Estimados Editores:
Ante todo reciba un cordial saludo en nombre del Gobierno Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la permanente preocupación del Washington Post sobre la crisis social y política que impacta a Venezuela como consecuencia de la dictadura de Nicolás Maduro.
Con información de CCN
En relación con el artículo publicado por el Washington Post el pasado 2 de enero, titulado “Venezuelan opposition efforts to capture government’s foreign assets draw scrutiny”, consideramos pertinente señalar lo siguiente:
1. Tenemos el compromiso de recuperar y proteger, del saqueo sistemático del régimen de Nicolás Maduro, los activos de la República que se encuentran en el exterior. Para ello, contamos con mecanismos de control que nos permiten detectar y rechazar cualquier acuerdo o gestión que pueda lesionar los intereses de la República, tal como ocurrió con las propuestas a las que hace referencia el artículo en mención. De igual manera, hemos demostrado con hechos nuestro compromiso con la transparencia y lucha anticorrupción: estos esfuerzos han sido desplegados con la cooperación de autoridades legítimas de Venezuela, la Fiscalía de Colombia y el Departamento de Estado y Departamento de Justicia de los EEUU.
Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la corrupción
2. Antes de la publicación del mencionado artículo, el Gobierno interino ya le había solicitado públicamente tanto a la Asamblea Nacional como al Departamento de Justicia de los EEUU iniciar una investigación independiente sobre las denuncias referidas al caso de CRA Consortium. Evidencias de dichas gestiones del Gobierno Interino fueron debidamente presentadas al periodista y Jefe de Buró del Washington Post para Suramérica y el Caribe, Anthony Faiola, coautor del reporte, por la Dirección de Comunicaciones de nuestra Embajada en EEUU, en fechas Octubre 3 y Diciembre 15, 2020.
Ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional fueron llamados a comparecer, el Comisionado Javier Troconis y los denunciantes, Pedro Antar y Jorge Reyes, entre otros sujetos relevantes. El contenido de dichas comparecencias es público y en ellas se puede constatar la inexistencia de elementos probatorios de los supuestos actos de extorsión. Lo que sí quedó registrado es que los denunciantes se negaron a dar el nombre del supuesto funcionario del Gobierno interino que había fungido como emisario de dicha extorsión, lo cual hace imposible su comparecencia e investigación. Sin embargo, la investigación sigue su curso y el Departamento de Justicia de los EEUU tiene las competencias y facultades para profundizar en aquellos aspectos que la Comisión de Contraloría no hubiera podido desarrollar.
3. En relación a la propuesta referida a la deuda de la empresa petrolera paraguaya Petropar, consideramos que, lejos de ser un caso de supuesta irregularidad o corrupción, es un claro ejemplo positivo de cómo el Gobierno interino desplegó oportunamente los mecanismos necesarios para proteger los intereses de la República. Dicha propuesta, tras ser evaluada, fue rechazada por la Procuraduría Especial de Venezuela, la junta Ad-hoc de PDVSA y el Presidente interino, tras considerar que no cumplir con las condiciones satisfactorias para la República tanto por el porcentaje de quita planteado como de la comisión estipulada para el abogado. Es fácilmente comprobable que ningún acuerdo o contrato se celebró y, por ende, no existió ninguna erogación o comisión. Así lo han confirmado públicamente además las autoridades del Paraguay.
Paraguay confirma que comisionados de Guaidó ofrecieron quita de deuda petrolera
En este sentido, solicitamos respetuosamente que se pueda dar publicidad a los elementos aquí descritos y, de ser posible, que se incluyan y adjunten al artículo las omisiones de material que sean valiosas para el contexto, y que se aclare que en ninguno de los casos presentados se han presentado información o evidencia que pruebe algún hecho punible. Por el contrario: en ambos casos estaríamos presenciando dos propuestas de trabajo que, tras ser evaluadas por las autoridades competentes del Gobierno interino, fueron rechazadas, razón por la cual no hubo ninguna erogación ni uso irregular de los recursos de los venezolanos.
Nos despedimos, quedando a su completa disposición para proveerles de cualquier información que contribuya a brindar mayor claridad sobre la compleja situación de Venezuela.
A continuación, el documento completo publicado por CCN:
