Javier Troconis, comisionado de Juan Guaidó para la recuperación de activos de Venezuela, volvió a echar por tierra las afirmaciones de Juan Ernesto Villamayor, señalando que la propuesta de negociación de la deuda con PDVSA provino originalmente del gobierno paraguayo. Con información del diario Hoy.
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A través de una publicación realizada vía Twitter, Troconis se expresó en relación a la polémica suscitada tras la publicación realizada por The Washington Post.
En dicho material periodístico, el medio estadounidense acusaba a varios representantes del gobierno paralelo de Juan Guaidó de entablar un presunto esquema de corrupción que incluía negociaciones irregulares para la recuperación de activos de Venezuela.
“Mi responsabilidad como Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos es atender, buscar y establecer las políticas orientadas a la protección y restitución de los activos de la República de Venezuela en el extranjero y como tal, y en representación del Gobierno Interino, trabajamos incansablemente para recuperar los bienes del pueblo Venezolano en riesgo vital o abandonados por la dictadura”, refiere Troconis en el tweet.
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Seguidamente, reafirma el inicio de conversaciones con autoridades de Paraguay para el rescate de la deuda existente con PDVSA por parte de Petropar, la cual data de administraciones anteriores.
Según señala el comisionado venezolano, “al no enmarcarse en una propuesta con suficientes beneficios para Venezuela, el borrador de acuerdo fue rechazado” y, por ende, también se desistió de seguir con la negociación.
Todos estos aspectos señalados por Troconis constan en la carta entregada al abogado Sebastián Vidal en fecha 9 de enero del 2020, documento que se encuentra adjunto en el hilo de Twitter.
Carta del Gobierno Legítimo de Venezuela a The Washington Post
Estas expresiones vuelven a echar por tierra lo manifestado anteriormente por el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien sostuvo que la propuesta había surgido originalmente de los representantes venezolanos y no del gobierno paraguayo.
La propuesta, según Villamayor, pasó por el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y Petropar, pero fue devuelta al ser “impracticable” ya que no existía garantía de que la administración de Juan Guaidó tuviera personería jurídica en el litigio, por lo que se corría el riesgo de pagar un dinero que termine sin ser reconocido.
