Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante 12 años la mayor exportadora de soya de Bolivia, Gravetal. La empresa privada, asentada en el departamento de Santa Cruz, es considerada un gigante agroindustrial en el rubro de las oleaginosas, uno de los más competidos del mercado agrícola internacional. Ha vendido en la última década más de 1.800 millones de dólares, incluidas cuantiosas sumas en materia prima a empresas públicas venezolanas. Así lo reseña uno de los reportajes de Chavismo INC, la investigación realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas.
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En la página web de la exportadora se afirma que en 2008 “empresarios bolivianos” compraron la compañía. Nada se dice sobre el impulso y los recursos millonarios que empresas filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corporación pública que entonces dejaba ganancias siderales al gobierno de Chávez, dieron a una firma con tres semanas de existencia y un capital de menos de 15.000 dólares para adquirir 99 por ciento de las acciones de la principal soyera de Bolivia. Esa compañía recién creada, denominada Inversiones de Capital Inversoja, fue el vehículo que finalmente permitió a un diputado del partido de Evo Morales tomar el control de Gravetal y disimular la mano venezolana.
Juan Valdivia Almanza, presidente y accionista mayoritario de Gravetal, no había concluido en Bolivia el mandato como diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2010, cuando se dio la transacción que formalmente lo puso al frente de Gravetal. Un antiguo colega presentó una denuncia en su contra en el Ministerio Público por delitos que incluyen la legitimación de capitales y la defraudación impositiva en conexión con el manejo de la empresa Inversoja, cuyos balances auditados están llenos de irregularidades, según el denunciante, incluida la no declaración oportuna de la compra de Gravetal y el ocultamiento del dato en la declaración jurada que presentó al terminar su función parlamentaria.
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A Valdivia Almanza lo han acompañado en el directorio de Gravetal casi una decena de funcionarios públicos venezolanos que, con nula rendición de cuentas al público, fueron directivos de Gravetal hasta noviembre de 2019. La mayoría han estado relacionados con el Ministerio de Alimentación de Venezuela, entidad que ha sido controlada principalmente por oficiales del Ejército, algunos de los cuales han sido denunciados por sobreprecios en la importación de alimentos o incluso han sido sancionados por Estados Unidos.
El funcionario venezolano que más tiempo ocupó en la directiva de Gravetal fue Juan Moisés Lares González. En 2013 estaba en el directorio de la compañía soyera y se desempeñaba simultáneamente en posiciones gerenciales en la estatal venezolana Lácteos Los Andes, que compraba materia prima a la empresa boliviana. Fue denunciado por trabajadores que por esa razón le atribuyeron un conflicto de interés que debía investigarse. La justicia no se hizo eco de las denuncias. Lares González encabeza en el presente una compañía que produce harina de maíz, ingrediente de las arepas, en Venezuela.
