Vitol Inc. acordó pagar en Estados Unidos una multa de más de 135 millones de dólares para resolver un caso de soborno extranjero, detalló en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con información del diario ecuatoriano El Universo.
La resolución surge de los esquemas de Vitol para pagar sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y México, durante al menos 15 años.
Contratos con Petroecuador
De acuerdo a la denuncia, los fiscales alegan que un exempleado de Vitol, Javier Aguilar en Houston, fue acusado en julio pasado de una denuncia penal, por lo que fue posteriormente detenido, ya que hizo pagos ilícitos por 870.000 dólares a funcionarios ecuatorianos para que le ayudaran a obtener un contrato de combustible de 300 millones de dólares con Petroecuador.
EEUU se queda con el dinero de la corrupción de Petroecuador
Entre 2015 y julio de 2020, Vitol acordó ofrecer y pagar más de 2 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Ecuador y México. En apoyo de este esquema de soborno, Vitol y sus co-conspiradores celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y usaron cuentas de correo electrónico con alias para transferir fondos a compañías offshore involucradas en la conspiración, todo mientras sabían que los fondos, al menos en parte, se utilizarían para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos.
La Fiscalía General de Ecuador publicó un tuit relacionado con el tema, pero al ser consultados, se informó que la Fiscal General, Diana Salazar, se encuentra este momento trabajando en la investigación.
Esquema millonario de sobornos de PDVSA figura en Top 10 de casos de corrupción procesados en EEUU
Vitol Inc. (Vitol), la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, que en conjunto forman una de las firmas comerciales de energía más grandes del mundo, acordó pagar un total de 135 millones de dólares para resolver la investigación del Departamento de Justicia sobre violaciones de la ley extranjera, Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) y para resolver una investigación paralela en Brasil.