Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de la reciente intervención en Curazao del Banco del Orinoco N.V., una de las joyas del imperio financiero del magnate barinés: se trata de la compra frustrada en 2015 de Televen, uno de los principales canales privados de TV. De esa riesgosa aventura Vargas salió debiendo dinero a un poco recomendable acreedor. Después de dilaciones y presiones, para salir del apremio el banquero tuvo que echar mano a la facturación de sus empresas petroleras. Así lo reseña un reportaje de Armando Info.
Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo
Quien le haya hecho una radiografía al grupo empresarial de Víctor Vargas en Venezuela y el exterior, sabrá que está conformado por una malla de cientos de empresas regadas por el mundo, que incluyen firmas dedicadas exclusivamente a detentar la propiedad de inmuebles, caballos de polo y aeronaves. No fue distinto en el sector petrolero, donde construyó una reproducción fractal de ese patrón. Nada más en Venezuela constituyó varias empresas petroleras, las empresas Cartera de Inversiones Petroleras I y II, estas como canales de inversión, y la proveedora Operaciones de Producción y Exploración Nacionales (Open) C.A. A través de estas, Vargas consiguió participación, ya con el chavismo en el poder, en empresas mixtas donde la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) mantuvo la mayoría.
En una, Lagopetrol, se consorció en 2006 con la petrolera colombiana Hocol -controlada para la época por la francesa Maurel & Prom- y con Ehcopek Petróleo S.A., del grupo zuliano Moschella; en 2012, las acciones de Maurel & Prom fueron adquiridas por otra empresa con sede en Francia, Integra Oil & Gas, pero cuyo accionariado lo domina el polémico ex ministro del Interior del presidente argentino Carlos Menem, José Luis Manzano. Su propósito era el de poner a producir un área del Lago de Maracaibo.
La batalla “legal” de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué viene ahora?
En otra, Petrocuragua, Open hizo dupla en 2007 con CVP para explotar el campo Casma cerca de Anaco, estado Monagas, en el oriente de Venezuela.
Junto a ese organigrama, Vargas levantó en paralelo otra estructura para sus negocios petroleros en Venezuela. En ella sirvió de pilar y fachada un ingeniero petrolero, Rafael Ernesto Ramírez Ruiz, hoy de 66 años de edad, que hacía de accionista único y presidente de la Junta Directiva. En ese esquema, un holding llamado Asesoría Petrolera Integral Nacional (Apin) C.A., registrado en 2001, pero con Ramírez Ruiz desde 2014 como único accionista -hasta entonces, las empresas Inversiones Rufalca y Desarrollos Alse S.A, también habían mantenido participación-, pasó a controlar dos empresas: Asfálticos Venezolanos C.A. (Asfavenca) y Enviromental Solutions de Venezuela C.A. (Esvenca).
Asesoría y gestión de activos, son los servicios que ofrece el grupo Hanson, pero en un folleto publicitario se sincera: “Discreción” es su producto, para la salvaguarda de “los activos a través de estructuras de tenencia seguras y con eficiencia fiscal establecida para el largo plazo y las generaciones venideras” y para “lograr el mayor rendimiento posible según el nivel de riesgo aceptable de cada cliente”.
Esa discreción fue la que Hanson aportó en 2013 para la operación de compra de la Cadena Capriles en Venezuela a nombre de un cliente innombrado y, con toda seguridad, riesgoso: en el argot bancario, probablemente un PEP (Persona Políticamente Expuesta, por sus siglas en inglés), que algunas publicaciones han insistido desde entonces que se trataba de Tareck El Aissami Madah, ex vicepresidente de la República y ex ministro del Interior en el gabinete de Nicolás Maduro, y hoy ministro de Petróleo y responsable de toda el área económica. El Aissami, de 45 años, fue objeto junto a su presunto testaferro, Samark López Bello, de sanciones financieras del Departamento del Tesoro norteamericano en 2017, y se le abrió un juicio por tráfico de drogas y conspiración para lavar dinero en 2019 en un tribunal de Nueva York.
Tanto Hanson como Terörde, socios y fundadores del grupo financiero en Luxemburgo, formaron parte de la primera junta directiva de la Cadena Capriles después de su adquisición en octubre de 2013 por un monto cercano a los 120 millones de dólares. Carlos José Acosta, presidente de esa junta, debió admitir que el comprador nominal, Latam Media Holding, “es propiedad de Hanson Group, establecido en Inglaterra y con inversiones en diferentes países de Europa, Asia y América”. En el directorio también aparecieron al menos tres representantes de Víctor Vargas: los abogados Diego Lepage y Pedro Rendón, además de Ricardo Castellanos García, ex gerente de Comercialización de los diarios El Nacional y Últimas Noticias de Caracas, quien entonces y muy rápidamente se ganó la confianza del banquero. La presencia de sus empleados entre los directores llevó a algunos a pensar que Vargas había sido el comprador del grupo editorial, algo que él mismo desmintió con una afirmación en redes sociales: “No es cierta la compra de Cadena Capriles por parte de BOD Corp Banca ni Víctor Vargas. No es de nuestro interés ni lo permite la Ley de Bancos”.
Vargas tan solo había servido como facilitador financiero para que Hanson adquiriera ese conglomerado de medios a nombre de su cliente. La fórmula se repetiría dos años después en otra transacción, finalmente trunca, por la propiedad de un medio, el canal Televen.
