La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava la confianza en los gobiernos y afecta la prestación de servicios esenciales como salud, electricidad, agua, alimentación, infraestructura, educación y transporte. Esto se debe a que los recursos destinados a la inversión, en estos y otros sectores, son desviados para el lucro particular de grupos o individuos. Así lo reseña un reportaje de Transparencia Venezuela.
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En Venezuela, la impunidad con la que se ha cometido el desfalco de los fondos públicos ha permitido que muchos de los actores involucrados busquen lavar o “legitimar” las ganancias o beneficios producto de la corrupción en el extranjero, a través de empresas de maletín, compra de inmuebles, préstamos y depósitos en cuentas bancarias foráneas. De hecho, se han abierto, al menos, 80 investigaciones en jurisdicciones internacionales en las que se encuentran ubicados dichos activos.
Ante esta realidad, y frente a la posibilidad de un eventual proceso de transición democrática en el país, Transparencia Venezuela ha decidido profundizar en el estudio y análisis de la recuperación de activos como una de las principales políticas para desalentar la actividad criminal -incluida la corrupción- mediante el decomiso de los bienes y ganancias obtenidas por el aprovechamiento ilegal de los recursos de la nación. En Estrategias jurídicas para la recuperación de activos venezolanos producto de la corrupción expertos de Estados Unidos, España y Suiza elaboraron sendos informes en los que ahondan en los procedimientos, normas e instituciones que intervendrían en la recuperación de los activos venezolanos. De igual modo, se realizó un estudio sobre el marco legal venezolano que regula la materia y la situación del país frente al ordenamiento jurídico internacional.
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Como parte de esta iniciativa, la organización ha lanzado el programa Cómo recuperar activos producto de la corrupción. Formación en estrategias jurídicas y análisis de casos internacionales, dirigido a abogados, fiscales, jueces, académicos, parlamentarios y miembros de la sociedad civil, con el propósito de apoyar en el entrenamiento de estos actores claves. El programa inicia el próximo lunes 2 de noviembre en Campus Transparencia.
Un problema complejo
La recuperación de activos producto de la corrupción es una materia poco explorada en el país. Son procesos complejos que dependen de la finalización de causas judiciales extensas, en las que, de acuerdo con el marco legal, debe determinarse la comisión de un delito y rastrear la procedencia de los bienes, para luego conseguir la confiscación de dichos bienes y solicitar su devolución. No obstante, muchas veces no existe la armonización de sistemas jurídicos que puedan facilitar la cooperación internacional. Otros obstáculos se presentan por la falta de voluntad política para llevar a cabo procesos penales internos, que determinen la culpabilidad de los corruptos, o por el mantenimiento de regímenes cleptocráticos en el país de origen de los recursos.
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Algunas jurisdicciones han optado por procedimientos donde una condena no es necesaria, aunque para ello debe existir una vinculación del activo con un delito. Son procesos que pueden durar años, incluso décadas, en los que se requiere un conocimiento minucioso del marco legal internacional y de las leyes de los países actuantes.
