La migración global crece levemente, representa 3.5% de la población del planeta, y es poco probable que esta tendencia se revierta. Su incremento supone un desafío al cual países y regiones responden de forma reactiva o con políticas de corto, mediano y largo plazo. Su innegable importancia coloca al tema migratorio en un lugar privilegiado de la agenda política, económica y social de países y regiones de todo el globo.
Las respuestas al fenómeno son muy variadas: desde erigir muros físicos y vallas legales, pasando por políticas de brazos abiertos, hasta claros llamados a la inmigración. Cada una de estas políticas se sustenta en diferentes argumentos y supuestos y conlleva determinados costos y consecuencias en los planos político, económico y social, por lo que cuentan con partidarios y detractores.
La propuesta de construcción del muro produjo un intenso debate y una formidable oposición. Igual ocurre con el pacto europeo. Ha provocado fisuras y hecho evidente la fragmentación política de los países en este terreno. Por su parte, los países latinoamericanos y gran parte del Caribe, conscientes de la profunda tragedia humanitaria que sufren los venezolanos, acogen a millones de migrantes de Venezuela con los brazos abiertos.
Cada política supone costos. El estricto control de las fronteras, los sistemas de interconexión de información y la construcción de muros exige un importante volumen de recursos, sin los cuales esas políticas resultan insostenibles. Se ha calculado en más de 50 mil millones de dólares el costo de mantener el control de las fronteras y constatado que los países más ricos invierten decenas de miles de millones para aplicar las leyes migratorias. No deja de ser paradójico que mientras se abaten fronteras para facilitar el comercio de bienes, servicios y ofrecer facilidades al flujo de capitales, se establezcan complejas vallas legales a la movilidad humana.
Algunas de estas políticas se basan en mitos y falacias muy extendidos, que persisten en el tiempo sin fecha de caducidad. Se han aplicado y repetido en contra de muchas nacionalidades a lo largo de la historia y sobreviven pese a su carácter poco innovador. Las más usuales nos dicen: destruyen el empleo y salario de los nativos, acaban con la “identidad nacional” (los latinos en USA, los africanos en Europa), propician la violencia y los países receptores incurren en gastos excesivos. Se trata de creencias muy arraigadas pese a no contar con evidencias sólidas a su favor.
Por el contrario, distintos estudios e investigaciones corroboran lo opuesto: la enorme contribución de las diásporas al crecimiento económico, cultural, social de los migrantes y de los países de acogida y origen. Con el desplazamiento humano se produce un intenso flujo de conceptos, ideas, conocimientos, cultura, dinero y una decidida contribución al mejoramiento de la productividad y la innovación. Estudios realizados han permitido estimar el aporte de la diáspora en 7 trillones de dólares; otros calculan que dicha contribución podría superar el trillón de dólares anuales (100 resilient cities (2016). Estas evidencias dan al traste aquella afirmación de Friedman M, según la cual “es simplemente evidente que no podemos tener a la vez libre inmigración y un Estado de Bienestar”.
Resultados de otras investigaciones indican que el porcentaje representado por la población migrante, (3.5%) aporta el 10% del PIB global. Estudiosos como Hamilton y Whalley sugieren que la liberación mundial del mercado de trabajo duplicaría el PIB mundial. Otros estudios señalan que una mayor circulación de trabajadores permitiría obtener mayores ganancias (Rodrick 2005). La relación existente entre migración y desarrollo no abona a favor de políticas restrictivas y menos en un contexto de creciente globalización; por el contrario, es una vía para lograr una mayor igualdad a escala planetaria y un medio formidable para reducir la pobreza global (R. Guest).
Con la llegada del actual régimen al poder en 1998 se inicia el incesante e indetenible éxodo de los venezolanos, quienes se han desplazado a otros países utilizando todos los medios a su disposición: aviones, pequeños botes, autobuses y hasta a pie. Ni siquiera la pandemia del coronavirus ha logrado detenerla, ya que pareciera ser comparativamente menos perjudicial que la otra pandemia, la del “socialismo del siglo XXI”. Ya supera los 6 millones de ciudadanos, el 20% de la población, y pronto sobrepasará las dimensiones del éxodo sirio.
