El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos acerca del régimen venezolano y profundiza, amplía e identifica con nombre y apellido a varios responsables de los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en los últimos años. Ha violado todos los derechos humanos y el “socialismo del siglo XXI” deja como legado un país en ruinas, arruinado y maltrecho. La corrupción ha alcanzado cotas inimaginables, como lo han confirmado altos voceros y sus familiares, quienes hoy confiesan sus delitos en las cárceles que hoy habitan (en el neolenguaje de éstos, privados de libertad), un régimen nauseabundo y corrupto sin igual. El saqueo ha sido dirigido y realizado desde el Estado, supuesto garante del interés público, y con la anuencia del partido de gobierno y de las bayonetas que le dan sustento.
Han intentado descalificar y desestimar estos informes y hasta han logrado el apoyo de algunos socios, pero la evidencia contenida en ellos no se puede borrar de un plumazo y pareciera que va siendo tiempo de anteponer la realidad a los dogmas. Escuchando las confesiones hechas por uno de los vicepresidentes, nos preguntamos: ¿Podrá algún vocero del régimen sentirse orgulloso de este legado? ¿Cuál es el límite de la miseria humana?
Otro dossier elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, después de analizar miles de informes de las Oficinas de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), adscrita al Departamento del Tesoros de EEUU, encontró datos del blanqueo y lavado de dinero de un fétida mezcla de mafiosos, terroristas y traficantes que salpica a muchos de manera directa a los voceros del régimen.
Nos enteramos del gran robo hecho a los ciudadanos gracias al coraje de quienes desde distintos medios y portales han pagado su “atrevimiento” de ventilar los temas de interés social, con el cierre del medio de comunicación, la cárcel, el exilio o la muerte. Nuevamente se confirma la importancia medular de la libertad de expresión y del libre acceso a la información como medio de combate de la corrupción.
Las denuncias, con nombre y apellido de políticos y secuaces, sitúan en la parte superior de la agenda el tema del financiamiento de los partidos políticos, la corrupción y la necesidad de encontrar formas de combatirla. Estas acusaciones, hechas con fundamento, no demeritan la centralidad de los partidos políticos, pilares del sistema democrático y de libertades, cuyo funcionamiento resulta inconcebible sin estos. Reivindica, sí, la necesidad de una estrategia para evitarla, minimizarla y sancionar a los responsables de los actos delictivos.
Sobre los partidos recae un buen número de funciones. Ellos operan como bisagras a quienes corresponde conectar el liderazgo con las demandas sociales y, de manera exclusiva, las campañas electorales como medios pacíficos para desalojar del poder a quienes lo han ejercido de manera inadecuada. Esta sería la forma de evitar que continúe el derramamiento de sangre citado en el informe de la ONU. Compete a los partidos políticos la responsabilidad de seleccionar a los candidatos, al personal para el ejercicio del gobierno, proteger la democracia y evitar el acceso de actores no democráticos al sistema político. (Levistsky y Ziblatt; 2018)
Los perjuicios ocasionados a la democracia por actos de corrupción de dirigentes y representantes de los partidos políticos es inconmensurable y ha hecho necesario crear instancias y mecanismos internacionales con el fin de combatir ese flagelo. Para ello, han elaborado guías y manuales de buenas prácticas e identificado formas de regular el financiamiento descontrolado, opaco y hermético, tal y como apunta la Comisión Global de Elecciones, Democracia y Seguridad.
El mantenimiento del sistema democrático y de los partidos políticos supone costos e inversiones de los cuales la sociedad debe tener plena conciencia. Esos recursos financieros hacen posible desarrollar, tanto las actividades rutinarias como las asociadas a las campañas electorales. El financiamiento proviene de donaciones privadas y aportes del Estado. En Venezuela, la Constitución sustituye a los partidos por asociaciones con fines políticos y, de manera taxativa, excluye el financiamiento público de ellas; además, desde el poder, se encargan de entorpecer el financiamiento privado de “los partidos” que lo adversan; ello repercute negativamente en el ejercicio democrático y dificulta el desarrollo de organizaciones políticas sólidas.
