Washington a varios funcionarios del país que gobierna Nicolás Maduro, así como a su petrolera estatal PDVSA.
Tal como lo publicó El Universal, el subsecretario de Combate a la Impunidad, Luis Gutiérrez Reyes, considerado la mano derecha de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha sido la sombra de la funcionaria desde que inició la actual administración, pese a su nula experiencia en el área de contraloría o auditoría. Su máxima virtud es haber sido colaborador del gobierno de Maduro en la cadena gubernamental venezolana La Nueva Televisión del Sur.
Otra figura cercana a la 4T caída en desgracia recientemente por presuntas acusaciones de malos manejos como lideresa de Morena -el partido que fundó AMLO-, es Yeidckol Polevnsky, quien simpatiza y tiene ideologías que comulgan con el régimen venezolano.
Como se sabe, la permanencia de Maduro en la presidencia de Venezuela es uno de los principales motivos de frustración para Donald Trump, por lo que está aumentando la presión sobre el régimen venezolano y los empresarios que han contribuido financieramente a su sostenimiento.
FBI investiga a firmas mexicanas y europeas por comercio de petróleo venezolano
La detención, hace unos días, del colombiano Alex Naín Saab desató una serie de acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra firmas y empresarios mexicanos acusados de participar en la comercialización internacional de crudo de Venezuela y en el suministro de alimentos de baja calidad para la población de escasos recursos del país.
Saab es identificado por las autoridades estadounidenses como el principal pretanombres para los negocios de Maduro, y como el responsable de coordinar una red internacional de empresas que se ha encargado de proveer a Venezuela, a las espaldas de Trump, insumos alimenticios, de infraestructura y de movilidad.
En esta columna le detallamos el acuerdo que las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group firmaron con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar por barriles de crudo unas 210 mil toneladas de maíz blanco y mil camiones cisterna, amparadas en los parámetros de Ayuda Humanitaria que permitía la Licencia General 4C del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ambas firmas fueron sancionadas por la OFAC, así como también sus propietarias, Verónica Esparza y Olga María Zepeda, y de paso otro mexicano, Joaquín Leal Jiménez, quien según las investigaciones habría establecido el vínculo trilateral entre las compañías, Corpovex y el zar de los negocios oficiales venezolanos, Alex Saab.
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El mismo días, las cuentas de estas personas físicas y morales fueron bloqueadas por la UIF, y denunciadas por la oficina de Santiago Nieto ante la FGR de Alejandro Gertz Manero. A todo esto hay que sumar también la conclusión de una indagatoria que había solicitado sobre el caso la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle.
El contexto acelera además, las investigaciones sobre la participación de mexicanos en el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocido como despensas CLAP, con el que se enviaron alimentos (desde México) para ser comercializados entre la población vulnerable (de Venezuela) a precios que duplicaban su valor real.
Se trata de una indagatoria que iniciarion la UIF y la PGR de Enrique Peña Nieto y que, en julio de 2019 retomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante las sanciones que en aquel momento impuso la administración de Donald Trump contra 23 personas y empresas que operaban para Alex Saab en siete diferentes países.
En México, según los expedientes de la OFAC, se identificó la constitución y operación desde 2017 de la empresa Group Grand Limited, S.A. de C.V., cuyos representantes legales ante el Registro Público de Comercio son el venezolano Santiago Uzcátegui Pinto y el colombiano Emmanuel Rubio González; este último, sancionado también bajo las Órdenes Ejecutivas de Estados Unidos.
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La empresa junto con la razón social turca Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, también vinculada con Saab, registró en México transacciones superiores a 100 millones de dólares para adquirir alimentos a diversas empresas nacionales y trasladarlos desde Veracruz y Altamira hasta los puertos de Venezuela.