Las imperiosas razones expresadas por los migrantes dan cuenta de una barbarie económica, social e institucional jamás conocida antes en Latinoamérica, nos informan del generalizado empobrecimiento de la mayoría de la población y de la tragedia humana que sufren los venezolanos. La destrucción no es solo económica, también cubre los ámbitos de los servicios, la cultura, la dimensión física del país y la violación sistemática de todos los derechos humanos: ninguno ha quedado en pie.
Es innegable la contundencia de los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el posterior, elaborado por la comisión de Determinación de Hechos, el cual identifica con nombre y apellido a los representantes del régimen, responsables de los crímenes de lesa humanidad y sujetos de juicio en la Corte Penal Internacional.
La formidable magnitud de la diáspora venezolana está conformada por muy diversos grupos: hombres y mujeres, en edades productivas y reproductivas, de distintos orígenes, con diferentes niveles de formación, competencias, habilidades y experiencias, regiones de procedencia, edades, composición familiar, antecedentes culturales, con distintos niveles de empobrecimiento, que han decidido migrar por distintas razones, condensadas en el fracasado modelo del “socialismo del siglo XXI”, deslave económico y la campante inseguridad. Tanta diversidad resulta imposible de ser encajonada en una sola categoría: exiliados, refugiados o perseguidos.
Pese a las dimensiones de la diáspora venezolana, debimos enfrentar la xenofobia de un régimen, el venezolano, que desconoce e ignora su existencia. La dirección del INE (instituto de estadísticas), cómplice del régimen, carece de información acerca del fenómeno migratorio, su atronador silencio es proporcional al odio y desprecio que albergan en contra de los ciudadanos. Superamos ese injustificable e indignante silencio recurriendo a las estadísticas de los países de acogida. Con ellos construimos el primer Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV) en 2015, datos plasmados en el estudio de la Voz de la Diáspora, cuyo subtítulo es la nueva geografía de Venezuela.
La aproximación inicial la hicimos a escala país: cuantificación y distribución de la diáspora por país. Nuestro proyecto exigía recoger los datos del número de migrantes por ciudad, espacio en el que se produce el hecho migratorio, ya que el país es solo una referencia genérica y resulta insuficiente para el diseño de políticas. En el terreno de la información desagregada por localidad hemos avanzado un interesante trecho.
En la escogencia de las ciudades en los países de destino intervienen diversos factores: lengua, cultura, retorno de los migrantes y sus descendientes a sus localidades de origen, presencia de comunidades de migrantes y redes de amigos, oportunidades de desarrollo de la localidad, entre otras muchas. De alguna manera, las ciudades de origen de los inmigrantes que Venezuela acogió, signa los espacios escogidos por la diáspora para instalarse, fraguando una nueva geografía del país.
Los migrantes tienden a concentrarse en ciudades y localidades, en particular aquellas con mayores oportunidades de empleo, mientras que el diseño de las políticas públicas recae sobre el gobierno central o en instancias supranacionales. En USA, Reino Unido, Canadá y Australia, más del 90% de los migrantes habita áreas urbanas. En las ciudades vive más de la mitad de la población global.
La importancia asignada a estas localidades ha sido puesta de manifiesto en los encuentros globales dedicados al análisis de la relación entre ciudad, migración y desarrollo. Esta incontrovertible realidad hace necesaria una mayor participación del sector privado, la sociedad civil y los gobiernos locales en la formulación y ejecución de políticas migratorias y exige, también, una mejor coordinación de las distintas instancias de gobierno, en particular con los centros de decisión de políticas migratorias.
En las ciudades se desarrolla una intensa actividad económica, social y cultural, ofrecen una mayor diversidad de servicios públicos, concentran las fuentes de empleo y, por ende, se convierten en poderosos imanes de atracción de migrantes y solicitantes de asilo. Tales características están lejos de ser homogéneas; cuentan con distintas capacidades y recursos, y diferentes y desiguales condiciones para atender a los recién llegados. Los rasgos particulares determinan la forma en que los migrantes se integran en el espacio de acogida. La centralidad de las ciudades en el proceso migratorio lo refleja el interés y el esfuerzo del BID al crear una agenda de trabajo que incluye estos dos grandes temas.