Además de dinero para su operación diaria, el partido político lo necesita para acceder a los medios de comunicación, a fin de someter sus agendas y mantener contacto directo con la ciudadanía. La demanda de recursos se hace más aguda en periodos electorales, momento en el cual es indispensable pagar avisos, producir videos e inundar las redes de mensajes atractivos capaces de motivar y convocar a la población.
Aunque resulte obvia la necesidad de financiamiento de la Democracia y de sus pilares, los partidos políticos, este se ha estigmatizado asociándolo a corrupción, en particular al de origen privado e internacional. Se subraya la posibilidad de que el financiamiento privado provenga del mundo del crimen y la droga, como si de tal riesgo estuviese excluido el financiamiento público.
Pese a existir una cierta relación entre invertir más y obtener mejores resultados electorales, es bueno tener presente que una mayor cantidad de dinero no es garantía de éxito político. Esta relación podría explicarse a la inversa: la obtención de mejores resultados actúa como un poderoso imán que atrae dinero, mientras que las derrotas, además de destruir liderazgos, repelen el dinero. El caso Blomberg en EEUU es emblemático, mucho dinero y fracaso, negador del principio de Cyndi Lauper según el cual “el dinero lo cambia todo”. Esto no supone desconocer realidades como la existencia de “grupos políticos de alacranes” que se comportan como organizaciones de lucro sin fines.
El reconocimiento de la necesidad de recursos, por un lado, y el elevado número de denuncias de corrupción por otro, ha llevado a algunos a sugerir que la solución se encuentra en el achicamiento del volumen de dinero destinado a los partidos políticos.
Nos preguntamos si esto ataca la médula del problema o más bien es un nuevo peaje y, por tanto, una nueva fuente de corrupción. ¿No resultaría más idóneo reducir el abanico de tentaciones sobre las cuales el dinero dejaría de incidir?, por ejemplo, eliminando al máximo los controles e interferencias públicas capaces de crear millonarios o indigentes de la noche a la mañana.
En un buen número de países del planeta se recurre a los recursos públicos para financiar a los partidos; es un rasgo prácticamente universal. A favor de esta modalidad de financiamiento encontramos argumentos como aquel según el cual éste reduce las posibilidades de corrupción y evita que los partidos sucumban a los intereses de los donantes privados, el famoso “quid pro quo” o, como dijo en tono bestial el Sr. Maduro en su írrita campaña electoral, “dando y dando”, solo que lo que él daba no le pertenecía, era propiedad de los venezolanos.
Esa creencia asume al Estado como garante del “bien común”, altruista y opuesto al carácter egoísta del donante privado, quien siempre busca algo a cambio. Lo dicho por el Sr. Maduro y el saqueo ocurrido en Venezuela en una alianza de sanguijuelas públicas y privadas hace insostenible esa creencia. Además, el financiamiento público de los partidos podría estimular organizaciones apéndices del Estado y servirle a éste incluso en contra de la sociedad que dicen representar, como lo testimonia el caso venezolano.
El financiamiento público genera no pocos dilemas, como el de los contribuyentes forzados a financiar partidos, candidatos y agendas cuyos puntos de vista no comparte. Pienso en países con fuerzas que desprecian a quienes los están financiando: los rupturistas y secesionistas, por ejemplo.
Visto lo visto en relación con el régimen venezolano, sórdido, miserable e inhumano, ¿se puede siquiera pensar que quienes dirigen el sector público no conforman una organización cuyo único fin es el lucro? ¿No han utilizado los recursos económicos para financiar las emisoras del Estado, de las cuales está excluido quien disienta o piense diferente? ¿ Acaso no han utilizado los préstamos internacionales, a cuenta del Estado y los venezolanos, para sus campañas electorales?; han impuesto, con el apoyo de las bayonetas, una agenda pública contraria a la Constitución y a sus ciudadanos.
