Ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acudió una asociación de clientes del Grupo Financiero BOD para interponer un amparo constitucional en contra del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín y demás miembros de su holding bancario. Así lo informó Lewin Granados para El Pitazo.
Superintendencia de Bancos de República Dominicana amenaza con disolver el banco de Víctor Vargas
La demanda fue introducida el viernes 6 de noviembre, a cargo del escritorio jurídico Madugno & Castillo. La firma representa a nueve clientes, entre personas naturales y jurídicas, dentro del colectivo de 20,000 ahorristas, cuyos fondos se encuentran bloqueados tras las intervenciones en septiembre de 2019 del Banco del Orinoco NV de Curaçao, y el Boi Bank Corp de Antigua y Barbuda, pertenecientes al conglomerado de capital venezolano.
Ramón Modugno, uno de los abogados titulares de la demanda contra Vargas, dijo a El Pitazo que el petitorio principal busca que se ordene a la sociedad financiera la devolución sin dilación de los fondos que tienen los ahorristas depositados en esas instituciones bancarias y, a su vez, que esta acción se ejecute en “moneda dura” (divisas).
De acuerdo con el jurista, la cifra que adeuda el Grupo Financiero BOD entre sus defendidos llega al millón de dólares, sin embargo, entre el resto de clientes afectados por las investigaciones en Panamá, Curazao y Antigua, la cantidad asciende a los 1.000 millones de dólares.
La batalla “legal” de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué viene ahora?
El Grupo BOD, perteneciente al consorcio empresarial Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., está conformado por 16 entidades financieras asentadas en varios países de la región, entre ellas All Bank de Panamá y Banco Orinoco de Curazao.
Intervenciones en cadena
El pasado 5 de septiembre de 2019, el Banco del Orinoco fue intervenido por el Banco Central de Curazao a raíz de sospechas de que la entidad poseía pocos activos frente a un cúmulo de deudas considerables. Dos días antes, la Asamblea General de accionistas de la institución había decidido liquidarlo. Vargas dijo entonces que contaba con un plan que permitiría que los depositantes recuperaran el dinero en 60 días, aunque dicha promesa no ha sido cumplida.
Vargas ha dicho que AllBank y Banco Orinoco eran «independientes» del BOD en Venezuela, aunque este es dueño del 18 % de las acciones de la institución curazoleña. De tal manera que la intervención del Orinoco provocó un efecto dominó en los bancos del grupo financiero BOD.
Antigua dicta medidas de excepción al BOI Bank de Víctor Vargas
En Panamá la autoridad hizo lo propio con AllBank, y más luego en Venezuela, la Superintendencia de Bancos, Sudeban, intervino el Banco Occidental de Descuento, la casa matriz del holding financiero, medida que fue revocada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
En Antigua después se tomaron precauciones en torno a BOIbank, lo mismo que en República Dominicana, donde el grupo es dueño de Bancamérica.
Un mes después de la intervención de Orinoco, Vargas Irausquín viajó a Santo Domingo a hacerle frente a la situación alertado de la renuncia del director externo de Bancamérica, Marcos Juan Troncoso Mejía, que alegaba se había ignorado una serie de recomendaciones como el desmontaje de un depósito de 25 millones de dólares con BOIBank de Antigua.
Estos procesos de intervenciones y liquidaciones han traído como consecuencia que los fondos de los clientes de estas entidades permanecen bloqueados a la espera de los resultados de las gestiones de las autoridades de cada país.
Pese a que Víctor Vargas ha defendido la independencia entre las instituciones del Grupo BOD, Modugno considera que en cualquier momento podría producirse una liquidación del banco venezolano “porque las medidas que se han tomado a nivel internacional contra integrantes de este Grupo Financiero tendrán repercusión sobre el BOD, que es la casa matriz”.
Por lo pronto, el bufete de abogados espera que la Sala Constitucional admita el amparo y designe el ponente del caso. “Seguramente va a ser el magistrado Juan José Mendoza por ser el presidente de la Sala, dada la trascendencia que tiene este caso a nivel nacional y dado que se trata de un servicio público como es el servicio bancario”, indicó Modugno.
«Entendemos que lamentablemente el caso puede estar contaminado por muchas razones que pueden ser políticos, muchos factores que pudieran influir en una decisión adversa para los clientes, pero aún así tenemos fe que hay que intentar la demanda», agregó el jurista.
En Venezuela, el BOD tiene casi 16,000 empleados entre sus inversiones en banca, seguros, fondos y las industrias del petróleo y la construcción. En el mercado financiero local, ocupa la séptima posición en captación de depósitos y la quinta en activos totales.