Las características de las ciudades y el perfil de los migrantes determinan los resultados del proceso de integración de la diáspora. En el reciente encuentro realizado con el propósito de crear una red dedicada al tema “Medios de comunicación, Diáspora y Xenofobia”, encontramos un tratamiento diferencial de parte de los medios de regiones y ciudades particulares, debido al flujo migratorio y a nexos históricos previos con Venezuela. El papel reservado a localidades y ciudades sitúa en el centro de la atención los temas de la descentralización y las contribuciones de los actores locales, globales y multilaterales, en los procesos de integración e inclusión de las diásporas.
II
El reporte elaborado por el Foro Económico Mundial (2017) dedicado al tema “Migración y su Impacto en las Ciudades”, precisa los desafíos que enfrentan las ciudades que reciben migrantes: necesidad de desarrollar capacidades para proveer vivienda social, educación y salud, infraestructura de transporte y la necesidad de políticas que faciliten la integración e inclusión. Hemos apuntado las desiguales características que ofrecen las ciudades en cuanto a infraestructura institucional, económica y de servicios, y realidad política y social, lo que afecta las políticas de integración e inclusión de los migrantes. Tales desafíos y retos políticos aumentan en el caso de algunas ciudades fronterizas, como Cúcuta, por cuanto alberga en su seno varios movimientos migratorios: pendular, tránsito y destino.
Uno de tales retos es la necesidad de asegurar una mayor cooperación con los gobiernos centrales, supranacionales y multilaterales, a objeto de encontrar respuestas a la realidad creada con la migración. Dicha necesidad aparece confirmada en los estudios realizados en los países de la OECD, cuyos resultados indican que el 90% de las ciudades manifiesta la inexistencia de una adecuada coordinación con los gobiernos centrales de sus países.
En las ciudades receptoras, los migrantes emprenden y crean empleo y riqueza, a través de la demanda agregada favorecen la dinámica empleadora y el crecimiento. Al mismo tiempo demandan servicios de educación, salud, transporte, electricidad, agua, vivienda, etc. También requieren y promueven servicios financieros y en este terreno los organismos multilaterales juegan un importante rol.
La diáspora es, por tanto, una oportunidad para el desarrollo de las ciudades y localidades y conforma un “bono demográfico”, ya que quienes emigran son jóvenes y adultos en edades productivas y reproductivas. Este dato reviste un interés particular para aquellas ciudades y países en los que ha disminuido la tasa de fecundidad o que exhiben tasas de crecimiento poblacional negativo. La pregunta consiste entonces en ¿cómo pueden las ciudades aprovechar el potencial que encierra la diáspora?
Ese aprovechamiento excede el alcance de las políticas asistencialistas, algunas de las cuales se pueden tildar de “vulnerabilizadoras”, y requiere de estrategias activas, creadoras de riqueza, empleo, cohesión social, integración e inclusión. A ello puede contribuir, por ejemplo, la certificación de conocimientos y competencias y la homologación de títulos para facilitar la rápida inserción y el mejor aprovechamiento del capital humano en el mercado de trabajo y en la sociedad de acogida. Es imprescindible considerar en este proceso las dimensiones, sociales, culturales y políticas. El migrante, como todo ser humano, requiere de cobijo y de formas de procurarse la vida. De hecho, la migración es un medio para poder reconstruir sus vidas.
Se trata, por ende, del desarrollo de políticas de inclusión sobre la base de los intereses y capacidades individuales con el fin de desarrollar un sentido de pertenencia. Otra de esas políticas es la referida a las estrategias de regularización y legalización de los migrantes a través de la concesión de permisos y visados especiales, lo cual facilita el emprendimiento, la inserción laboral y la integración.
El diseño y ejecución de estas políticas corresponde a los gobiernos locales, conjuntamente con las asociaciones civiles de cada localidad, cuyo fin es sacar las mejores ganancias de los migrantes y evitar el desaprovechamiento de ese inmenso capital humano que hoy habita esas ciudades. En este terreno la escuela, los partidos políticos y los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad. Los recién llegados pueden resultar de enorme utilidad para la internacionalización de empresas e instituciones, el establecimiento de nuevas alianzas comerciales, tecnológicas y financieras, la difusión de tecnología y conocimientos y la creación de novedosos mecanismos de cooperación beneficiarios del capital social y la cultura del migrante.