El financiamiento de los partidos con recursos públicos podría generar otras resistencias recogidas en la literatura sobre el tema. ¿Por qué destinar recursos a los partidos si los mismos se necesitan en sectores como los de educación, salud, seguridad y vivienda? Además, genera muchas suspicacias, pues quienes deciden son los miembros de los partidos beneficiarios de esos aportes.
También genera argumentos en contra el financiamiento que hacen los donantes privados a los compinches del régimen venezolano en España, quienes han llegado a decir que las donaciones privadas al sector público de salud pueden considerarse como traición a la patria. A esto se suma el de considerarlo como un mecanismo profundizador de las desigualdades sociales al trasladar éstas al ámbito de las políticas de gobierno y, el más manido de todos, que el propósito del financiamiento privado es imponer una agenda al candidato y al partido que lo recibe. Por tanto, se propone establecer límites a los montos de las donaciones privadas. En este terreno la corte de EEUU ha admitido que restringir las donaciones privadas a los partidos merma la capacidad y alcance del discurso político y establecer límites al financiamiento de partidos y campañas electorales es contrario a la libertad de expresión.
Asumen, quienes legislan a favor de reducir y limitar los montos de financiamiento de los donantes privados, que de este modo previenen la corrupción y reducen al mínimo las posibilidades de que estos impongan su agenda particular. Pese a las buenas intenciones los resultados no han sido los esperados. Además, la merma del financiamiento confina la agenda política, su alcance social y la profundidad del debate. Afortunadamente, Internet y las redes, grandes aliados de la libertad de expresión, han abaratado y facilitado la capacidad de multiplicación de los mensajes, aunque también supone inversiones en equipos y personas y, paradójicamente, también se ha abierto un nuevo frente de corrupción e intervención internacional.
Asimismo, la limitación de los montos persigue evitar la intervención del dinero proveniente de la droga y el delito. Los informes señalados al principio dan cuenta de cómo el grupo en el poder ha utilizado los dineros públicos y sus posiciones para la expansión del crimen organizado y el tráfico de drogas. Aunque no resulta fácil establecer una relación causal entre donante y receptor y si la misma se hace con el fin de recibir “algo a cambio de algo”, lo cierto es que estamos en presencia de un terrible flagelo el cual es necesario atacar.
II
La solución al tema de la relación entre financiamiento de los partidos políticos y corrupción, es un asunto medular que es preciso abordar para poder elaborar la agenda del proceso de transición a la democracia. No admite respuestas simples y su origen no puede atribuirse al carácter público o privado del donativo; tampoco parece resolverse estableciendo límites a los montos de la financiación. Por tanto, muy probablemente habrá que buscar el origen en las “múltiples tentaciones” que ocasionan excesiva discrecionalidad, elevado número de controles, gigantismo del Estado, inexistencia de rendición de cuentas y en las limitaciones impuestas al ejercicio de la libertad de expresión, negando así la posibilidad de airear los asuntos de interés público.
El hecho de tener asegurado el financiamiento público podría ocasionar el maridaje de los partidos políticos con el Estado, convirtiéndolos en apéndices de éste y divorciándolos de los ciudadanos a quienes dicen representar.
En general, allí donde existe financiamiento público, éste depende del desempeño y de la fuerza parlamentaria resultante de los procesos electorales; a mayor número de votos y representantes corresponderá un mayor volumen de recursos. Esto beneficia a los partidos políticos ya establecidos y podría operar como un obstáculo a la aparición de nuevos proyectos políticos, nuevas ideas y agendas.
La otra gran fuente de recursos de la que se nutren los partidos políticos proviene de los aportes de los donantes privados, los cuales resultan cruciales para los partidos que intentan abrirse paso en la escena política. Pese a lo extendido de la creencia de que el financiamiento privado es malsano y se rige por el principio del “quid pro quo”(“algo a cambio de algo”), ésta impide comprender que existen otras razones que motivan al donante, como la adscripción al partido, razones de carácter ideológico y hasta simpatías personales. En no pocas ocasiones empresarios de mayor visibilidad se abstienen de hacer donaciones por los efectos devastadores que podría acarrear a sus negocios.
