En lo que va de 2020 la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha documentado cuatro desapariciones ocurridas en 2020, según su más reciente informe. El perfil de los desaparecidos comprende tanto mineros como comerciantes y, en general, todo aquel que tenga una vinculación con el negocio del oro. Con información de Correo del Caroní.
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El monitoreo actualizado de la organización defensora de derechos humanos registra 66 desaparecidos entre 2012 y 2020 en las zonas mineras del sur del estado Bolívar: 11 mujeres y 55 hombres; solo 11 han aparecido. Los casos han sido documentados desde julio de 2019 y sus historias publicadas en noviembre, en alianza con La Vida de Nos.
En ese período, el 2019 fue el año con más desapariciones documentadas: 22 personas desaparecieron entre marzo y diciembre del año pasado. Al menos el 50% de los desaparecidos manifestó que volverían a su hogar en los días próximos, y nunca llegaron.
Algunos familiares emprenden la búsqueda de sus seres queridos por cuenta propia porque desconfían del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), otros emiten la denuncia y otros se resignan a que sus parientes ya no volverán y se entregan al luto, sin cuerpo, por miedo a denunciar, o por desconfianza hacia las autoridades competentes que, o subestiman el caso, o no tienen suficientes equipos para emprender la búsqueda.
13 personas acudieron al Cicpc para denunciar el caso de desaparición de sus familiares, cuatro parientes no acudieron a las autoridades por desconfianza. No se ha comprobado el estatus legal del 74,24% de las denuncias.
El proceso de búsqueda es aún más desesperante cuando tanto la víctima como sus familiares residen en otro estado, ajeno del estado Bolívar. El balance de Codehciu arrojó que 13 personas desaparecidas en Bolívar decidieron movilizarse desde Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Mérida, Miranda, Sucre y Táchira hasta las minas del sur para dedicarse a la minería o a comerciar dentro de las minas y en ese contexto desaparecieron.
El 18,18% de las personas desaparecidas se dedican a la minería, mientras que el 12,12% se dedica al comercio informal dentro de las minas, en municipios urbanos o solo fue a vender un artículo en las minas y nunca regresó.
El Arco Minero del Orinoco (AMO) es el epicentro de una espiral de violencia en la que se enfrentan grupos armados irregulares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y miembros del Ejército Nacional y Guardia Nacional Bolivariana por el control de los territorios mineros.
En medio del conflicto, mineros ilegales que vieron en los yacimientos del sur de Bolívar una oportunidad de soportar la emergencia humanitaria compleja que azota al país desde hace al menos 4 años y que deben someterse a condiciones de trabajo inseguras, deben pagar vacunas de lo que sacan en los yacimientos auríferos toda vez que líderes negativos imponen sus normas con castigos inhumanos.
Los municipios que registraron mayor cantidad de personas desaparecidas son Sifontes (26), Caroní (10) y El Callao (7). En Sifontes desapareció la mayoría de las personas de los casos documentados por Codehciu, es uno de los municipios mineros más violentos.
El pueblo de Tumeremo, en este municipio, responsabilizó por mucho tiempo al Ejército Nacional por cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abuso sexual contra las mujeres, confiscación del oro de los mineros artesanales y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en complicidad con la guerrilla colombiana.