La migración es relación humana, individuos y familias que buscan iniciar una nueva vida en otro lugar y tienen la necesidad de integrarse a la sociedad de acogida. En parte no lo han podido lograr debido a que la ruindad del régimen oprime a sus ciudadanos allí donde se encuentren: la imposibilidad de acceder al documento de identidad que convierte en indocumentados a los venezolanos en New York, Eiping, o Barranquilla, pensionados y jubilados sin recursos y embajadas que pagamos todos, al servicio del proyecto del jefe de turno.
La nueva geografía que talla la diáspora, hoy esparcida en 300 ciudades, requiere de una estrategia de gobernanza y una nueva institucionalidad, de embajadas al servicio de todos, de nuevos consulados rediseñados para atender la novedosa complejidad impuesta por el inmenso flujo migratorio. Es preciso, además, trabajar tanto en las ciudades y países receptores como desde las ciudades del país de origen y ello requiere de una nueva forma de concebir el hecho de parte del liderazgo político, social, económico y mediático.
Este cambio es fundamental para dar al traste con enfoques paralizantes, vulnerabilizadores y el arsenal de falacias erigidas en obstáculos. Es preciso saltar del asistencialismo a las estrategias proactivas basadas en datos sólidos y en las evidencias que dan cuenta de los efectos positivos de la diáspora en el desarrollo local y global. En ese terreno nuestro mejor ejemplo es Venezuela. Fue, antes de la llegada del “socialismo del siglo XXI”, un país de inmigrantes a quienes incluyó generando un beneficio mutuo.
Los resultados de distintas investigaciones avalan los aportes de la diáspora en todos los ámbitos: aportan más de lo que reciben del Estado de Bienestar, lo que abona a favor de nuestro eslogan: la diáspora no es el problema, es parte de la solución. De ello da cuenta la medición de los impactos de la diáspora en el desarrollo nacional y regional realizados en el norte de Brasil, Colombia, Perú y Chile. Se confirma, una vez más, que la diáspora reduce las desigualdades y la pobreza.
En el diseño y ejecución de la estrategia las asociaciones diaspóricas desempeñan un rol muy importante. Poseen información de la diáspora, sus potencialidades y necesidades, mantienen relaciones con gobiernos locales y asociaciones de las ciudades de acogida. Unos pequeños ejemplos sirven para ilustrar lo dicho: el de los descendientes portugueses en Portugal, quienes aprenden la lengua con quienes llegaron antes; la inserción laboral y lingüística fomentada por asociaciones diaspóricas en Alemania y Francia; las sesiones culturales y talleres de enorme utilidad para los procesos de integración e inclusión en las localidades receptoras.
De lo dicho resulta evidente la necesidad de fortalecer el proceso de descentralización, y de dotar de mayores capacidades y recursos a los agentes locales para poder mejorar la gestión de la migración y asegurar la integración e inclusión de los migrantes.
Los resultados de los estudios y las evidencias presentadas en los encuentros en los que se aborda la relación ciudad, migración y desarrollo, sirven para fundamentar y justificar la necesidad de una estrategia activa. Los datos corroboran lo dicho: la migración reduce el gasto público per cápita de los gobiernos. Se suma a esto las experiencias exitosas y los marcos de políticas que aporta el “Pacto de Amsterdam 2016”, así como la agenda urbana de la Unión Europea.
Todo lo anterior pone de relieve los beneficios que arroja la diáspora, ante los cuales palidece cualquier externalidad negativa que pudiera derivarse de estos desplazamientos humanos. Los resultados son verdaderos alegatos para que ciudades, de origen y destino, construyan las estrategias de gobernanza de la diáspora para beneficios de todos. Con los migrantes aumentan las conexiones globales e incrementan los flujos de dinero y personas en todas las direcciones. Incluimos entre los aportes lo referido al ámbito de la cultura, pues la migración es fundamentalmente un acto cultural: ideas, objetos, conceptos, discursos y personas.
Los encuentros globales dedicados al tema insisten en que la diáspora no puede ser vista como un problema sino como un factor de crecimiento y desarrollo económico, social y cultural. Los migrantes imprimen un renovado dinamismo a la economía local y un creciente interés por el desarrollo de ciudades sustentables. Tales encuentros han reconocido la importancia de la movilidad humana y, por ese motivo, el tema de las migraciones está incluido en la agenda de desarrollo sustentable global.