Con el financiamiento privado se corre el riesgo de que el mismo provenga del crimen organizado o del narcotráfico. Para evitarlo algunos países han confeccionado listas de donantes prohibidos. En este terreno es decisiva la contribución que hacen los medios de comunicación independientes y el periodismo de investigación.
En el planeta se han ensayado distintas formas de hacer frente a la corrupción de los partidos políticos, los resultados han sido variopintos. Nos preguntamos ¿cuán efectivas han sido tales medidas? ¿Cuáles de ellas han resultado más exitosas? ¿Hasta dónde debe intervenir el Estado en este terreno y con cuáles instrumentos? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en este terreno?
Las interrogantes apuntadas en el párrafo anterior admiten varias y contradictorias respuestas. Los datos indican que se ha avanzado un buen trecho, pero también que los problemas persisten y que se han abierto nuevos frentes. Incluso, hay datos que sugieren que tales medidas han producido efectos opuestos a los deseados, como la merma de la confianza en los partidos, la cual ha crecido desde la instalación de las restricciones. Como en las relaciones previas (dinero-éxito) ésta tampoco puede entenderse como una relación causal; el fenómeno de la corrupción es muy complejo y en él intervienen muchos factores.
Ese carácter multicausal del fenómeno impide sostener que el problema de la corrupción estriba en el origen del dinero, público o privado (con la excepción del financiamiento proveniente del crimen organizado y de las redes de narcotraficantes). Intervienen otros motivos y causas, la persona misma y las “condiciones tentadoras” que la aúpan y hacen posible.
Algunas de estas condiciones son: la inmensa discrecionalidad del Estado y su perversa urdimbre de controles, empresas públicas y alcabalas en las que se decide el acceso a la “divisa preferencial” o a una decisión judicial o un teatro público; la opacidad en el manejo de la información; la ausencia de instancias y medios para ejercer el escrutinio público; y la asfixia de la libertad de expresión, entre otras.
Tras dos décadas de corrupción sin límites, la reconstrucción de los partidos exige un esfuerzo de reinvención y un conjunto de medidas de corto y mediano plazo, algunas de ellas de gran calado. Entre estas subrayamos los cambios constitucionales referidos a la definición de partido político y su financiamiento público, y la participación de la diáspora en los distintos procesos electorales como electores y representantes políticos en el Parlamento. La sociedad venezolana es la primera interesada, pues se trata de fortalecer a los partidos políticos, base de la democracia.
El esfuerzo a realizar supone trabajar en distintos ámbitos, pues la corrupción política abarca el funcionamiento de los partidos, los procesos previos a la elección, el ejercicio del poder y lo que ocurre al dejarlo, por aquello de las “puertas giratorias”. Estamos, además, en un periodo de transición digital y hemos visto el revuelo causado por la venta de información personal de algunas aplicaciones, el debate acerca de la participación del gobierno ruso en las elecciones en EEUU, la forma en que regímenes totalitarios como el chino controlan la libertad de expresión en las redes o cómo el régimen venezolano cerca portales, canales y controla Internet.
No parece haber dudas acerca de la necesidad de regular el financiamiento, pero esto puede tener distintas lecturas: ¿Debe imponer el Estado limitaciones a las donaciones corporativas? ¿Deberían los partidos políticos recibir financiamiento público? ¿Se debe otorgar más poder al funcionario que controla a los políticos o, por el contrario, promover un mayor control social de ese financiamiento? ¿Esto último no supone una mayor formación ciudadana y una mayor preparación para exigir la rendición de cuentas? ¿Deberían limitarse por ley las campañas electorales? En el proceso de cambio es crucial aprovechar la experiencia internacional y la de instituciones que se han dedicado a la reflexión, análisis y formulación de propuestas para superar el terrible flagelo. Es mucho lo que podemos intercambiar y aprender de lo logrado en este terreno en la UE, EEUU y Latinoamérica.
