Nicolás Maduro adelantó el día de la Virgen de Las Mercedes. Hasta hace poco tiempo, era tradición que cada 24 de septiembre, cuando se celebra la fecha de la llamada Patrona de los Presos, los presidentes de turno otorgaran perdones a reos por delitos considerados poco graves, y que habían mostrado buena conducta. Pero lo ocurrido el lunes 31 de agosto es un proceso de naturaleza y propósitos totalmente distintos y mucho más complejos que el que tradicionalmente desemboca en el día de Las Mercedes. Así lo reseña un reportaje de Javier Mayorca para Crímenes Sin Castigo.
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Lo que se ha puesto de relieve inicialmente es la cantidad de indultos decretada ese día (110), en su mayoría para personas que aún no habían recibido sentencia, o cuyos procesos están paralizados pues ni siquiera están en el país, lo cual ha sido punto de debate entre juristas. Algo similar -aunque guardando las distancias- a las medidas otorgadas en sus respectivos momentos a Larry Tovar Acuña y al general de brigada Ramón Guillén Dávila. Sin duda, eran otros tiempos y otras leyes.
Simultáneo a los perdones presidenciales, los tribunales han impartido medidas cautelares de casa por cárcel. La más relevante ha sido la que beneficia al diputado Juan Requesens, enjuiciado en el caso del “magnicidio frustrado”, quien desde el 28 de agosto se encuentra en su residencia. Luego, otros presos han abandonado las celdas del Sebin, la Dgcim y Ramo Verde, como por ejemplo el líder sindical de la CVG Ferrominera del Orinoco Rubén González.
Los indultos y estas medidas cautelares, aunque emitidos por autoridades distintas, forman parte del accionar de un mismo régimen. El objetivo de fondo entonces no es hacer justicia sino alcanzar ciertos propósitos políticos.
Las tácticas aplicadas ahora parecieran ser las mismas de otros momentos. No en balde, el director del Foro Penal Alfredo Romero ha acuñado la expresión “puerta giratoria” para describir el proceso en el que unos presos políticos salen de sus celdas, para que casi de inmediato esos espacios sean ocupados por otros opositores. Hay la sospecha de que todas estas libertades pronto serán revertidas.
Pero en realidad hay matices con respecto a lo visto en otras oportunidades. Por ejemplo, en la liberación del activista Yon Goicoechea, en noviembre de 2017, jugó un rol fundamental el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) general en jefe Gustavo González López, quien en nombre del régimen quería pactar la participación del dirigente en la elección municipal de diciembre de ese mismo año, con lo que se desvirtuaba parcialmente la decisión de los grandes partidos de retirarse de aquel proceso.
Ahora González López ha pasado a un segundo plano en la negociación, por más que él asegure que nada ocurre puertas adentro del Helicoide sin su consentimiento. Según fuentes con conocimiento directo de este proceso, la primera intervención del grupo liderado por Henrique Capriles fue en diciembre de 2019, cuando se produjo un acercamiento entre él y el parlamentario Requesens. En esa oportunidad, el ex gobernador de Miranda fue acompañado por Carlos Ocariz.
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En los primeros cinco meses de 2020, ocurrirían otros dos encuentros, con el diputado Stalin González ya incorporado. En ellos, Capriles no descubriría abiertamente su interés en fomentar la participación de individuos específicos en las venideras elecciones, pero sí sostendría que esa es la única ventana de oportunidad para lograr cambios políticos en el país. Para él las alternativas de un golpe militar o una intervención extranjera son escenarios cada vez más remotos.