La estrategia proactiva adquiere pleno sentido y urgencia en tiempo de pandemias, la de la COVID-19 y la económica y social, ya que atender a sus secuelas demanda recursos propios y aquellos provenientes de la cooperación internacional, tomando en cuenta que también mermarán los recursos que los países desarrollados destinan a los fondos de ayuda al desarrollo como consecuencia de estas “pandemias”.
No abundan los recursos para brindar asistencia a todos los demandantes, por lo que será necesario adelantar proyectos creativos e ingeniosos con los cuales poder generar nuevos bienes y servicios. La intensa movilidad regional abre muchas oportunidades que no conviene desperdiciar. Es importante que los implicados muestren su interés y disposición, no solo los gobiernos locales y central, sino también el sector privado y la sociedad civil.
Tenemos a manos referencias de lo que no debe hacerse; los actos y manifestaciones de los voceros del gobierno de Trinidad & Tobago, amigo del régimen venezolano; las recientes declaraciones del presidente de Colombia negando la vacuna a los indocumentados, como si el virus hiciera distinción entre estos, los regulares y los nativos. Esta declaración oscurece el inmenso esfuerzo del gobierno y el pueblo colombiano para dar cobijo a la diáspora venezolana, así como el reciente acuerdo europeo sobre migración y refugio cuya virtud es la de no satisfacer a nadie.
Conformarse con los datos de la diáspora a nivel de país, insistimos, además de insuficiente, pone a descubierto el desconocimiento de la relación ciudad, migración y desarrollo. Tal omisión revela que estamos ante un vetusto arsenal de ideas, conceptos y enfoques, dejándonos un enorme vacío que resta viabilidad a políticas activas de gobernanza de la diáspora. Como se comprenderá, no es un desliz o una omisión menor; su olvido dificulta integrar las ciudades, actores clave en el diseño de políticas idóneas.
Los efectos positivos de la diáspora no se circunscriben solo al ámbito económico. Sus beneficios se multiplican al incluir dimensiones como: la cultural, la social, la política y sus aportes al país de origen a través de las remesas económicas y sociales. La formulación de la estrategia sobre la base de las ciudades permite pensar en iniciativas y proyectos inteligentes de transferencia y difusión de tecnologías, certificación de competencias, ampliación de mercados, ambientes emprendedores transnacionales, creación de redes de ciudades, etc. La realidad humana de la diáspora no es solo un argumento y el mejor testimonio del fracaso de un modelo, es también una realidad que abre oportunidades y posibilidades de integración regional que beneficia a todos.
En esta esta estrategia, los primeros interesados en aprovechar las habilidades y competencias de más de 6 millones de venezolanos son las empresas e instituciones de las ciudades de origen y acogida. Nos preguntamos ¿conocen las instituciones, asociaciones civiles, gremios, universidades y empresas de Venezuela, la ciudades y países que hoy albergan a la diáspora? ¿Cuáles son las ciudades a las que emigran? ¿Cuáles sus competencias y habilidades?
Las asociaciones diaspóricas de todo signo prefiguran con su trabajo en ciudades y regiones, fuera y dentro del país, la estrategia de gobernanza. Las consignas se alejan de términos como “crisis migratoria” para colocar el acento consignas proactivas: “La diáspora, un activo de Venezuela”, “la diáspora, reserva internacional del país”, “el papel de la diáspora en la reconstrucción de Venezuela”, “la diáspora es parte de la solución a las necesidades de desarrollo de las ciudades de acogida”, “el papel de la diáspora en la reconstrucción ambiental de Venezuela y la región”, “la diáspora, una oportunidad para la integración regional”, etc.
El objetivo estriba en saber aprovechar estratégicamente ese enorme potencial y acompañar y fortalecer a la sociedad civil creadora de ese portentoso enjambre. En definitiva: ¿cómo recoger, fortalecer e imprimirle un nuevo ritmo al esfuerzo de todos quienes a lo largo de dos décadas han desplegado un incesante trabajo de organización y conexión de la diáspora en las ciudades que hoy habitan y con Venezuela? Son éstas las preguntas que exigen respuestas novedosas y creativas.