Hay quienes asumen que regular supone aplicar más normas y restricciones al financiamiento, mientras otros apuntan a una mejor cantidad de regulaciones y a la eliminación de todos aquellos incentivos o tentaciones para delinquir. Por ejemplo, las reformas orientadas a frenar o restringir los aportes de dinero privado a los partidos políticos no han producido los resultados esperados y, por tanto, no parecería lógico ni recomendable insistir en aplicar la medicina que ha fracasado en otras latitudes. Resulta más apropiado actuar sobre otros incentivos.
Organismos y asociaciones internacionales cuyo centro de atención es la corrupción han llevado a cabo estudios y elaborado recomendaciones de política con las que hacerle frente para eliminarla o mitigar su impacto. Coinciden en recomendar la formulación de marcos legales con las siguientes características: simples, claros y de fácil comprensión, coherentes y accesibles a la ciudadanía. Para que este marco resulte más efectivo debe acompañarse de acciones dirigidas a fortalecer a los aliados: la libertad de expresión, el libre acceso a la información, la reducción de la opacidad de la información pública, la rendición de cuentas.
Otras organizaciones y estudiosos del tema sugieren modificar la dirección del flujo de los donativos: hacia los partidos y no hacia los candidatos. La razón de ello, sostienen, radica en que las organizaciones partidistas tienden a ser menos ideológicas en la medida en que en ellas coexisten distintas visiones, lo que contribuye a reducir la polarización extremista del debate.
Lo dicho y algunas de las preguntas formuladas son parte de una agenda de trabajo que debemos iniciar, cuanto antes mejor. El amplio tejido de corrupción creado por este régimen lo hace aún más urgente. En este esfuerzo es muy importante entablar un diálogo con los organismos anticorrupción, como Transparencia Internacional, o el grupo de Estados en contra de la corrupción. Las actividades y estudios realizados, las propuestas formuladas con el fin de crear marcos legales apropiados que permitan regular el financiamiento de los partidos, constituyen invalorables insumos para el proceso de cambio que es urgente adelantar.
El caso Venezuela es un inmenso laboratorio para el análisis de la corrupción, el lavado de dinero y la urdimbre de redes transfronterizas, y resulta imprescindible contar con el respaldo y la experiencia internacional. El resultado de este esfuerzo conjunto va a permitir comprender y diseñar estrategias para crear sistemas globales antiblanqueo y antilavado.
Será necesario actuar en varios frentes. El primero de ellos es el diseño de leyes y políticas públicas que posean la virtud de no ser irrealizables. La creación del marco legal debe estar precedida de una amplia consulta, nacional e internacional, para integrar las distintas propuestas y establecer la agenda de decisiones, incorporando las restricciones sociales y económicas.
Son muchas las áreas de trabajo: las referidas a la corrupción, a las ineficiencias e inadecuaciones propias del sistema, la formación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil, la distorsión deliberada de los procesos, las desigualdades políticas, las debilidades institucionales y las relacionadas con la libertad de expresión. Animan a este esfuerzo varios principios básicos: asegurar que todos los partidos políticos tienen la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, cerciorarse de la transparencia del financiamiento privado, la necesidad de una mayor participación social en el escrutinio de los partidos y la rendición de cuentas por parte de estos.
Contamos con un marco apropiado: existe un mandato de las Naciones Unidas el de la Convención en contra de la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés) que solicita a los Estados miembro acentuar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y en torno a los candidatos a cargos públicos. Los países despliegan iniciativas tratando de superar las divergencias actuales con el fin de promover la transparencia del financiamiento político.
Somos conscientes de que no existe una norma capaz de eliminar de manera definitiva la miseria humana. Los conocidos como “diputados alacranes” son la mejor expresión de ello: no hay ley que pueda evitar el deseo de venderse al mejor postor, o simplemente a cualquier postor. Esa alianza de los diputados con los socios del régimen es la punta del iceberg, el hilo de una compleja telaraña de intereses y ausencia de principios que negocian con el hambre y sobre los ataúdes de los venezolanos. Esto explica y justifica la urgencia de este asunto medular para la democracia y la libertad de los venezolanos.
