Un juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y el de cohecho en el caso Odebrecht, ya que se le acusa de recibir sobornos de la empresa brasileña. Con información del miario mexicano Milenio.
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El juez también decretó la libertad condicional a Emilio Lozoya atendiendo a las medidas cautelares impuestas, sin prejuicio de que pueda ser privado de este derecho con motivo de la existencia de alguna otra causa del orden federal.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
El juez declaró que este delito se deberá atender a las dos etapas a las cuales se desarrolló dicha actividad, la cual entra al 1 de diciembre de 2021, en la cual Lozoya no era servidor público y una segunda etapa que tiene lugar a partir del año 2013 y culmina durante el año 2014, tiempo en el que el ex funcionario fue director general de Pemex.
Asociación delictuosa
El juez determinó que se comprobó la intervención de más de tres personas vinculadas con la finalidad de «materializar conductas ilícitas, contempladas en el artículo 164 del Código Penal Federal», en los que se estableció que una vez allegados los recursos de Norberto Odebrecht se especificaron los mecanismos de empresas hacia su círculo familiar.
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¿Cómo participaron sus allegados?
– La madre abrió la cuenta para recepción de transferencias.
– La esposa adquirió un bien inmueble de Guerrero usando un fideicomiso.
– La hermana se benefició al realizar apertura de cuentas para los depósitos.
Los tres omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendatarias.
Cohecho
Mientras que en el delito de cohecho, el juez explicó que como servidor público recibió 6 millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht, a través de asignación de obras de forma directa para obtener beneficios económicos.
El juez dijo que esto se ha explicado a través de la denuncia de Pemex y UIF como fue la recepción de recursos y transferencia para adquisión de bien inmueble que liquidó a través de 3 pagos en 2013. Así como de la denuncia de testigos brasileños en la corte de Estados Unidos de que dieron dinero a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana.
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“En complemento a los datos de prueba derivados de la colaboración internacional, se cuenta con las traducciones de lo resuelto en el delito de fraude de los testigos brasileños donde explicaron los sobornos a funcionarios entre ellos los 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano de alto rango que controlaba una empresa del Estado para recibir los contratos de obra», comentó.
